La ley jubilatoria desata una crisis política

En marzo pasado, el gobierno nacional estableció lo que llamó una compensación jubilatoria del 12.5 % por las pérdidas producidas por la inflación de enero, que fue del 20 % – o sea, 8 puntos abajo. Ayer el Senado dio un voto final a lo que se ha denominado una “reforma jubilatoria”, que corrige esa compensación, lo que resulta en una mejora de las jubilaciones del 7,2 % desde abril. Milei había adelantado que vetaría esa ley en caso de ser aprobada, lo que ratificó ayer, incluso cuando obtuvo en ambas cámaras más de los dos tercios de los votos necesarios para rechazar un veto. Milei, como de costumbre, anunció ese veto acompañado de insultos de toda clase. Lo que ambos bandos callan, sin embargo, es que la inflación de diciembre, del 25,5 %, la peor de todas, nunca fue compensada y continúa sin ninguna compensación. Esa mega devaluación tuvo como propósito fundamental desatar una hiperinflación acompañada de un congelamiento de salarios y jubilaciones. Con este “método libertario”, pero típicamente capitalista, se ‘ajustó’ el gasto fiscal. Es el punto vital y excluyente en que Milei y los congresistas coinciden: que la crisis la paguen los trabajadores. Así, frente a una inflación noviembre-agosto del 144 %, las jubilaciones aumentaron un 107 % - ¡37 puntos abajo! Es una confiscación colosal, ejecutada por el Ejecutivo de un lado y el Congreso del otro. Entre bueyes no hay cornadas. Desde septiembre de 2017, la confiscación de las jubilaciones alcanza al ¡54 %! La amenaza del veto, en principio inviable, ha servido para desmontar la responsabilidad de los partidos parlamentarios en la parte que le corresponde de la mega confiscación, incluido ahora el peronismo. Para recuperar el poder adquisitivo de la jubilación sería necesario un aumento generalizado del ciento por ciento – no del 7,2. El llamado “costo fiscal” de la ley, por el que Milei califica como “ratas” y “degenerados fiscales” a sus cómplices de la oposición, es de entre medio punto y un punto del PBI, según lo calculen los economistas de la oposición o los del gobierno. En el mejor de los casos, es la décima parte de los vencimientos de deuda publica que deberá afrontar anualmente el gobierno en los próximos años.

Es cierto, sin embargo, que la ley sancionada introduce otro cambio, porque pasa del sistema actual de ajuste de las jubilaciones por inflación a otro que incorpora por mitades a los salarios, siempre que estos hayan sido superiores a la inflación del período. Aquí, de nuevo, hay que separar la realidad de la charlatanería. Si, como exige el FMI sin respiro, Argentina debería volver a devaluar el peso, los salarios, un componente del ajuste de las jubilaciones, se irían barranca abajo. Milei y Caputo se indignan por este cambio, porque aseguran que no tienen la intención de devaluar – algo que no depende de ellos, de todos modos, sino del “mercado”-. La ley introduce, además, una ‘prima’ por buena conducta: en los meses de marzo, se adiciona a las jubilaciones un 50 % de la variación salarial por sobre la variación de la inflación. De aquí que los diarios aconsejen a jubilarse en marzo. Es forzado admitir, sin embargo, que una variación positiva de los salarios frente a la variación de la inflación no es el propósito de la política oficial –sólo podría ocurrir como consecuencia de una lucha vigorosa y contraria al sistema político-.

La mano de los gobernadores en la ley se advierte en el capítulo que dispone el pago, en seis meses, de las deudas contraídas a favor de las cajas de jubilaciones no transferidas a ANSES. La corporación ‘federal’ está aterrorizada por una quiebra generalizada. Pero esta anomalía demuestra, precisamente, que el estado nacional tiene un arsenal de recursos para demorar hasta el infinito el cumplimiento de las decisiones judiciales, como ocurre ahora mismo con la coparticipación porteña. Además, también se establece que deberá pagar en 120 días las sentencias judiciales que favorecen a 90 mil jubilados. El punto representa un colosal golpe para todo el régimen político e incluso social, porque las deudas se ajustan por inflación y las deudas se capitalizan demandando mayores intereses. El Congreso no pretende resolver el problema sino mandarlo a un fondo de quiebra en una próxima liquidación de la jubilación pública y la privatización del sistema de retiro. En definitiva, la nueva ley no pone fin a la confiscación de los trabajadores jubilados, no resuelve los problemas que se arrastran desde el gobierno Menem-Cavallo y sólo expone a la luz pública la inviabilidad de un ajuste que reposa en forma integral sobre el conjunto de los trabajadores.

Nada revela con mayor claridad la manipulación del tema jubilatorio que el apoyo prestado a la ley por parte de Macri y del Pro, y hasta de ex libertarios y otros a punto de ser excomulgados. Es simplemente una extorsión para imponer su participación en los negocios del gobierno, que han quedado acaparados por la camarilla de los Caputo y del círculo esotérico de Milei. Macri quiere el ministerio de Transporte para su ex ministro Guillermo Dietrich y el de Infraestructura, que se haría cargo de implementar el régimen de construcciones Público/Privado. Este reparto sería en principio inviable, porque Caputo necesita saldar deudas y cuentas con la entrega de bonos (que cotizan a la mitad o menos de su valor original), como lo ha hecho con las energéticas y petroleras, y se apresta a hacer ahora con la construcción pública. El manejo de la bolsa del Estado tiene una caja única, porque está condicionado por el pago de la deuda pública, tanto en pesos como en dólares. Milei necesita, sin embargo, trampear al Pro y a Macri, si quiere quebrar los dos tercios reunidos en Diputados y Senado.

La cuestión no es definitivamente fiscal, al menos en cuanto a los temas nuevos en relación a los que tienen medio siglo, aproximadamente. Primero, es un asunto de reparto de negocios, que ocupa en este gobierno un lugar mayor que en los precedentes. El segundo lugar lo ocupan también los negocios, porque la camarilla macrista está estrechamente vinculada a la agroexportación y a la industria exportadora, o sea que comparte con el FMI la posición de devaluar otra vez el peso. Milei, según trascendidos, otorgaría como canje de los votos del Pro el manejo de la Hidrovía, eje del negocio exportador, pero también de China, de la cual el macrismo ha sido un lobbista consecuente. Siguiendo la observación de que las cosas que necesariamente tienen que ocurrir se valen de accidentes, la cuestión de la compensación de las jubilaciones ha provocado otro estallido, aunque más intenso, de las contradicciones sin salida del régimen actual. La prensa financiera atribuye a este conflicto la caída de la cotización de la deuda argentina, o sea un aumento del riesgo país y de la posibilidad del default. El giro de Macri a favor del veto de la ley que contó con su aprobación, le pone los últimos clavos al ataúd macrista. Un veto que no fuera rechazado por las Cámaras se llevaría puesto, a breve plazo, a todo el régimen político.