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Los largamente anunciados despidos de junio llegaron, otra vez, antes de fin de mes.
Lo primero en conocerse fue la disolución de la Subsecretaría de Género -antes ministerio- que dependía de Capital Humano. Su traslado al ámbito del Ministerio de Justicia contempla el pasaje de las competencias, pero no del personal, generando el despido del 80% de los y las trabajadoras que se desempeñaban en el área. Días después la misma cartera informó que se cerrarían 81 Centros de Acceso a la Justicia distribuidos en territorio nacional ya que “brindaban de forma ineficiente servicios propios del Poder Judicial”, dice el comunicado oficial. Les atribuye un costo de 8 mil millones de pesos por año.
Otro de los organismos que recibió el anuncio temprano de despidos masivos fue el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El organismo sufriría una reducción del 30% de sus trabajadores y el cierre de 25 sedes regionales. Simultáneamente, el vocero presidencial Manuel Adorni y, más tarde, el presidente Javier Milei, hicieron alarde de que no se renovarían unos 25 mil contratos en el Estado Nacional que concluyen el próximo 30 de junio.
Después de estos anuncios, se conoció que el ANSeS nuevamente va a ser flanco del ataque del Ejecutivo: se preparan para cerrar 49 Unidades de Atención Integral (Udai) distribuidas a lo largo y ancho del país. Los trabajadores activos y pasivos que tuvieran que realizar algún trámite deberán trasladarse a otras localidades, sobre todo CABA.
Ante los anuncios de Adorni y Milei, los sindicatos no convocaron a ningún plenario.
A estos anuncios se les tiene que sumar los despidos en otros varios organismos. Mientras tanto, se está discutiendo en el Senado la sanción definitiva de la Ley Bases. En lo que respecta a los trabajadores del Estado, esa norma ataca la estabilidad laboral en el empleo público permitiendo pasar a disponibilidad a la Planta Permanente o transformando sus tareas a discreción de la gestión. Además, contempla la venta de organismos públicos, empresas estatales, monumentos históricos o patrimonio cultural de la Nación y colgarle el cartel de venta a todo lo que se pueda vender.
Para el miércoles 12 de junio ATE anunció un paro nacional de 24 horas y convoca a concentrar desde las 9 de la mañana en Plaza Congeso. Acude a la cita junto a Pablo Moyano. La medida fue anunciada por redes sociales, sin convocar un plenario ni organizar la convocatoria en los sectores.
El boicot deliberado a la organización de los y las trabajadoras es evidente cuando se conoce que son contados los casos de reincorporación y que se debieron a negociaciones sectoriales y de ninguna manera a una acción decidida del sindicato. En algunos organismos convocan a movilizar el 12 avisando que van a sufrir descuentos por participar, una ´advertencia´ que sirve para desalentar la participación.
Llegar a una nueva ola de despidos sin haber enfrentado la primera deja al conjunto de las y los trabajadores en una lógica situación de debilidad. ATE se dedicó a esperar que la CGT llame a un paro general -cosa que hizo el 9 de mayo pasado- pero desde entonces nada más pasó.
En el ínterin, los trabajadores del INTI llevaron adelante un corte de la General Paz para rechazar los despidos, donde fueron reprimidos por la policía. Los trabajadores del ANSeS de Campana y los trabajadores de Parques Nacionales de San Martín de los Andes habían resuelto ocupar sus delegaciones por las reincorporaciones. Son decisiones a contramano de UPCN o de ATE.
En unos días miles de trabajadores y trabajadoras se van a enterar que sus contratos no serán renovados. Si la Ley Bases se aprueba en el Senado otros miles de trabajadores de planta permanente se sumarán a los despedidos del Estado nacional. Organicémonos para defender los puestos de trabajo y para terminar con un gobierno que se declara abiertamente antiobrero. Sigamos el camino de las asambleas autoconvocadas.
Masacre laboral en el Estado Impulsemos la coordinación desde la base para organizar la lucha contra los despidos. Por Valu Viglieca - Delegada de ATE Cultura, 01/03/2024.