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En las últimas horas, los aparatos políticos históricos del capital –la “casta”- le mandaron a Milei un mensaje claro: contarán con su venia para liquidar los derechos laborales, prohibir la huelga en la docencia o convertir a la Argentina en una gran “zona franca”, como lo plantea el RIGI. En cambio, el libertario deberá cogestionar con ellos al verdadero corazón del Estado: los servicios de inteligencia y su colateral, el aparato de Justicia. En la Cámara de Diputados, los bloques de Macri y los de Cristina, más varios otros subproductos, se coaligaron para voltear el DNU que disponía 100.000 millones de pesos de fondos reservados para la SIDE de Milei y Caputo. Mientras tanto, un acuerdo de radicales y kirchneristas le daba a Martín Lousteau la presidencia de la Comisión parlamentaria que controla a los servicios de inteligencia, y al kirchnerista Moreau, la vicepresidencia.
La consagración de Lousteau en este cargo ha sido presentada como el nombramiento de un “opositor duro” para vigilar a los servicios. Bien mirada, la movida del Parlamento ha consagrado a un ala de los servicios para controlar y coexistir con otra. El periodista Carlos Pagni recordó, en estas horas, que la camarilla radical que tiene como mascarón de proa a Lousteau -pero cuyos hilos mueve Emiliano Yacobiti- tiene una larga trayectoria de participación en el espionaje local. Uno de sus antiguos personeros, Dario Richarte, llegó a ser vicerrector de la UBA. Como todas las pujas que envuelven a este grupo radical, la cuestión universitaria ingresará como moneda de cambio en sus negociaciones con el gobierno de Milei. Lousteau-Yacobiti reclaman sus propios “fondos reservados” -los de la caja del rectorado. Mientras tanto, la UBA seguirá difundiendo spots y “encomendando” a Milei por los salarios docentes y no docentes, que han caído en un 50% en estos últimos seis meses.
A este bloque de circunstanciales opositores, se terminó sumando Mauricio Macri y una parte de los diputados del PRO. Es una reacción tardía por parte de quien ha quedado reducido a la irrelevancia política. Las encuestas le otorgan al PRO un 6% de intención de voto. El electorado macrista ha migrado, en una altísima proporción, al actual oficialismo. Macri, Carrió y otros forman parte del lote que teme que un colapso del gobierno de Milei conduzca a un descrédito prolongado de la derecha. Ha fracasado en someter a Milei-Caputo a un régimen de coalición política, sin apreciar que el “golpe de Estado económico” en curso exige la suma del poder en manos de una camarilla sin escrúpulos. Varias versiones afirman que el “freno” a los fondos reservados ha llegado tarde, porque la familia Milei y el niño Caputo ya se patinaron el 80% de esos recursos en el sistema de terror digital que los tiene como mentores.
Kirchnerismo
El portazo de Macri y Carrió en la cuestión de la inteligencia tiene una contracara, a la que los medios de comunicación le han dado mucho menos lugar. Después del distanciamiento del PRO, el centro de gravedad de las negociaciones parlamentarias de los libertarios ha pasado al campo “nacional y popular”.
La demostración más clara de ello son las tratativas en curso en relación al nombramiento del juez Ariel Lijo como miembro de la Corte. En este punto, Lousteau y compañía no serían “tan” opositores, sino más bien complacientes con la designación del magistrado sospechado de corrupción. Lo mismo ocurre con el bloque de senadores del peronismo y con la mismísima Cristina Kirchner. Más claro todavía ha sido el respaldo de la burocracia de la CGT a esta postulación. La información ha sido aportada por el medio kirchnerista El Destape, según el cual la burocracia no olvida el sobreseimiento que dispuso Lijo en favor de Gerardo Martínez, respecto de las acusaciones en su contra por la desaparición de trabajadores bajo la dictadura militar. Para Lijo, la participación de Martínez como agente de la inteligencia militar quedó demostrada, “pero dijo no haber hallado elementos que lo vincularan con las desapariciones” (sic, El Destape). Mientras los radicales de la UBA trafican el destino del presupuesto universitario, los burócratas de la CGT trafican con los derechos laborales, hundidos por el gobierno libertario.
Cuarteles de invierno
Los desplantes parlamentarios dejaron lugar, finalmente, al más importante de los episodios de estos días: la virtual desintegración de la Libertad Avanza en el Congreso Nacional. Una vez más, el disparador ha sido el vínculo con el aparato militar y de seguridad, que ha estallado después de la visita de un grupo de diputados a los represores que están presos en la cárcel de Ezeiza. En torno de esta cuestión, se ha fracturado, según parece, de un modo definitivo, el vínculo entre Milei y Villarruel. Para la vicepresidenta, la militarización del Estado y la revigorización de los servicios exige una señal de impunidad en relación a las futuras acciones represivas que se emprendan. La señal más clara, entiende Villarruel, es la de mandar a los octogenarios videlistas a sus casas, o incluso declarar la prescripción de sus causas. Los que se oponen a ello temen que se reedite el escenario del “2 x 1” de hace un lustro atrás. La respuesta de los Milei y Caputo a este estallido parlamentario -y a los circunstanciales desplantes de macristas, radicales y pejotistas- es reforzar el gobierno personal, para el cual, además, los “rebeldes” le otorgaron facultades delegadas al votarle la Ley Bases. La oposición del Congreso, además, ha dejado en pie al DNU 70 al no tratarlo en Diputados. Puede hacer lo mismo con los gastos reservados, pero al revés -congelar o dilatarlo en Senadores.
La pirotecnia del Congreso no moverá el amperímetro del gobierno liberticida, en momentos en que la pobreza infantil alcanzará, según se proyecta, el 75% en el tercer trimestre del año. La alharaca opositora, en cambio, juega un papel político muy definido, cuando el aumento de la miseria social y del descontento popular adelanta una reacción profunda contra el gobierno Milei. Por la vía de estos desplantes parciales, radicales, kirchneristas y otros procuran rescatarse a sí mismos de su derrumbe político, y candidatearse a encauzar (abortar) esa reacción popular. Es lo que está ocurriendo, por caso, con la mentirosa ley de “financiamiento universitario”. La clase obrera que soporta los despidos, suspensiones y el hambre tiene por delante el desafío de desarrollar su propio camino contra el gobierno de criminales sociales.
