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La ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció que avanza en la creación de una Unidad Especial de Agentes Encubiertos, conformada por agentes de las distintas fuerzas federales. Por medio de esta resolución, Bullrich se apresta a conformar su propia legión de espías, una SIDE paralela. Un peldaño más en la conformación de un Estado policial contra los trabajadores. El jueves 21 de noviembre, a través de la resolución 1253, firmada por la ministra, se estipula la conformación de una unidad especial de agentes encubiertos dependientes del Ministerio de Seguridad, que desplegarán su accionar en todo el territorio argentino. Por ley los agentes encubiertos podrían actuar en delitos complejos, previo pedido de un juez, pero la disposición puesta en vigencia por Bullrich podría habilitar la infiltración en organizaciones sociales (Página/12, 23/11), uno de los sectores apuntados desde el comienzo de la gestión libertaria, con la finalidad de amputar su capacidad de acción y organización. El mismo jueves en el que la ministra firmó la resolución, se conoció que la Cámara de “Casación Federal confirmó la condena de Américo Balbuena, el integrante del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal que estuvo infiltrado en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh para monitorear a organizaciones sociales” (ídem).
La resolución de Bullrich le da atribuciones a la ministra para conformar la Unidad de Agentes Encubiertos con la selección dentro de las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal), al personal con mayor calificación para convertirse en agentes encubiertos que deben ser corroborados por el PEN, es decir, por la camarilla gobernante. La unidad especial de espionaje debe facilitar la infiltración a los agentes encubiertos por medio del armado de una identidad falsa, lo que implica el armado de antecedentes y todos los datos personales pertinentes para desarrollar la red de espionaje que sirva a los fines liberticidas.
Macrismo recargado
En la puesta en pie de un Estado policial, el gobierno libertario se vale del andamiaje represivo que han dejado gobiernos precedentes. La ley 27.319 aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri normatiza la investigación, prevención y lucha contra delitos complejos y especifica a un agente encubierto como “todo aquel funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente calificado, que presta su consentimiento y ocultando su identidad se infiltra o introduce en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas, con el fin de identificar o detener los autores, participantes o encubridores, de impedir la consumación de un delito, o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación, con autorización judicial”.
Quien estará al frente de la unidad es la abogada Graciela Valeria Kowalewsky, superviviente en el Ministerio de Seguridad de gestiones anteriores. Kowalewsky es experta en investigación criminal y docente con experiencia en temas de seguridad pública y lavado de activos; fue una de las asesoras de la redacción de la ley 27.919 en cuestiones técnicas especiales de investigación y registro de informantes. En su legajo cuenta con formación sobre terrorismo, la cual llevó adelante en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Perry. También recibieron formación en este centro dependiente del imperialismo Victoria Villarruel y el “intelectual” derechista, hoy al frente de la ultramontana Fundación Faro, Agustín Laje.
Avance contra las libertades democráticas
Pero quien estará a cargo de la unidad especial será Carlos Manfroni, que ejerce el cargo de jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad y que oficia como puente entre Bullrich y la Justicia. El rol de Manfroni es crucial ya que la resolución no deja en claro cómo la unidad de recontraespionaje se vinculará con el Poder Judicial. Los grises abundan en la resolución porque en la misma no se explicita cómo se brindará la data a los agentes encubiertos, dando vía libre a todo tipo de tropelías. Claudio Pandolfi, profesor en Legislación en Seguridad Ciudadana de la UNLa, advierte que en la resolución lo que prima es: “la falta es el control –las auditorías internas o externas– para verificar que esto sea dentro de la ley y no termine violando derechos constitucionales” (ídem).
El gobierno liberticida, con Bullrich como punta de lanza, con la cantinela de la “lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, viene asfaltando con diferentes iniciativas la puesta en pie de un Estado policial que les garantice hacer pasar el plan de guerra libertario contra los trabajadores, violando las más elementales libertades democráticas.
