El lobby tabacalero y el endeudamiento de Sáenz contra los trabajadores

Escribe Gabriela Jorge

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El Gobierno nacional ha enviado la versión final de la ley Bases a los bloques dialoguistas, mientras los compromisos de camarillas arribados en la cumbre de gobernadores entran en un nuevo punto de conflicto.

En los últimos días, Gustavo Sáenz ha salido a cuestionar el retiro del capítulo del tabaco, o “Massalin”, del paquete fiscal. Este se encontraba en la "Ley ómnibus" original. La decisión habría sido impulsada por Guillermo Francos y Santiago Caputo, a modo de “salvataje” del tratamiento frente a los reclamos cruzados de patronales tabacaleras y quienes las representan en el Congreso Nacional.

Por medio de su cuenta X, el gobernador de Salta atacó a la tabacalera Sarandí, competidora directa de la multinacional Massalin: “No se deje ganar por el Señor Tabaco (…), una empresa que se auto percibe Pyme pero que factura 800 millones de dólares; que se dice nacional pero no compra ni un kilo de tabaco argentino”, “el precio de esta prebenda lo pagan las provincias tabacaleras del norte con impuestos internos coparticipables”.

Detrás de la fraseología de intereses comunes con los jubilados y trabajadores, busca que la población cierre filas con la disputa capitalista mientras él mismo avanza en un ajuste local y es sostenedor de la precarización de trabajadores tabacaleros en el Valle de Lerma, para quien los empresarios no “coparticipan” ninguna de las ganancias siderales.

Mientras Milei busca reunir recursos -bajo una feroz confiscación sobre salarios, despidos y jubilaciones- para pagar deuda externa, Sáenz abraza la política de Milei con el capital financiero. El ministro de Economía local anunció un nuevo endeudamiento de 40 millones de dólares para reactivar la obra pública. Como anticipamos en estas páginas, la reunión de los gobernadores del norte grande no fue más que una declaración de “buenas intenciones”.

Es así que Salta va hacia un refinanciamiento de los vencimientos de unos 38 millones de dólares del Fondo del Bicentenario de Junio, contraído bajo el gobierno de Urtubey, un desfalco en nombre de obras públicas en el norte que nunca fueron ejecutadas. Se endeudan para “pagar en cuotas” en nombre de la asistencia del dengue, de los jubilados y comedores, pero lo hace para el rescate del capital por medio de obras y alivios fiscales a las patronales de las mineras, del agro, del comercio y del turismo locales.

El endeudamiento no saca ni es paliativo de la situación de crisis, sino que la agudiza. Los indicadores de responsabilidad fiscal de los cuales hace gala el Gobierno han tenido como contraparte el hundimiento de los salarios, la salud y la educación. Un nuevo endeudamiento en dólares significa un mayor peso de la deuda y preanuncia un mayor remate de los recursos de la provincia. En este caso, el litio aparece como la garantía para el capital financiero ante la falta de “gobernabilidad” o previsibilidad.

Debemos contraponer a la agenda reaccionaria de Sáenz y de las camarillas capitalistas que representa, la acción política propia de los trabajadores en favor del salario y las jubilaciones, de la salud y la educación.

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