Nuevo despojo a los mapuches para favorecer a mineras, petroleras e inmobiliarias
Escribe Elena Florín
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La Corte Suprema de Justicia acaba de resolver la anulación de todo lo actuado en el proceso judicial que había culminado con la entrega de tierras sobre la ladera oeste del Cerro Otto -ubicado en Bariloche- a la comunidad Millalonco-Ranquehue, que venía reclamándolas desde largo tiempo atrás. Son 180 hectáreas que el Estado había cedido al Ejército en los años 50. La comunidad afirma que ellos eran la población anterior a aquella cesión. El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) había reconocido como territorio de los Ranquehue esas 180 hectáreas en 2012. La comunidad y el Ejército disputan ese espacio desde hace años.
Un largo camino judicial, que incluye un fallo anterior de la Corte Suprema, apelaciones fuera de tiempo por parte del ejército y sospechas de maniobras improcedentes por parte de funcionarios del gobierno anterior, que no le dio participación a la provincia de Río Negro en el proceso. La Corte funda su decisión actual en el Artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que establece que, en materia de adjudicación de tierras a las comunidades indígenas, la Nación tiene competencias concurrentes con las provincias en las que se encuentran ubicadas esas tierras. La Corte Suprema reafirmó que “las provincias tienen un claro interés institucional en defender el ejercicio de sus atribuciones concurrentes en materia de derechos de los pueblos indígenas; y están habilitadas para actuar en juicio con esa finalidad”. Y por ello, al no habérsela invitado a ser parte de esta causa, el máximo tribunal hizo “uso de las facultades de excepción que empleó en casos similares en procura de la debida salvaguarda de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del debido proceso”.
Los medios titulan la reciente noticia como “Los mapuches no podrán ocupar tierras que les dio el kirchnerismo”. Acentúan que el kirchnerismo favoreció a las comunidades originarias, pero no es así. Por ejemplo, en Bariloche asistimos al incumplimiento del pacto firmado por el gobierno de los Fernández con la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi después del violento desalojo y meses de prisión domiciliaria de varias mujeres de la comunidad, por el que se les otorgaría tierras cercanas al Lago Guillelmo y las tres construcciones para los rituales mapuche.
La ley 26.160 promulgada en el 2006, vivida como una conquista por las comunidades indígenas, declara la emergencia y prohíbe los desalojos en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país; con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, poco ha logrado después de tantos años. Las comunidades que obtuvieron su personería jurídica y lograron su inscripción son una ínfima parte de las comunidades en el país. La ley sigue vigente hasta el 2025, pero los desalojos arrecian. Victoria Villaruel, la vicepresidenta, había presentado en 2022 un proyecto para derogar esa ley. Algo similar también presentó el racista y xenófobo peronista Miguel Angel Pichetto.
El ataque del régimen liberticida a las comunidades originarias se observa de entrada en el anuncio que Milei hizo en la campaña electoral de que cerraría el INAI.
En esta línea, el fallo de la Corte Suprema que anula lo actuado en el caso Millalonco Ranquehue contra el Estado, responde a la política nacional de “defensa y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas”, es decir, su militarismo oficial a ultranza.
Por otro lado, el “problema mapuche” es el de la tierra: consiste en el obstáculo que representan sus comunidades para el desarrollo de la actividad minera, petrolera e inmobiliaria actual, pero sobre todo la proyectada a partir de la firma del RIGI, el régimen de exención de impuestos a inversiones superiores a los 200 millones de dólares.
El fallo de la Corte apunta a la médula de la política del gobierno nacional y del gobierno provincial de Río Negro. El cambio de matriz productiva propiciado por el gobernador Weretilnek está de parabienes. Litio, petróleo, oro, plata y un sinfín de minerales atraen a grandes compañías internacionales que festejan las ventajas del RIGI. Para eso deben quitarse de encima a los originarios que durante años han estado negociando su subsistencia con los gobiernos a través de acuerdos, pactos y leyes infructuosos. Ahora, con las Fuerzas Armada jerarquizadas, defendidas y avaladas la confrontación se agudizará.
