Universidad: los rectores proclaman el cierre de la lucha universitaria.

El 30 de agosto se llevó adelante, en la provincia de La Pampa, el 92° plenario de Rectoras y Rectores de las Universidades Nacionales. La cumbre tuvo dos ejes. Por un lado, apoyar el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario que obtuvo media sanción en Diputados y el llamado a que sea aprobado en el Senado; por el otro, aprobar un proyecto de presupuesto universitario para el 2025, estimado en más de 7 billones de pesos, un monto que representa el 1 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. “Si hay algo que funciona bien en nuestro Estado argentino son las universidades”. Con estas palabras, Victor Morañigo, rector de la Universidad de San Luis y director del CIN, abrió el encuentro. Morañigo deliró, pues si hay algo que no funciona bien bajo la asfixia presupuestaria y salarial de Milei son las universidades.

Del encuentro también participaron Sergio Zilliotto, gobernador de La Pampa (PJ), y Oscar Alpa, vicepresidente del CIN, actual rector de la Universidad de La Pampa y posible candidato a la gobernación de la provincia; las autoridades de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); representantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales. Es decir, en esa suerte de “encuentro unitario” se conformó un frente que reúne a los radicales, los peronista y K, y las conducciones de todas las federaciones sindicales en apoyo al proyecto de ley de financiamiento que “encomienda al ejecutivo” un incremento del presupuesto. Ninguno de los oradores presentes mencionó algo respecto a la marcha federal educativa, mucho menos al proceso huelguístico. Es que para las camarillas que dirigen la universidad y todo el arco político opositor, incluida la burocracia que dirigen las federaciones sindicales, la lucha huelguística que estaba en desarrollo ya quedó superada; de ahora en más, para todo este arco político sindical, la agenda solo se enfoca en presionar al Senado para que se sancione la ley y, luego, al Poder Ejecutivo para que no la vete.

Mientras sucedía esta reunión del CIN, los instructivos de liquidación de los sueldos llegaban a las universidades con el miserable 3 % de incremento para agosto, dejando a los salarios de un auxiliar de segunda con dedicación simple (ayudante estudiantil) en $120.400; el de un auxiliar graduado, en $155.000; el de un JTP con dedicación simple, $185.562, mientras que uno con dedicación semiexclusiva recibe $371.000 y un JTP con dedicación exclusiva, $742.000. Todos salarios de pobreza. Ni las categorías más altas llegan a cubrir el costo de la canasta familiar.

Según La Nación, en los últimos datos oficiales publicados del Anuario Estadístico 2022, del total de 213.658 cargos docentes universitarios apenas el 10 % (21.931) es de dedicación exclusiva, mientras que aproximadamente el 70 % es de dedicación simple. Es decir que sólo uno de cada 10 docentes tiene dedicación exclusiva, mientras que siete de cada 10 tienen un cargo simple.

La situación salarial es calamitosa y lo que empezaba a perfilarse como un proceso de lucha huelguístico, con paros masivos, quedó clausurado al no darle continuidad al proceso de lucha en desarrollo y ahora, de conjunto con el CIN, pretenden atar todos los reclamos a la agenda parlamentaria de un proyecto de ley que no es tal y que se limita a encomendar al gobierno a dar soluciones a los reclamos.