Nueva huelga de residentes expone la crisis de profesionales en la Salud

Los residentes de los hospitales nacionales protagonizaron, la semana pasada, un paro de 48 horas en reclamo de recategorizaciones y aumentos salariales. La huelga expuso la situación crítica de todo el sistema de salud.

La realización del examen para ingresar a las residencias de salud volvió a poner en agenda la situación crítica que envuelve a especialidades médicas indispensables por la falta de aspirantes para cubrir los cupos formativos. Este año, si bien el número global de inscriptos subió un 15 %, volverán a quedar cargos vacantes en especialidades como clínica médica, medicina familiar, pediatría y terapia intensiva.

Los recientemente graduados optan por otras áreas, que ofrecen una carrera profesional mejor remunerada, como anestesiología, dermatología, oftalmología, cirugía plástica o diagnóstico por imágenes. El déficit de aspirantes se combina con el éxodo de médicos formadores, es decir, aquellos que se encuentran trabajando en el sistema pero eligen migrar a otros países por el derrumbe salarial. Frente a este contexto, La Nación (8/7) volvió a la carga con la obligatoriedad de la residencia, una consigna que aúna a los hospitales, sanatorios y universidades privadas. Este programa ya había emergido cuando el gobierno de los Fernández se había propuesto la sanción de una nueva ley de residencias. La no contemplación de esta medida, sumado a la imposición del pago de cargas sociales y seguro salud para los residentes, ausentes aún en parte de la salud privada, provocó la implosión de aquel proyecto. Las patronales de la salud rechazaron en ese entonces abordar la crisis de profesionales con lo que llamaron un “incremento de costos”. “Que vengan por las malas”, sería el planteo para descalificar las carreras universitarias y suprimir la condición habilitante de sus títulos, con una matrícula que solo se otorgaría al finalizar una residencia.

Si bien existe un acuerdo generalizado entre las camarillas universitarias para acortar las carreras de medicina, esta unanimidad no aparece a la hora de declarar la obligatoriedad de las residencias. Ocurre que hoy las residencias compiten con otros posgrados de especialización pagos que ofrecen las universidades. La destrucción de las carreras de grado abre un filón de negocios en torno a la formación profesional que es un botín en disputa. Por otra parte, nada garantiza que una residencia de carácter compulsivo resuelva la crisis de aspirantes. Al contrario, la falta de voluntarios podría trasladarse de las residencias a las propias carreras de grado. Esta crisis se combina con el fenómeno de la extranjerización, que alcanza a uno de cada tres postulantes, lo que también se verifica en la matrícula de las carreras universitarias y redunda en nuevas intentonas de arancelamiento. Muchos de ellos regresan a sus países al terminar la formación.

La crisis de profesionales tuvo su desarrollo más positivo en la huelga de los residentes que dependen de los hospitales nacionales, cuyos salarios rondan los 680 mil pesos, tan solo la mitad de una canasta familiar. Dos paros, uno de 24 horas y otro de 48, sacudieron a hospitales como el Garrahan, el Bonaparte y el Posadas, donde el movimiento se unió a la lucha contra los despidos de 90 profesionales y trabajadores. Las medidas tuvieron un gran acatamiento y fueron acompañadas por movilizaciones masivas al Ministerio de Salud. Los carteles de los residentes en las marchas son la mejor síntesis de por qué el sistema no logra convocar y conservar a sus profesionales: “trabajamos 70 horas por semana por 2500 pesos la hora”, “perdimos el 40 % del poder adquisitivo en los últimos 6 meses”, “con la vocación no pagamos alquileres” y “me sobra mucho mes a fin de sueldo”.

En CABA, la realización del examen de ingreso fue también la ocasión para que se realizara una nueva protesta de los concurrentes, el sistema formativo gratuito que más vacantes ofrecía en la salud mental y que por primera vez no abrió cupos en este concurso. En medio de la crisis de profesionales, se condena a las concurrencias a la extinción para convertir a la formación especializada en un negocio lucrativo. La ofensiva capitalista aplicada a la salud se muerde la cola: quiere privatizar la formación profesional y pagar al mismo tiempo salarios miserables. El resultado es la doble incapacidad para cubrir las especialidades más demandadas por la población y para retener a los profesionales ya formados. Frente a Milei y sus secuaces, arrancar una victoria en la lucha de los residentes se convierte en una medida elemental para salvaguardar la salud pública.