Escribe Brian Murphy
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La función que tuvo el acuerdo firmado el viernes 15 entre las conducciones sindicales docentes de la provincia de Entre Ríos y el gobierno ha sido la de convalidar en el marco de la paritaria el “aumento” miserable que Frigerio impuso por decreto en septiembre, cuando, a pesar de las amenazas de descuentos, no lograba poner en caja la rebelión docente que recorría la provincia, y que tampoco lo podían hacer las conducciones apelando a todo tipo de maniobras.
Lo firmado no agrega ninguna mejora salarial a la imposición del gobierno de septiembre, en la que incorporó un FONID provincial (FOPID) y un monto por conectividad, ambos en negro, y otorgó un 6,5% -en tres cuotas- en compensación por la diferencia con la inflación del primer semestre del 2024. Ahora, simplemente se adelanta la última cuota de diciembre ¡del 2,18%! Y se paga junto con la de noviembre, sumando un 4,36% en total, con base de cálculo en octubre. Para febrero de 2025, por su parte, el acuerdo plantea el pago de la diferencia por inflación del segundo semestre de 2024. Tampoco se trata de una recomposición retroactiva. Así, los docentes corremos la inflación entre 7 y 11 meses por detrás, con salarios de indigencia. Las conducciones oficiaron de escribanas del gobierno, para blanquear el decreto que cerró la paritaria hace dos meses. El acuerdo se firmó sin siquiera negociar la restitución de los descuentos por días de paro. La paritaria es una estafa por donde se la mire.
Además, el acuerdo otorga al gobierno la llave maestra para iniciar el próximo ciclo lectivo sin turbulencias. Un medio local tituló: “El gobernador de Entre Ríos desactivó el conflicto sindical y firmó una pauta salarial para el primer semestre del año que viene que lo blinda de protestas”. Es que se incluye una cláusula que plantea un incremento salarial equivalente a la variación del IPC del mes inmediato anterior para todo el primer semestre, eso sí, con base de cálculo en octubre para el salario a cobrar en febrero y base enero para los meses siguientes hasta julio. Es una forma discursiva de disimular un cuasi congelamiento salarial. Además, hay que tener en cuenta que el índice del IPC excluye los alquileres, un componente prioritario del gasto de muchas familias, que ha sufrido incrementos muy por encima de la inflación.
Sin embargo, se anunció que la paritaria continuará el 7 de febrero, pero con el único objetivo por parte de la burocracia de discutir la aplicación del pago de la diferencia por inflación del segundo semestre de 2024 y la pérdida salarial de casi 20 puntos que la conducción de AGMER aceptó al convalidar un aumento por decreto luego de la devaluación de diciembre de 2023, en lo que fue una verdadera ofrenda de bienvenida al gobierno de Frigerio. Aquella concesión hizo descender la base de cálculo para negociar la nueva paritaria 2024 en casi un cuarto del salario, y es lo que explica en buena medida la miseria que hemos atravesado todo este año. Ahora, la conducción plantea revisar –tras el receso veraniego– aquella brutal confiscación, 14 meses después de concedida.
A un mes de que termine el año, los docentes tenemos que debatir nuestra situación en las escuelas. Con el propósito de abrir un canal independiente del gobierno para la intervención, necesitamos procesar un balance de la enorme lucha que llevamos adelante este año y del rol de dilación, apaciguamiento, desmovilización, complicidad y entrega que jugaron las burocracias sindicales. Esto último es algo que cualquier docente conoce, pero la conclusión que nos falta sacar de manera colectiva es cómo hacemos para superar a esas direcciones colaboracionistas. Desde nuestra agrupación, Tendencia Docente Clasista, creemos que es necesario impulsar la autoconvocatoria para abrir ese canal independiente de lucha. Desarrollemos plenarios, asambleas y coordinadoras para debatir esta orientación y encontrar el camino para reabrir la huelga y la movilización. El rumbo a seguir lo marca la enorme rebelión docente y de la comunidad educativa que a partir del 23 de agosto respondió a la conciliación obligatoria de Frigerio y a la entrega de la conducción.
Este año hubo, en Entre Ríos, 23 días de paro en total. El problema es que fueron paros disgregados y aislados, dispersos en el tiempo y sin continuidad. En ese sentido, sumaron más al desgaste que a una expresión contundente de lucha. La conducción los concedió con el solo objetivo de descomprimir la bronca de las bases. Tuvieron ese propósito, no el de llevar la lucha a la victoria. Lo que necesitamos no es ese tipo de medidas de fuerza, que no logran arrancar al gobierno nuestros pliegos, sino imponer toda nuestra fuerza en un solo golpe. Discutamos cómo poner en pie la huelga por tiempo indeterminado a partir de febrero. El momento para hacerlo es cuando inicia el ciclo lectivo. Una huelga de este tipo no quiere decir necesariamente “más días de paro”, al contrario, es un verdadero emplazamiento al gobierno a discutir en nuestros propios términos, y a resolver sin dilatar. Para esto necesitamos fijar un pliego reivindicativo claro ¿Cuál es el salario que debemos ganar? Hay que terminar con la rutina de la conducción, que se sienta simplemente a escuchar cuánto ofrece el gobierno. Somos nosotros quienes debemos decir cuál debe ser el salario docente.