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El gobierno de Sáenz todavía no presentó el proyecto de Presupuesto 2025, sin embargo, impulsó una gira de sus funcionarios por las localidades del interior, para reunirse con intendentes y funcionarios locales. La propaganda oficial se ocupa de anunciar esas giras como una política federal para incluir las demandas y necesidades de los municipios en el proyecto final del presupuesto hacia el próximo año.
Sáenz es un estafador que mandó con lápiz y papel a sus funcionarios a diagramar un dibujo, basado en las necesidades de los municipios. Como un dardo envenenado, las obras y los recursos estarán condicionados a la transa que asegure para el oficialismo provincial el armado político de listas municipales, para las elecciones provinciales de mayo próximo. Al ser elecciones de medio término, la presión de arriba hacia abajo que históricamente ejercen los intendentes, se disipa y prosperan decenas de listas y candidatos. Para evitarse semejante balcanización, Sáenz busca imponerse con la billetera a cambio de recursos y obras.
La discusión con los intendentes no solo pretende tomar nota sobre las obras de infraestructura y urbanización que faltan en todos lados, sino, fundamentalmente, el mentado “equilibrio fiscal” que Milei ya anticipó, ahora deberá correr por cuenta de los gobernadores y las provincias. Los recursos municipales en el presupuesto estarán además condicionados, por el nivel de ajuste que cada intendente aplique en su municipio, empezando, como lo hace el propio Sáenz en la provincia, por los contratos precarios, monotributistas y planilleros.
El verdadero desequilibrio fiscal lo produce el gobierno con el endeudamiento compulsivo y el pago de intereses de la deuda a costas del desangre de la población.
Sáenz es el garante provincial de la aplicación del golpe de estado económico de Milei contra los trabajadores por lo que, su presupuesto tendrá la misma orientación que el nacional: atar el conjunto de los recursos al pago de la deuda. En un asado entre Milei y los gobernadores “héroes” del norte, Sáenz ya comprometió los votos de sus diputados. El salteño presenta sus relaciones estrechas con el gabinete nacional como el símbolo de una fortaleza de su gobierno y su capacidad de gestión. Sin embargo, los votos que comprometió ahora como antes, serán a cambio de incluir obras en una lista de espera que tiene en primer lugar a los fondos internacionales, al FMI y a los especuladores financieros. El presupuesto será la hoja de ruta de una nueva y gigantesca confiscación contra los trabajadores.
El gobernador de Salta es el gerente de una descomposición social y política acelerada en la provincia. En el primer semestre la pobreza alcanzó al 65% de la población, de los cuales, el 38% son trabajadores ocupados. Por primera vez desde 2001, la pobreza en la ciudad de Salta supera la media nacional, mientras que en el interior de la provincia alcanza el 75%. Los datos oficiales indican que los índices de malnutrición infantil superan al 60% de los niños de la provincia. Lo más grave es que estas cifras se corresponden a la provincia que está gozando del “boom minero”. Contradictoriamente crece el trabajo registrado, pero en promedio, los trabajadores son más pobres. La precariedad laboral ocupa al 50% de los trabajadores en actividad y la sobreexplotación ya ni siquiera se calcula.
El empobrecimiento de la clase obrera salteña va acompañado por un derrumbe completo del sistema de salud y de educación, que ahora está produciendo una rebelión de los médicos residentes, quienes enfrentan una ley que los precariza aún más. Denuncian que gran parte de los hospitales en el interior son sostenidos por ellos. En el caso de la docencia se ha desatado un rechazo masivo de un nuevo intento de imposición de la quinta hora en escuelas de bajo rendimiento, cuando hay decenas de establecimientos educativos con clases suspendidas por diversos problemas de infraestructura. La nueva y más dura epidemia de dengue, pronosticada así por el ministro de Salud, las altas temperaturas y el colapso del servicio de luz y de agua en el norte, sumado a los tarifazos compulsivos, volverá a poner en cuestión el derrumbe de conjunto de la infraestructura de servicios.
El equilibrio fiscal que reivindica Sáenz es el resultado del hundimiento del salario de los trabajadores y de las condiciones de vida de las masas explotadas en la provincia. Ahora buscará hacer de las necesidades de obras e infraestructura una moneda de cambio para reforzar los Concejos y la Legislatura con esta política.