El regreso del impuesto al salario, con menos exenciones

A partir del pago de los sueldos de julio, entrarán a regir los cambios en el Impuesto a las Ganancias, redenominado "Impuesto a los Ingresos Personales”. Serán alcanzados todos los trabajadores solteros que cobren $1.800.000 de salario bruto mensual y desde $2,2 millones para los casados con dos hijos, con alícuotas que irán del 5 al 35 por ciento.

Este lunes, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto reglamentario del ´paquete fiscal´ que aprobó el Congreso junto con la “ley Bases”. Mediante ese instrumento, el Gobierno derogó normativas anteriores que establecían exenciones sobre el aguinaldo, los ingresos provenientes de horas extras, material didáctico -incluidos en el recibo de sueldo de los docentes-, los viáticos de larga distancia y los bonos de productividad, que ahora volverán a incorporarse al cálculo del gravamen. Además, para descontar hasta el 10 % del gasto de alquiler, la operación deberá estar registrada en AFIP, lo cual depende del propietario del inmueble. La actualización por IPC de las deducciones personales y los tramos de las escalas del impuesto se efectuarán dos veces por año, a partir del 1 de enero y del 1 de julio respectivamente.

Además se excluye al personal administrativo y directivo del concepto de "personal de pozo" en la explotación petrolera y gasífera para que sigan exentos del impuesto ingresos adicionales que reciben esos trabajadores. El encuadre restrictivo como “personal de pozo” deja en un limbo al personal afectado a la logística y el transporte de los obreros petroleros y a los trabajadores del enjambre de tercerizadas de servicios que también operan en los yacimientos o cercanías. La Patagonia tendrá un semestre caliente, además, porque los empleados de zonas patagónicas no tendrán el beneficio del 22 % del incremento de las deducciones personales, incorporado en el Senado, dado que no fue propuesto en la ley original de Diputados. En conclusión, a todos los empleados del país aplican las mismas deducciones y alícuotas sin tener en cuenta el costo de vida en cada zona, con excepción de Tierra del Fuego, donde siguen rigiendo los beneficios de la ley 19.640 y por lo tanto no tributan el Impuesto a las Ganancias (Clarín, 22/7).

Se estima que unos 800.000 trabajadores volverán a pagar el tributo, pero podrían sumarse muchos más, en la medida en que se atrasen el mínimo no imponible o las escalas de la alícuota.

El impuesto a las ganancias tiene un impacto severo sobre sectores estratégicos del movimiento obrero, como petroleros, bancarios, aceiteros, trabajadores del neumático y buena parte del transporte -fluvial, aéreo y terrestre- y la siderurgia, entre otros.

Este ataque al salario justifica sobradamente un frente único de organizaciones sindicales, seccionales y comisiones internas para desterrar de una vez y para siempre el ´impuesto al salario´ que el gobierno nacional y los gobernadores de todos los palos pretenden perpetuar. La iniciativa deberá surgir desde abajo o de los sindicatos involucrados, pero difícilmente provenga de la CGT, que ha colaborado activamente con el Gobierno. Su cúpula debatió el tema para concluir que no moverá un dedo. La ´resistencia judicial´ individual de los sindicatos no contará con el apoyo de la central, focalizada en rescatar al experimento libertario de una debacle financiera, política y social.

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