Un nuevo episodio de entrelazamiento del delito con el Estado y los capitalistas

En la ultima semana el foco de la atención no han sido las elecciones provinciales del próximo 13 de abril, sino el destape de un complejo armado de corrupción que vincula a empresarios, la ex AFIP y la Justicia Federal. Los nombres vinculados al poder que estarían involucrados todavía no se conocen en su totalidad.

Sucede que el exdirector de AFIP Santa Fe y Rosario, Carlos Vaudagna, se encuentra siendo investigado por una decena de delitos vinculados al ejercicio de ese cargo público. Trafico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, entre otros delitos que se repiten en más de una oportunidad. “Acorralado” en la instancia judicial en que se encuentra, Vaudagna decidió declarar y acogerse a la figura de “imputado-colaborador” para verse beneficiado por una condena menor a la que pedirían los fiscales. A partir de su declaración se conoce cuál era su rol, quiénes los beneficiarios y perjudicados de una trama que usaba al Estado, incluyendo al Poder Judicial.

Desde el mismo asesoraba a capitalistas de renombre para consumar evasión de impuestos: aquí aparece el nombre de Nahuel Caputto, socio mayoritario del diario santafesino “El Litoral”, además de estar involucrado en un fallido de compras de islas para la reubicación del puerto santafesino. A partir de estas maniobras, se esperaba que luego el Estado Provincial tenga que expropiárselas para dicha construcción y así hacerse de una cuantiosa indemnización. A su vez, este directivo se encargaba de impulsar investigaciones por incumplimientos fiscales que no llegaban a resolución, ya que en el ínterin se arreglaban sobornos que llegaban a sus bolsillos. Lo mismo con respecto a hacer la “vista gorda” respecto a empresarios sin los estados contables en regla.

Incluso está involucrado uno de los exdirectivos de Vicentin SAIC, Omar Scarell, quien a partir de lo recolectado fue asesorado por Vaudagna para apropiarse de reintegros de IVA durante más cuatro años, cuya cifra alcanza los nueve dígitos. Asimismo, el asesoramiento con respecto al blanqueo de los créditos que fue tomando la cerealera previo a su desfalco, con las intenciones de que no recaigan denuncias penales en su contra a raíz de la administración fraudulenta.

Lo dicho solo es un botón de muestra que lejos está de despejar el camino. Pero él no estuvo solo en esta serie de maniobras, ya que para desenvolverlas sobre un manto de legalidad tuvo el concurso de un juez federal con nombre y apellido. Es el caso de Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Rosario, que se encuentra investigado por el Consejo de la Magistratura y las fiscalías federales por, básicamente, utilizar sus facultades judiciales a conveniencia. Resuena el caso en el que este ordenó un allanamiento contra un candidato a hacerse de la dirección de una aseguradora y que este, a petición de parte, sin delegar en terceros este trabajo, allanó el domicilio del mencionado para ensuciarlo públicamente.

Pero esto no es lo único que vincula al juez Bailaque. También se le reprocha no haber llevado adelante los procesos judiciales contra capos narcos de la provincia. Tal es el caso de Esteban Alvarado, hoy condenado a perpetua por la justicia provincial, ya que tuvo una de sus causas por narcotráfico en su juzgado y su conducta fue la inactividad y la inexistente diligencia en la investigación. Al tiempo se conoció públicamente que incluso compartía contador con Alvarado. Pero al igual que Vaudagna, no es la única de sus fechorías. Se lo acusa también de haber beneficiado a empresarios para hacerse con la concesión de los puertos de Rosario, que en su momento estuvieron intervenidos y cuya cooperativa pretendía quedársela este financista de apellido Whpei. En ese trajín, se benefició a una mutual de su propiedad que recibió fondos retenidos ya que ofrecían una mejor tasa de interés que los bancos. Al juez se lo vincula, dentro de la organización judicial, a Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema, y según las fuentes al momento de su designación fue impulsado por el kirchnerismo.

Este capítulo de entrelazamiento entre el crimen organizado, capitalistas de renombre y el Estado todavía no se ha agotado. Que todo esto explote en medio de contiendas electorales y políticas expresa la crisis que tenemos en ciernes.