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El 18 de julio pasado se reunió el Consejo del Salario integrado por las centrales obreras, las cámaras empresariales y representantes del Estado. El salario mínimo se ubica como el más bajo de los últimos 30 años. A partir de la falta de acuerdo, Milei impuso por decreto su actualización: desde el 1º de julio será de $254.231 para los trabajadores con jornada completa y de $1.271,16 por hora para los jornalizados y, en el caso que cumplan con 8 horas de trabajo, percibirán $10.169,28 por jornada. Luego, habrá sucesivos aumentos mensuales a partir de agosto hasta alcanzar, desde el 1° de octubre, $271.571,22 para mensualizados y $1.357,86 por hora para los jornalizados.
La actualización por decreto del Ejecutivo representa un mísero 8,5 %. Lo que deja en evidencia la medida del gobierno es la permanente demolición y devaluación del salario en relación con la inflación que, de diciembre a esta parte, es cercana al 87 %, traduciéndose en una pérdida del 13 % del salario mínimo, que en diciembre pasado estaba en $156.000. El salario mínimo vital y móvil oficial tenía impacto sobre los planes sociales Potenciar Trabajo, que debían cobrar, por ley, el equivalente al 50 % de su monto, pero desde que el gobierno Milei los “desenganchó”, los planes sociales “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social” se encuentran congelados en $78.000.
El decreto también establece la prestación por desempleo para los trabajadores convencionados o no convencionados en 75 % del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo. Queda a las claras que el SMVM no llega a cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, cuando la canasta básica alimentaria (CBA) indica que en junio un adulto necesitó $118.377 para cubrir sus necesidades más elementales.
Las centrales obreras se han transformado, definitivamente, en la correa de transmisión del plan de guerra del gobierno libertario contra los explotados en general. Hugo Yasky, líder de la CTA y diputado de UxP, se limitó a publicar en la red social X: “Nado sincronizado. El Gobierno y los grandes empresarios están coordinados para hundir los ingresos de las personas que trabajan. Milei establece por decreto el salario mínimo más bajo de la historia argentina: 254.000 pesos.”
Por su parte la CGT se despachó con un comunicado titulado "Otra vez sopa: un ofrecimiento empresario que no está a la altura de las circunstancias" y en el que se desayunan de la "insensibilidad social" de los empresarios por la bajísima propuesta de $245.094 presentada por ellos. La burocracia cegetista hizo un pedido $480.000, que se encuentra muy alejado del Costo de Vida,que asciende a $2.700.000 para una familia conformada por cuatro personas. La central sindical se limitó a pedir al Gobierno que no convalide esta "vergonzosa oferta" y no firmaron el acuerdo.
A la inacción de la burocracia hay que oponerle un programa que ponga en pie al movimiento obrero, por medio de la coordinación de las luchas en curso y que se asiente en el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, apertura de los libros contables de las empresas que cierren o despidan y una campaña que prepare la ocupación de las mismas.
