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Luego del blindaje parlamentario al veto de Milei de la Ley de Financiamiento Universitario, una oleada de tomas, cortes, marchas y acciones públicas recorrió las distintas universidades del país. El movimiento estudiantil irrumpió en escena con todo vigor, inyectando una energía renovada a la pelea por el presupuesto, las becas y los salarios de docentes y no docentes. Después de dos semanas de fuerte participación y presencia en las calles, esta semana continuaron distintas iniciativas a nivel nacional (clases públicas, algunas ocupaciones y cortes), pero el conflicto ha bajado en intensidad.
Esta merma relativa obedece principalmente al trabajo minucioso realizado por los rectores y decanos, por el Frente de sindicatos universitarios y las conducciones estudiantiles afines a las gestiones radicales y peronistas para cerrar el conflicto. En las últimas semanas hubo maniobras de todo tipo para evitar las medidas de acción directa, los espacios de deliberación y las autoconvocatorias de estudiantes, docentes y no docentes, que incluyeron el ataque abierto o la presión para levantar las tomas; los paros con facultades cerradas; el armado de actividades paralelas para desactivar cortes u otras medidas resueltas previamente, entre otras. Como parte del operativo de enfriamiento y cierre del conflicto, el Frente gremial acordó un paro dominguero el 30 de octubre, actividades “en cabeceras regionales” desde el 1 noviembre cuyo contenido se desconoce, “una acción masiva” cuando se trate el presupuesto 2025 y un festival el próximo 22.
En el ínterin, el gobierno ha redoblado su ataque, colocando en la mira los negocios de las camarillas universitarias e impulsando “auditorías” para controlar sus cuentas (que legalmente violentan la autonomía de las universidades). Pero está claro que las auditorías a manos de la SIGEN mileísta no terminarán con esos negocios, que corren en paralelo al presupuesto universitario otorgado por el Estado Nacional. Por el contrario, el gobierno pretende recortar todavía más el presupuesto de las universidades nacionales en 2025 y profundizar al máximo la senda privatista que ya tiene largas décadas, estimulando los “recursos propios” obtenidos mediante convenios con el sector privado. Sin embargo, utiliza perversamente el argumento de las “cajas negras” de las universidades, como una forma de atacar los reclamos presupuestarios y salariales en curso. Tras fracasar en el intento de instalar que en la universidad “no hay pobreza” y que “sólo asisten los ricos”, ahora apunta contra los negocios de “la casta” universitaria, como un recurso más para desprestigiar y quitar legitimidad a los reclamos presupuestarios de docentes, no docentes y estudiantes. Pero como ya ha ocurrido con “la casta política” y “la casta sindical” -con las que el gobierno pactó salvaguardando sus cajas e intereses, en detrimento de los derechos de la población trabajadora- no debería sorprender que algo semejante ocurra con las gestiones universitarias, conservando parte de sus negocios a cambio de acepten un mayor recorte presupuestario y salarial en las casas de estudio.
El movimiento de estudiantes, docentes, no docentes e investigadores se encuentra ante el desafío de superar los intentos de clausurar el conflicto univerisitario o redirigirlo nuevamente al Congreso y el debate del presupuesto 2025. En este cuadro, resulta primordial defender la independencia política tanto del gobierno que ataca la universidad pública, como de las gestiones universitarias y la burocracia sindical empeñadas en sofocar el proceso de lucha. Contra esa tendencia, impulsemos asambleas, resolvamos nuevas iniciativas para la semana próxima y pongamos en pie una gran marcha universitaria nacional el 12 de noviembre.
