La CGT festeja la Ley Bases, se toma vacaciones de invierno y convoca a la desorganización

En un escenario dominado por los despidos y suspensiones, el derrumbe de salarios y jubilaciones y la aplicación, incluso adelantada, del impuesto al salario, la “mesa chica” de la CGT se reunió ayer para tomarse vacaciones de invierno y llamar a cada gremio a que se las arregle con recursos ante la Justicia. La burocracia advirtió que la aprobación de la Ley Bases iniciaba una etapa de mayores agresiones contra el movimiento obrero, por lo que decidió apresurarse en comunicar que los sindicatos no contarían con la CGT. El III Congreso de Política Obrera había advertido en forma pública acerca de esta nueva etapa de ataques, y llamó a todas las escalas del movimiento sindical a impulsar frentes de lucha para ocupar en forma generalizada las fábricas que despidan o cierren, y a impulsar huelgas indefinidas conjuntas para que las patronales no descuenten de los salarios el impuesto de la infamia liberticida.

Luego de dos paros nacionales para reclamarle “diálogo” al gobierno y de ser recibidos por Guillermo Francos y Santiago Caputo, la cúpula cegetista acordó con el gobierno los términos de la reforma laboral incluida en la “Ley Bases”. El encuentro de ayer tomó nota del fracaso de las apelaciones judiciales contra la reforma laboral ante la Corte, y decidió prorrogar por tiempo incierto su estado de impasse. Antes que impuestos, salarios y empleos, a la burocracia le importa el fluir de dinero a su caja grande, las Obras Sociales, sin importarle que se achique al extremo la Prestación Mínima Obligatoria. Recientemente, el gobierno resolvió que el aporte al Fondo Solidario de Redistribución —que financia los tratamientos complejos— será igual para todos los actores del sistema y quedará fijado en 15 %, cuando las prepagas hasta ahora pagaban el 20 %. Por otro lado, la Superintendencia de Servicios de Salud retiene esos aportes o los libera a cuenta gotas. Pablo Moyano, un sindicalista que ladra pero no muerde, acordó con tomarse las vacaciones de invierno o acompañar la feria judicial, cuando Camioneros enfrenta, por lo menos, la cuestión del impuesto al salario. La CGT no asistió a la firma del “Pacto de Mayo” en Tucumán, pero ayer se acordó pedirle una reunión al secretario de Trabajo, el exgerente de Techint Julio Cordero, con quien tiene una relación excelente, incluso de amistades personales. Este personaje, que de cordero no tiene nada, es el responsable del congelamiento que sufre el convenio de la rama 23 de la siderurgia desde hace nueve meses.

"Esto es una maratón de cuatro años, tenemos que dosificar las acciones", dijo a Clarín (11/7) un maratonista sindical que participó de la reunión. “Somos respetuosos de la democracia”, declaró el anfitrión Andrés Rodríguez, que está sentado en UPCN desde hace cuarenta años. Desde que asumió el gobierno de Milei han sido despedidos 25 mil trabajadores estatales mediante la no renovación de sus contratos. La Ley Bases lo habilita ahora a recortar la planta permanente.

El retorno del impuesto al salario afectará a 800 mil trabajadores inicialmente, pero se irá ampliando en la medida que los salarios crezcan y el mínimo no imponible y/o la “tablita” de la alícuota no se modifiquen. Afectará especialmente a los trabajadores petroleros, bancarios, aceiteros, portuarios, siderúrgicos, neumáticos y a casi todas las ramas del transporte, entre otros. Estos sindicatos deberían formar un frente de lucha; es lo que habría que reclamarles mediante pronunciamientos de asambleas. El lunes comenzaría un paro por tiempo indeterminado en Acindar —según se desprende de un confuso comunicado de UOM Villa Constitución—, donde la patronal prevé suspender el trabajo por el resto del año y ha despedido a decenas de trabajadores de agencia. En el sindicato del Neumático, la patronal de Fate ha presentado un recurso preventivo de crisis fraudulento para despedir al 30 % del plantel actual, flexibilizar aún más las condiciones de trabajo y golpear al SUTNA.

El vocero de la reunión fue, una vez más, el ex agente del Batallón 601 y titular de la UOCRA, Gerardo Martínez. Le reclamó “gestión” al gobierno “porque con bajar la inflación no alcanza cuando hay una caída estrepitosa de la actividad económica” (ídem). Para la burocracia de las ferias invernales (¿o los Juegos Olímpicos en Francia?) el inmovilismo está ampliamente justificado —“el Gobierno dinamizó las paritarias y hay que darle aire tras la sanción de la Ley Bases”, dijeron a La Nación, (11/7)-. En realidad, Caputo impuso paritarias tendientes a cero, mientras retiene la homologación a su arbitrio de unas cuantas. Un caso patente es el 5 % de aumento que firmó Comercio para junio y que todavía aguarda la homologación, sin que a Cavalieri se le mueva un pelo.

La lucha contra los despidos y por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, son el único programa eficaz para doblegar a la recesión inducida por el gobierno de Milei. Millones de trabajadores pasarán las vacaciones de invierno despedidos, suspendidos, retirados voluntariamente y con salarios disminuidos.

Para salir de este invierno especialmente frío el mejor abrigo es la lucha. ¡Abajo Milei, carajo!