Obras sociales y Prepagas: el gobierno libera los precios de los coseguros

Por una resolución publicada la semana pasada, el Gobierno dispuso liberar los importes que empresas de medicina prepaga y las obras sociales pueden cobrar en concepto de coseguros en prácticas médicas. Esta medida se suma a las desregulaciones implementadas por el decreto 70/2023 y afecta a quiénes utilizan servicios de las obras sociales nacionales, y a afiliados y afiliadas a la medicina prepaga que tiene los planes más económicos (aproximadamente a un universo de alrededor de 20 millones de afiliados y afiliadas).

Los coseguros son un pago extra autorizados y los mismos estaban regulados por la Superintendencia de Servicios de Salud hasta ahora. Las cifras máximas a cobrar, se reajustaban con cada suba del salario mínimo, vital y móvil y se iban publicando en la página oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud. De acuerdo a la misma, no está habilitado el cobro de esos adicionales, por ejemplo, en los programas preventivos (Odontología preventiva, Canceres de cuello uterino y mamas, Salud sexual y reproductiva), en los tratamientos oncológicos o de discapacidades, en las prestaciones vinculadas con trasplantes de órganos, tejidos y células, y en los planes materno infantil y de atención en los primeros 1000 días de vida.

Actualizados a marzo 2024, los valores establecidos implican un verdadero esfuerzo para la población que cobra salarios por debajo de una canasta familiar. Al liberarse, se van a duplicar o cuadriplicar, dependiendo de la decisión de la obra social y/o prepaga. Se trata de un verdadero negocio para “la casta” de la salud, ya que lo que no cobran por medio de sus cuotas, lo podrán anexar por medio del cobro de los coseguros.

Para el gobierno el objetivo es “generar mayor competencia entre Obras Sociales para ofrecer mejores prestaciones a un costo más bajo” (https://www.argentina.gob.ar/, 27/06). En cuanto a la medicina prepaga, se propone generar un incentivo para que las mismas ofrezcan “planes más económicos a la población que no utiliza regularmente los servicios médicos”. Es decir, se pretende instalar un sistema arancelado en el que se debe pagar por lo que se “consume”. Mientras tanto, los hospitales públicos que reciben y contienen a quiénes no tienen cobertura o no pueden pagar, son víctimas del brutal ajuste (desfinanciamiento, despidos, falta de personal y de insumos).

El gobierno liberticida violenta el derecho uno de los derechos más elementales de la población como el acceso a la salud.

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