Escribe Marcelo Ramal
Un artilugio parlamentario para frenar la huelga de los claustros
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La media sanción a la “Ley de Financiamiento Universitario” ha sido presentada como un “golpe al gobierno” de Milei y como “un resultado de las luchas” y huelgas que vienen teniendo lugar en las universidades de todo el país. De hecho, la ley fue votada después de una huelga nacional de 72 horas que fue masivamente cumplida. El salario de los profesores ha perdido un 50 % de su poder de compra desde diciembre de 2023 hasta hoy. La ley votada, ¿le otorga a los docentes y no docentes el salario perdido, como suele ser presentada por todo el arco político que la votó y también por las centrales del gremialismo universitario?
Los artículos de esta breve ley referidos al salario docente y no docente y también a los gastos de las universidades le “encomiendan” al poder ejecutivo el ajuste de esos conceptos de acuerdo a la inflación de los últimos siete meses. Es decir que el Congreso no dispone u ordena esos aumentos, sino que le tira el fardo a un Ejecutivo que, como repite todos los días, no piensa mover el amperímetro de un mentiroso “déficit cero” destinado a asegurar el pago de la deuda pública. Bien mirada, la ley del Congreso es sólo una exhortación.
La maniobra se completa con el artículo 6º, que “aclara” lo siguiente: el aumento “encomendado” en los artículos anteriores no se aplicará “siempre y cuando las paritarias a nivel nacional del sector docente y no docente para el año 2024 sean acordadas y rubricadas por el poder Ejecutivo y las Federaciones que representan a los trabajadores de la educación superior”. Es decir que la “indexación” no regirá en el caso que las paritarias, por caso, dispongan un aumento menor. Pero ¿qué sentido tendría esta disposición si la ley efectivamente dispusiera la indexación de los salarios? La “aclaración” del artículo 6 es la demostración más clara de que la ley es un saludo a la bandera: los salarios seguirán siendo discutidos en una paritaria que, además, no es tal, porque “Capital Humano” dispone sus aumentos miserables por decreto. Cuando, en paritaria, las federaciones docentes invoquen a la ley de financiamiento, el gobierno aducirá que no va a cumplir con la “encomienda” del Congreso.
En su desarrollo posterior, la ley no se priva de establecer los “criterios de asignación” de los futuros presupuestos universitarios en los términos que habían sido incluidos en la versión original de la ley Bases -por ejemplo, incorporando al número de egresados como criterios para penalizar o premiar a las universidades-. En vez de establecer un presupuesto que parta de las necesidades formativas y científicas, la ley recoge el criterio de Milei-Caputo, o sea, el de la piñata neoliberal: abrir paso a una competencia entre universidades en torno de los `recursos escasos, y empujarlas a la financiación privada y, por lo tanto, a la privatización del conocimiento.
La ley votada lleva el sello inconfundible de la camarilla de Yacobiti-Lousteau, o sea del rectorado de la UBA, acompañada sin mayores divergencias por el arco de rectores que sigue al pejota y al kirchnerismo. Es la línea con la cual este arco político “opositor” ha manejado el conflicto universitario desde que Milei-Caputo pusieron en marcha los brutales recortes. Los rectores aspiran a asegurar una cuota de fondos para la caja general
de la Universidad y dejar a los salarios docentes y no docentes librados al destino de una paritaria decorativa.
Aunque la ley todavía debe recorrer el camino del Senado, es necesario sacar las conclusiones ahora, en un momento crucial de la lucha universitaria. Incluso si obtuviera sanción completa y resultara promulgada, la “Ley de Financiamiento” ha sido redactada para que Milei-Caputo la archiven en un cajón. Sin resultados efectivos en ese plano, el objetivo de este artilugio parlamentario es anestesiar a las huelgas universitarias, en momentos en que las asambleas docentes, no docentes y estudiantiles discuten en estas horas cómo profundizar la lucha. Las federaciones gremiales que la han saludado como “una conquista” están contribuyendo a esa maniobra.
Más que nunca, se impone debatir cómo preparamos la huelga general universitaria y una nueva y contundente marcha educativa. El salario universitario, destruido por Milei-Caputo y sus cómplices, sólo será recuperado con la lucha.