Monotributo social: el gobierno golpea la salud y jubilación de medio millón de precarizados

A través de un anuncio del Ministerio de Capital Humano, el gobierno llamó al reempadronamiento a los monotributistas sociales del país. Los beneficiarios de los planes asistenciales “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social” tienen plazo hasta el 30 de septiembre para realizar el trámite, de carácter obligatorio. Pero el ´reempadronamiento´ viene asociado a una fuerte depuración y a un violento ajuste: los monotributistas sociales, a partir de agosto, deberán pagar el 50% del costo de la obra social -unos 7 mil pesos mensuales, cerca del 10% del monto de la asistencia social que reciben- y presentar un informe de facturación cada seis meses, cuando el sistema de ´cooperativas´ que daba sustento al programa “Potenciar Trabajo” -y dio lugar a la generalización del ´monotributo social´- fue cancelado.

Este régimen fiscal considera a los inscriptos como “emprendedores en situación de vulnerabilidad que realizan su actividad económica de manera individual” y que están excluidos de cualquier trabajo formal. Con la inscripción al monotributo social, tanto un cooperativista, un feriante o un titular de un plan social, podían emitir facturas para registrar su actividad y acceder a una cobertura mínima de salud y realizar aportes previsionales. Para estos trabajadores representaba la única posibilidad de acceso a ambos beneficios. Para el movimiento piquetero y las organizaciones sociales, el aporte jubilatorio del Estado fue un paso adelante no solo respecto a una futura jubilación sino en un reconocimiento respecto al trabajo realizado en comedores y otras tareas.

Según un relevamiento de la recientemente allanada Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, menos del 10% de los inscriptos en el monotributo social factura por sus actividades y más de 62.000 fueron encontrados incompatibles con el régimen. Del 1.216.000 inscriptos, unos 622.000 son titulares y 594.000 adherentes. Para los programas sociales son unos 488.000 titulares con sus adherentes a los que se les cubría el 100% de la obra social.

Golpe económico a los flexibilizados

El Ministerio “busca transparentar y ahorrar en el erario público” a partir de las bajas de quienes no se reempadronen. Pero el principal impacto de la medida será el retiro del Estado de la cobertura de la Obra Social.

Para continuar con la cobertura de una obra social, que es una cobertura médica con servicios mínimos, los titulares deberán realizar un trámite digital en ANSES donde pasarán a cubrir el costo por cada adherente de su plantilla familiar, que -sumados los integrantes- puede rondar entre los $13.800 y los $34.500. Además de esto, deberán presentar seis facturas por semestre que respalden su actividad económica, una epopeya contable para un desocupado.

Estas medidas implican el retiro de un derecho adquirido - la cobertura médica y el aporte jubilatorio. Es que la enorme mayoría de los titulares no puede sostener los montos necesarios y está evaluando en estos días darse de baja de estos servicios sociales. Solo aquellos que afrontan tratamientos médicos difíciles de interrumpir se inclinarían por reempadronarse y comenzar un pago.

Como si esto no fuera suficiente, las empresas administradoras de servicios de salud evalúan retirarse de las prestaciones al escalafón inferior de monotributistas. A principios de año, la eliminación del monotributo social fue retirada de la Ley Bases. Ahora, el gobierno avanza en ese camino, por la vía de esta reglamentación.

Las cooperativas y el régimen simplificado

Del lado de las cooperativas y de la llamada economía popular, la medida preanuncia una liquidación de la actividad. La UTEP señala que la disposición oficial “no contempla la realidad de la economía popular donde muchos trabajadores de cooperativas cobran mediante recibos de asociados y no con facturación individual”, y agregó: “para aquellos que continúen adentro será complicado que las obras sociales puedan sostenerles la cobertura de salud ya que serán desfinanciadas por la caída de la gran mayoría de afiliados”.

En el Congreso, en el debate de la Ley Bases, hubo un acalorado intercambio respecto al futuro del monotributo social, que fue defendido por representantes de las empresas recuperadas.

Rechazamos este nuevo ataque a los bolsillos de los compañeros, llamamos a las organizaciones a movilizarnos al Ministerio de Capital Humano rechazando está arbitrariedad contra el aporte jubilatorio y prestación de salud mínima a cargo del Estado para los desocupados con plan social.

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