Santa Fe: la convocatoria a la Constituyente es un violento ataque a los trabajadores y una estafa política

El gobernador Maximiliano Pullaro logró la aprobación a la convocatoria a una Convención para reformar la Constitución vigente. Para ello contó con los votos del peronismo, del Partido Socialista y de dos legisladores del Frente Amplio por la Soberanía, de Carlos del Frade.

La elección constituyente tendrá lugar en abril junto con las PASO provinciales. Se trata de una manifiesta maniobra distorsiva, pues confunde dos agendas diferentes, con el propósito de garantizar la concurrencia del electorado y disipar el debate político en cada caso. En el caso del peronismo, la interna podría desatar incluso rupturas; en cuanto a LLA, las encuestas le asignan un mediocre cuarto lugar. La agenda establece la modificación de 42 artículos de la Constitución. La pieza mayor es habilitar la reelección del gobernador. Pullaro aspira a quedarse ocho años en el cargo.

La reelección quiebra una tradición histórica de la provincia; fue rechazada incluso cuando el menemismo intentó imponerla en los 90 del pasado siglo. Formaba parte de la ‘cultura republicana’ del PS, que se turnaba en el gobierno con la UCR. El voto de los “socialistas” y de la centroizquierda a favor de la reforma habla de una derechización del conjunto del escenario oficial. Está agendada también la elevación del piso electoral necesario para entrar en la representación proporcional (del 3 al 5 % del padrón). Esto equivale a un rango del 6,5/10 % de la concurrencia electoral.

La libertad “avanza”

La reforma tiene el propósito de incorporar a la Constitución provincial el ´equilibrio fiscal´ y el ´déficit cero´, lo cual pondría al ajuste muy por delante de lo que han hecho Caputo y Milei. No implica la inauguración de una sana política presupuestaria, porque no apunta a cortar los subsidios para las patronales ni un impuesto real y efectivo a la propiedad rural, ni a la subfacturación de exportaciones o contrabando liso y llano. La imposición constitucional del ‘déficit cero’ es un misil capitalista contra los derechos previsionales, los recortes de personal y atención en los organismos del Estado, las paritarias a la baja y la eliminación de los pases a planta permanente, junto con el intento de liquidación definitiva de los planes sociales de la provincia y las ayudas alimenticias a los desocupados.

Pero, ¿quién controlará el cumplimiento del ‘déficit cero’? A diferencia de lo que ocurre en los países europeos, la reforma no prevé un organismo de supervisión, cuando es conocida la ‘creatividad’ de la contabilidad pública. La deuda pública “flotante”, a menos de un año, no forma parte del gasto; por eso hay un gasto “devengado”, que no se ha pagado aún, y otro de “caja". Los ‘magos de la Rosada’, gracias a esa distinción, presentan un superávit ficticio, o sea de ‘caja’, porque no contabiliza lo que gasta, pero no paga. Una disposición constitucional de ‘déficit cero’ debería ir acompañada de una disposición constitucional respecto al tope de la deuda pública, para que no se acumule un gasto financiero fiscal, que no figura en el rubro de gastos-ingresos. Pullaro prepara a Santa Fe para un incremento sideral de la deuda provincial, con el sustento del ajuste en los ingresos de los trabajadores y en la aplicación de gastos sociales y obra pública. La reforma constitucional apunta a implementar una estafa financiera.

De todos modos, las finanzas provinciales no dependen sólo de la Provincia. Una parte sustancial corresponde a la coparticipación federal; poner un techo fiscal sin el domino de los recursos propios no es solamente una torpeza. Implica una subordinación completa a la política financiera de Caputo-Milei, que usa todos los recursos de confiscación económica para pagar la deuda pública del Tesoro, incluso en detrimento de las provincias. Con Pullaro, Perotti, Del Frade, Santa Fe perdería su escasa autonomía financiera y política, porque tampoco puede contratar deuda sin autorización del gobierno nacional. Las versiones de que los pseudolibertarios aumentarían la tasa del IVA, un impuesto coparticipable, convierte a los convencionales santafesinos en cómplices de Milei, en lo que no solamente sería un feroz golpe contra el pueblo. Es que, en forma simultánea, como el IVA es descontado en las exportaciones, representaría un subsidio enorme al agronegocio que no queda registrado como gasto fiscal. El compromiso de eliminar el déficit fiscal sin contar como propios con todos los recursos impositivos es una estafa a la fe de los santafesinos.

Luego de la imposición de una reforma previsional contra los docentes, los convencionales no dejarán pasar la oportunidad para darle un estatus constitucional a la liquidación del derecho laboral. Pullaro y sus secuaces quieren instalar “doctrina” en la provincia que concentra los puertos de exportación, un fuerte dominio de los pools de siembra (y de servicios agrícolas itinerantes) y de la gran industria. Los “procedimientos preventivos de crisis” que permiten a las patronales achicar los planteles obreros, evitar el pago de indemnizaciones y cargas sociales, podrían encontrar una sustentación constitucional, para salvar la débil sustentación legal, que los hace tropezar en los tribunales de trabajo.

Hidrovía y narcotráfico

No es claro si la Constituyente va a discutir la cuestión de la Hidrovía y de los puertos provinciales, por donde pasa la riqueza de la provincia. Una reforma progresista debería condicionar el dragado del río al medio ambiente en su conjunto y de las localidades adyacentes. Los Pullaro, Perotti, Del Frade no quieren que se meta el bisturí en esto, por eso la elección constitucional va pareja a las PASO. La Provincia debería reclamar la dirección colegiada de la Hidrovía y su nacionalización. Después de todo, la seguridad de la ciudadanía santafesina se encuentra fuertemente condicionada por el intenso tráfico de la droga por esa vía navegable.

La sanción de una reforma constitucional que no revierta el entrelazamiento de la jefatura policial, el Senado, el juego y el narcotráfico, consagraría en forma definitiva la impunidad. Es, seguramente, un propósito fundamental de la reforma, si no el principal. Legitimaría, por omisión (“el que calla otorga”), a las instituciones existentes, encargadas de aplicar el Código Penal y de negociar el control de daños con el delito. El Gobierno, a principios de año, ha instalado una especie de estado de sitio en Santa Fe. Junto a la reelección, la reforma profundiza el poder personal del Ejecutivo y el estado policial. De nuevo, con la distracción de las PASO y las elecciones provinciales y nacional de este año, la reforma constitucional se caracteriza por el propósito de imponer un golpe económico a las masas y un golpe político a los derechos ciudadanos.

Nuestro partido, Política Obrera, con reconocimiento legal en la Provincia, comenzará una campaña para descalificar políticamente la criminal convocatoria constitucional de Pullaro y sus secuaces de derecha y centroizquierda.

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Constituyente: Pullaro consiguió los votos para la reelección Por Agustín Fernández, 10/12/2024.