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El jueves 6 se levantó el acampe de los trabajadores de la Salud, cuyo reclamo -al igual que el de los docentes- era 160% de aumento salarial y un salario inicial igual al costo de la canasta básica alimentaria. Al inicio del conflicto, el básico de la menor categoría era de $40.000 y el salario final, de $378.000. El aumento recibido al término del acampe llevó el salario básico a $57.522 -un incremento del 12,5%- a partir de mayo, y un salario ´conformado´ de $520.000 para junio.
En el caso de los docentes, el 4 de junio el gremio mayoritario, la UDPM, y otros sindicatos pequeños firmaron un acuerdo que llevó el básico a $113.500,77, incluido el Fopid (Fondo Provincial de Incentivo Docente) sobre el sueldo de mayo. El salario inicial del maestro pasó de $250.000 al inicio de la huelga a $450.000, un aumento del 80%. Se estableció el compromiso, además, de que no habría represalias y la convocatoria a nueva mesa de negociación. El acuerdo fue ratificado por la otra mesa, donde participan los sindicatos opositores y “la izquierda” (Tribuna Docente, Conti Santoro).
El acuerdo quedó lejos de la canasta básica de $830.000 para un cargo, reclamada por la mayoría en las asambleas locales. Pero los docentes de Misiones partían de uno de los salarios más hundidos del país, lo cual explica que, al cabo de tres meses de lucha y ante la evidencia de que los sindicatos estaban empeñados en cerrar el proceso, se registraran asambleas que aprobaron el acuerdo e incluso algunos festejos. El MST y el Partido Obrero lo calificaron de triunfo rotundo. Sin embargo, el salario básico continúa siendo una cifra marginal respecto del salario de bolsillo y se mantiene una grilla que, de hecho, anula el esclafón, ya que el docente que se va a jubilar cobra prácticamente lo mismo que uno con 10 años de antigüedad.
Por lo pronto, el gobierno de Hugo Passalaqua ha encontrado una salida provisoria a la crisis, luego de semanas de acoso popular. Un factor que pesó para precipitar este desenlace fue, sin dudas, el levantamiento del acampe policial. La policía provincial se sumó al final del proceso de movilizaciones de los trabajadores de la salud y la docencia y levantó las medidas antes que los demás, sin obtener resultados demasiado diferentes a aquellos. Sin embargo, alcanzó para revelar una crisis política de gran alcance: luego de los intentos primeros del gobierno nacional de desembarcar con fuerzas federales, acabó reculando, tomando distancia del conflicto y alentando, por lo bajo, una salida negociada.
Antecedentes
En febrero comenzaron las primeras marchas en distintas localidades del interior provincial. En abril, comenzaron a ser masivas, luego de que el gobierno de Passalaqua fijara el salario docente en $208.000, que con adicionales alcanzaría $238.000. Hubo asambleas por escuela sin dar clases y con aviso, una huelga larvada, pero sin dirección y con total falta de coordinación tanto en materia de reclamos como de medidas. Pero así comenzó a rodar una rebelión en la base del gremio.
En paralelo, en Salud, se sucedían las Asambleas y paros por hospitales desde febrero, sin que ningún gremio interviniera. La desautorización de la burocracia sindical fue uno de los rasgos distintivos del ´Misionerazo´.
En docentes, la autoconvocatoria fue la respuesta a la gran derrota del 2023, que concluyó no sólo lejos de las aspiraciones de los huelguistas sino además con descuentos brutales.
Para evitar las sanciones, en la primera etapa, se realizaron movilizaciones fuera del horario de trabajo, cortes de calle en horario de recreo, una huelga de hambre, que sirvió de aglutinador en Posadas. Se intentó coordinar al margen de la dirección local. La burocracia de los sindicatos trataba de ponerse a la cabeza del incipiente movimiento, convocando a asambleas a las que no acudía nadie. Los trabajadores movilizados ya no respondían a estas direcciones.
En la primera semana de mayo, por otra parte, se inicia el acampe de policías retirados frente a la jefatura y, dos semanas después, son desalojados e instalan un acampe frente al Comando Radioeléctrico. Para entonces, ya es evidente que se trata de una ´sublevación´ de policías en actividad. Desde el interior de la provincia se suman nuevos contingentes, incluso con sus patrulleros. Convocan a docentes y huelguistas unir filas. Un grupo de docentes decide acampar a metros del acampe policial.
La provincia entra en ebullición. Comienzan a manifestarse trabajadores municipales de distintos municipios: acampan los guardaparques del ministerio de Ecología y los trabajadores del Hospital de Pediatría; comienzan a reclamar los trabajadores judiciales y de los multimedios del Estado provincial. Un grupo pequeño de productores yerbateros, además, inicia un acampe frente al INYM por la acefalía del instituto y reclaman el establecimiento de un precio sostén y contra la importación de yerba desde Paraguay y Brasil.
El gobierno -que al principio intentaba enfrentar la rebelión docente con resoluciones represivas- se encuentra paralizado. Bajo la presión de los docentes movilizados, se aprueban declaraciones de emergencia educativa en distintos municipios controlados por el oficialismo provincial. Por otra parte, diputados opositores son abucheados cuando intentan acercarse al acampe.
El conflicto policial deja momentáneamente al gobierno sin su aparato represivo. Le reclama auxilio al gobierno nacional y la convocatoria a un comité de crisis, pero el intento de disolver el acampe policial por la fuerza lleva a la liquidación de este “comité de crisis”. La Iglesia sale en auxilio del gobierno, pidiendo evitar la confrontación. En el mismo sentido actúan algunos de los voceros de los policías. El gobierno nacional, por su parte, se repliega, pero sigue atentamente el proceso desde el Ministerio de Seguridad. En mayo, dispone un aumento de los fondos que recibe la provincia de Misiones. La crisis amenazaba con poner en entredicho el apoyo de los senadores misioneros a la sanción de la Ley Bases.
El operativo contra la huelga
El gobierno de Passalaqua retoma la ofensiva a finales de mayo, arrancando una declaración de repudio de la Cámara de Diputados a la movilización y llama “sediciosos” a los docentes. Las cámaras de comercio se pronuncian por una “pronta solución” y exigen el despeje de rutas y calles.
El gremio docente mayoritario firma el 20 de mayo un acuerdo con el gobierno provincial, pero es rechazado en todas las asambleas docentes. El 23, los docentes marchan a la Legislatura y son reprimidos por oficiales superiores que no participan de la protesta policial. El gobierno recurre a una ofensiva judicial.
El conflicto policial se levanta el 29 de mayo con un aumento de apenas $15.000 en el salario básico y un incremento del salario inicial que lo lleva a $520.000, muy lejos del pedido del 160% que exigían en el arranque del acampe.
El 30 de mayo, el gobierno montó un acto de apoyo a sí mismo, movilizando a trabajadores estatales y punteros en base a aprietes. No hay discursos. En paralelo, se realiza un acto docente. Allí un dirigente anticipa que, al día siguiente, se realizará una mesa de negociación que podría derivar en el cierre del conflicto. La burocracia se juega a fondo para cerrar la crisis.
El acuerdo policial muestra su fortaleza el 1 de junio, cuando los agentes empiezan a actuar para despejar calles y rutas. El acampe docente se levanta, siguiendo intimación judicial. La dirección docente se opone a marchar a la Cámara de Diputados, y los dirigentes de distintos gremios llaman a bajarse de las rutas y acampar a la vera, mientras sus bases reclaman bloquear la realización de la temporada de Rally, una gran atracción turística y deportiva. Tres días después, la burocracia firma el acuerdo. El diario Primera Edición titula: “Con promesas, el ministro de Hacienda logró que docentes firmaran un acuerdo”.
Docentes de toda la provincia rechazan el acuerdo, incluso directores. La Asamblea de San Vicente llamó a todos los activistas a postularse como delegados en las elecciones -ahora suspendidas- y a coordinar desde allí las próximas movilizaciones, conscientes que el aumento es muy escaso y será superados a la brevedad por los tarifazos en curso –la empresa provincial de distribución de energía anuncia un aumento del 100%
La CTA y gremios asociados festejan este acuerdo. Los acampantes y manifestantes nunca tuvieron un pliego y una acción común que permitiera convocar a otros trabajadores. La burocracia puso su mayor empeño en desorganizar la lucha.
Esta es una lección que el próximo ascenso se cobrará inevitablemente.
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El "misionerazo" y la situación nacional Por Comité Editorial, 22/05/2024.
