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Detuvieron nuevamente a Luciana Jaramillo y Romina Rosas, dos mujeres de la comunidad Winkul Lafken Mapu de Villa Mascardi que ya habían sido detenidas y sufrido prisión domiciliaria por ocho meses, después del violento desalojo de octubre de 2022. En aquel momento una de ellas estaba embarazada y fue obligada a parir en el hospital, bajo vigilancia, violando los rituales propios de su comunidad.
“Las detenciones de Luciana Jaramillo y Romina Rosas, ambas acusadas de usurpación, responden a una estrategia del fiscal de Bariloche de la Cámara Federal para "mostrar poder y ensañamiento con el pueblo mapuche" denuncia Betiana Colhuan, machi de la comunidad. Y explicó que el pueblo mapuche está siendo "acusado de usurpar su propio territorio", lo que considera una injusticia histórica dada la presencia ancestral de su comunidad en esas tierras.
El arresto de Luciana Jaramillo fue prácticamente un secuestro: fue retirada de su domicilio en Cushamen, donde residía con sus dos hijos de 5 y 10 años, sin orden judicial alguna.
Por su parte Romina Rosas, la embarazada detenida en octubre de 2022, está nuevamente embarazada y fue detenida pero liberada poco después. Toda una política de hostigamiento y amedrentamiento.
Ofensiva
Vemos una Justicia al servicio de los grandes intereses inmobiliarios y turísticos que pretenden la expulsión -cuando no la aniquilación directa- de los pueblos originarios.
Desde que asumió el liberticida Javier Milei, se aceleraron una serie de causas en Río Negro y Neuquén en una clara evidencia del entramado que existe entre el Poder Ejecutivo y la justicia en sus diferentes ramas.
Cinco comunidades mapuches defenderán esta semana su derecho al territorio tradicional ante un Poder Judicial que protege las presuntas inversiones de capitales de los Emiratos Árabes Unidos en un caso, y a un puñado de propietarios criollos en otros tres casos que se debatirán este mes (Susana Lara en Revista Tramas, 10/9).
Comunidades de Villa La Angostura, El Bolsón y Villa Mascardi serán juzgadas después de haber sufrido múltiples violencias en sus desalojos. Los casos extremos fueron el asesinato de Rafael Nahuel en Mascardi en 2017; en Cuesta del Ternero, cerca de Bolsón el asesinato de Elías Garay en 2021 a manos de sicarios contratados por el actual querellante contra la comunidad Quenquemtrew.
Integrantes de la lof Kom Kiñé Mu (KKM) de río Alto Chubut y de la lof Cayunao también serán juzgados por presunta destrucción de un alambrado implantado por contratados al servicio de capitales qataríes en Río Negro que pretenden cercar las nacientes del río Chubut. El dominio de la naciente del río en manos del Emir de Qatar podría generar grandes desastres en toda la región.
En pocos días más comienza el juicio a los integrantes de la comunidad Winkul Lafken Mapu sobre la causa madre del año 2017, donde acusan a la comunidad por usurpación.
Por último, “Manu” Ginobili, el veterano jugador de basquet del San Antonio Spurs, compró al Municipio doce hectáreas habitadas por una comunidad en Villa La Angostura a la que denunció por usurpación. Ahora pide acelerar los tiempos judiciales.
La confrontación entre el capital y la población indígena es cada vez más profunda.
Milei había anunciado en la campaña electoral que cerraría el Instituto de Asuntos Indígenas-INAI. No lo hizo, pero nombró a Claudio Avruj, un sionista que fue funcionario de la DAIA y del gobierno Macri. Podemos inferir que buscará asesoramiento con los exterminadores del pueblo palestino.
Por otro lado, el gobierno nacional nombró a Cristian Larsen, declarado enemigo del pueblo mapuche, al frente de Parques Nacionales.
Larsen es promotor del incumplimiento del acuerdo firmado el 1° de junio de 2023 entre el gobierno nacional anterior y la comunidad Winkul Lafken Mapu por el que se le otorgaban derechos en los territorios de los que fueron desalojados y se construirían tres casas para las actividades sanitarias y culturales de la lof.
El ataque a los originarios avanza al ritmo de la guerra del régimen contra todos los trabajadores.
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Nuevo despojo a los mapuches para favorecer a mineras, petroleras e inmobiliarias Por Elena Florín, 10/07/2024.
