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Los ministros de Gobierno, Infraestructura y Economía de Salta, se reunieron con los diputados provinciales para que autoricen a la provincia a tomar un nuevo crédito, equivalente a USD 40 millones, para hacer frente a los vencimientos de la deuda del Fondo del Bicentenario (FB), herencia del gobierno de Juan Manuel Urtubey.
En junio, Salta debe afrontar un pago de USD 38 millones de esta deuda. El ministro de Economía aseguró que la provincia cuenta con esos recursos, pero que, sin embargo, prefieren disponer de esa masa de dinero “en beneficios a las pymes y el sector productivo” de Salta, y pagar un crédito en cuotas y en pesos durante dos años, por lo cual el nuevo crédito, así como llega, se va (El Tribuno, 10/4).
El proyecto -para el cual el Ejecutivo busca obtener media sanción esta semana en la Cámara Baja- autoriza a la provincia a tomar un crédito de 40 mil millones de pesos con el agente financiero de la Provincia (Banco Macro). El plazo total de devolución será de 24 meses. Los intereses se devengarán a tasa Badlar publicada por el BCRA, fijada en 100% anual.
Actualmente el monto total de la deuda de la provincia es de 463 millones de dólares. Desde que asumió Sáenz en diciembre de 2019 a la fecha, la provincia ha pagado 177 millones de dólares correspondientes al Fondo de Reparación Histórico y el FB, ambos créditos adquiridos por el gobierno de Urtubey, con el fin de construir obras que no existen en el interior de la provincia. A pesar de haber pagado, la provincia aún debe más.
En el marco de la bancarrota financiera del Estado nacional y los gobiernos provinciales, el brutal ajuste financiero que aplica Milei, solo produjo un mayor dislocamiento del proceso económico. La gigantesca carestía y empobrecimiento que está sufriendo el pueblo trabajador es una confiscación de ´proporciones bíblicas´, impulsada por el Estado para repagar deuda con deuda.
Todo el operativo de Sáenz busca que sean los propios trabajadores los que carguen con la crisis financiera y la hipoteca a la que los Fernández, Massa, Macri, Milei, Urtubey, llevaron y están llevando al Estado, para financiar los intereses de las camarillas capitalistas. Jamás una deuda o la refinanciación de la misma estuvo colocada al servicio de los intereses de la clase obrera, no son los jubilados, los docentes, los obreros de tabacal, los municipales o enfermeros los que han atentado contra las finanzas del Estado en su exigencia legítima y urgente por el salario y los puestos de trabajo. Por el contrario, es el brutal rescate al capital, minero, inmobiliario, del turismo, agroexportador, etc., sobre la base del empobrecimiento de las masas lo que hunde a la provincia y a la Argentina en un nuevo esquema de endeudamiento.
Mientras Sáenz, se disfraza de opositor, reproduce en Salta la orientación política de Milei. El federalismo consiste en que cada provincia vele por su propio funcionamiento, a costas del default o de un mayor endeudamiento, lo que finalmente conduce al default ya que las provincias son exponencialmente más pobres que el Estado nacional. Las garantías de esta deuda serán las tierras, el agua, los bosques, los minerales.
Milei, al igual que todos sus predecesores, honran deudas con los grupos financieros y le reclaman a las masas explotadas un nuevo sacrificio. Es lo que le pide Sáenz a los docentes cuando pulveriza el salario de los estatales y conduce al colapso del sistema sanitario y educativo. Solo así el ministro de Economía hace gala del "equilibrio fiscal" de la provincia, a costas del empobrecimiento acelerado de los trabajadores, con ingresos promedio de $150 mil, jornadas laborales de entre 10 y 12 horas, los mayores índices de precariedad laboral y desnutrición infantil.
Entre los trabajadores, en las escuelas, en los hospitales, se acumulan contradicciones y una inmensa deliberación que gira en torno a cómo enfrentamos esta situación. Las reivindicaciones de la clase obrera, por mínimas, chocan directamente con la agenda política del gobierno provincial y nacional. Es por esto que, las viejas formas de intervención dialoguista encaradas por todas las direcciones sindicales, incluidos la de autoconvocados docentes, caducaron. Los trabajadores estamos ante el desafío de poner en pie nuevas direcciones que se forjen al calor de la elaboración y un programa político propio, pero sobre todo la acción directa para materializarlo. Por un salario inicial básico equivalente a la canasta familiar, indexado por inflación y un aumento inmediato del 100% también en jubilaciones y asistencia social, la defensa integral de los puestos de trabajo, la retracción de los tarifazos y la apertura de los libros contables de todas las empresas prestadoras. Mediante el impulso de asambleas, de coordinar los reclamos con los sectores que hoy ya están en lucha y preparar las bases para desarrollar una huelga general, solo los trabajadores podrán abrir un nuevo rumbo a la bancarrota definitiva de los gobiernos capitalistas.
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El lobby tabacalero y el endeudamiento de Sáenz contra los trabajadores Por Gabriela Jorge, 15/04/2024.
