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En Campana ocurre una crisis humanitaria. Cada semana una persona, mayormente adolescentes o jóvenes, se quita la vida. Históricamente, la tasa de mortalidad infantil del municipio está entre las más altas de la provincia. En 2020, dato más reciente, la tasa fue de 13,4, mientras que la media regional fue de 7,8 (Campana Noticias).
En un contexto en dónde el 66,1% de los niños de entre 0 y 14 años está bajo la línea de la pobreza, sumado a que la cantidad de personas desempleadas pasó de 0,8 millones a 1 millón de personas de diciembre del 2023 a diciembre del 2024, es decir, 25% de crecimiento del desempleo interanual (INDEC), da como resultado una juventud con condiciones de vida precarias y presionada bajo un sistema que ahoga cada día más. En paralelo, hay una tendencia a la extensión de la jornada laboral entre la juventud, escondida bajo la figura de las “horas extras” o el “emprendedurismo”, cuando no impuesta directamente a través del trabajo en negro. Al mismo tiempo, se pulverizan los salarios docentes, los tarifazos al transporte limitan el acceso a las instituciones educativas, el recorte presupuestario en las escuelas y universidades junto con la quita de comedores, provocan que el acceso a la educación corra peligro bajo el gobierno liberticida de Milei.
El municipio no contabiliza el número de fallecidos por suicidios, negándose a otorgar los registros oficiales que permitirían tener conocimiento público de la magnitud de la crisis en curso. El ocultamiento de estas tasas coincide con la negación a tomar ninguna medida para paliar el aumento de los casos.
En 2015 el Congreso aprobó la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Sin embargo, esto no modificó sustancialmente la cantidad de casos a nivel nacional. En el año 2020, el concejal de JxC, Ernesto Meiraldi, tomó como única medida de “prevención” solicitar que se coloquen alambrados en los puentes para evitar que la gente se arroje desde ellos, alegando que “esta situación acarrea inconvenientes y caos en el tránsito, pudiendo producirse, debido a la reducción de los carriles de circulación, nuevos accidentes y embotellamiento de vehículos” (Campana Noticias, 06/10/2020).
Estas medidas generaron el rechazo de los vecinos, quienes insistían que se le dé mayor atención e inversión a las políticas de salud mental. En el 2023 se despertó una ola de reclamos a raíz de las imágenes de una menor de 15 años con una urgencia psiquiátrica, cuya vida corría riesgo, durmiendo en los pasillos del hospital esperando ser atendida. Actualmente, Campana sólo cuenta con un Centro de Día. No existe en la ciudad ninguna guardia psiquiátrica.
Nos enfrentamos a un sistema de salud saqueado, tanto en el hospital como en las clínicas privadas, Delta y UOM, se encuentran sin guardia psiquiátrica y sin personal suficiente para tratar esta crisis, dejando a las personas en listas de espera de hasta 18 meses. Somos una ciudad obrera en dónde los despidos aumentan día a día: los conflictos en Siderca son un gran ejemplo de esto. Los trabajadores, los jóvenes y los jubilados son quienes más sufren las consecuencias de este sistema descompuesto.
La salud mental está en caída y los responsables son Sebastián Abella, intendente de Campana, y su séquito, en complot con el gobernador Kicillof, que siguen la misma línea que Milei: el ajuste y la opresión despiadada a la clase obrera.
Los trabajadores tenemos que salir a luchar contra el gobierno liberticida en defensa de todos nuestros derechos. Organicemos una campaña en defensa de la salud mental: necesitamos un sistema de acompañamiento y concientización que sea efectivo de forma urgente. Abajo la precarización laboral y los despidos que llevan a nuestros vecinos al suicidio. Por salarios y condiciones de vivienda dignas. Abajo la precariedad habitacional en los barrios. Queremos guardias psiquiátricas ya. Por todos los pibes que perdimos en el camino.
