Universidad: frente a una crisis que se agudiza, es necesario retomar el camino de la movilización contra el gobierno

El inicio del ciclo lectivo en las Universidades Nacionales ha dejado en evidencia un desmantelamiento progresivo de la educación pública. Es un escenario de agravamiento de la crisis desarrollada durante el año pasado, la cual ha sido respondida en 2024 por el estudiantado y la docencia a través de movilizaciones masivas y tomas de Facultades a lo largo de todo el país.

Autoridades de las Universidades Nacionales han advertido en un comunicado reciente que “el sistema universitario atraviesa una de sus peores crisis de la historia, que está provocando el abandono de miles de cargos de profesores y el deterioro de la calidad educativa”.

El gobierno busca consolidar la liquidación del salario docente efectuada el año pasado del orden del 40 % a través de un aumento salarial miserable para el 2025. En paralelo ha avanzado en el desguace del CONICET.

La intención de ir a fondo en el desguace de la educación universitaria para su ulterior privatización fue refrendada por Milei a través de la nueva prórroga por decreto del presupuesto educativo, el cual mantiene los montos de 2023, con la anuencia del Congreso Nacional.

Las negociaciones recientes del gobierno con el FMI expresan el fracaso de la política oficial, la cual ha engrosado en 100.000 millones de dólares la deuda del estado nacional y financiado la fuga de capitales. El carácter limitado del acuerdo en gestación no sería suficiente para tapar los vencimientos venideros del Tesoro Nacional. La perspectiva de una mayor bancarrota del gobierno liberticida motoriza en estos momentos una corrida cambiaria que anticipa, para mayo, un dólar en torno a los 1500 pesos o aún mayor. El FMI ha puesto condiciones políticas para el desembolso: el ingreso al gabinete de un sector de la oposición, esto es, el reforzamiento, por parte de un sector de la oposición, de la camarilla de Milei-Caputo.

El gobierno se dirige a una crisis política equiparable a la bancarrota del Estado Nacional.

Este cuadro de situación ocurre mientras se desenvuelve una tendencia creciente a la confrontación política contra el gobierno. Es el caso de la marcha antifascista del 1F, la movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la reciente movilización por el 24 de marzo y las sucesivas marchas de jubilados. El primer trimestre de 2025 ha seguido el camino emprendido por la rebelión universitaria del año pasado, que confrontó al gobierno y su política vaciadora mediante métodos cada vez más radicalizados: movilización callejera, piquetes y, hacia la segunda mitad de año, la ocupación de Facultades en todo el país y la huelga docente. Es lo que ocurre actualmente con el paro de la CGT convocado para el 10, el cual si bien fue convocado en desconexión con este proceso de movilización, ha sido tomado por un sector nutrido de la clase obrera como un canal para impulsar una confrontación con el gobierno y en los lugares de trabajo.

La lucha universitaria del 2024 no solamente marcó un rumbo para enfrentar a Milei, sino que dejó en evidencia el régimen de colaboración entre el gobierno nacional y la oposición patronal del PJ/kirchneristas, radicales y macristas en torno al Congreso, cuya finalidad es blindar un programa antiobrero dentro del cual está contenido el desfinanciamiento y ulterior arancelamiento de la educación pública. El veto a la Ley de Financiamiento Universitario, y el posterior aval votado por el Congreso, es una expresión de esta colaboración.

La política del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde revisten los Rectores de las Universidades Nacionales, ha sido una caja de resonancia del vínculo entre la oposición patronal y el gobierno nacional.

El actual presidente del CIN, el peronista Oscar Alpa, inició su mandato esta semana con un comunicado que denuncia el ajuste del gobierno nacional. En 2025 se recortaron en un 35 % los fondos para el funcionamiento de las universidades. Según Alpa, para adecuarse a este panorama han avanzado en recortes en mantenimiento y apertura de cursos, así como la eliminación de todas las obras de infraestructura planificadas para este año y el congelamiento del sistema de becas.

Durante el año pasado los Rectores agrupados en el CIN y los Decanos han apelado a la falta de recursos para impulsar una reorganización de los planes de estudio y de las condiciones de cursada de cuño arancelario y precarizador. Han funcionado como gestores de la miseria presupuestaria con la que el gobierno nacional busca someter a las Universidades.

Es lo que ha ocurrido recientemente en la UBA con el arancelamiento de los cursos de extensión, una iniciativa impulsada por el radical Yacobitti y replicada en varias Facultades dirigidas por el bloque de decanos alineados con el peronismo. El arancelamiento expresa una tendencia más general dentro de las Universidades: el año pasado se implementaron medidas similares en algunos cursos de ingresantes de la Universidad de La Plata y de Tucumán, cuya realización es de carácter obligatorio para poder ingresar a carrera. Acompaña la proliferación de diplomaturas y posgrados pagos, que actualmente hacen a más de la mitad de los recursos de los que disponen una porción importante de las Facultades, como ocurre con Filosofía y Letras de la UBA. El objetivo de las autoridades es dirigir un proceso de arancelamiento que se ampara en la motosierra del gobierno liberticida.

En paralelo han proliferado, durante fines del año pasado y principios de este, la implementación de títulos intermedios, que abren la puerta al traslado de contenidos dictados en el segundo tramo de la carrera al segmento arancelado de posgrado.

Los Rectores del CIN han entregado el reclamo presupuestario y salarial a cambio del control sobre las cajas chicas que regentean en sus respectivas Facultades, financiadas a través de cursos y posgrados arancelados, que en varios casos ascienden al 80 % de los fondos anuales de los que disponen las Universidades Nacionales. De este modo, se preparan para una posible provincialización del presupuesto universitario, lo cual ha sido adelantado por funcionarios del gobierno nacional vinculados a Capital Humano.

En este contexto, ambas CONADU han llamado a un paro de 48 horas para el pasado 17 y 18 de marzo. En esa fecha estaba previsto el inicio de clases en un conjunto de Universidades. Los sindicatos plantean que “el gobierno insiste en sus políticas de ajuste que deterioran el salario de los trabajadores universitarios”. Según trascendidos, se prepara una marcha universitaria con fecha aún incierta. En varias Facultades se han sucedido asambleas autoconvocadas de estudiantes. La Federación Universitaria Argentina (FUA) ha evitado hacer referencia a este escenario en el cual inicia el ciclo lectivo. Durante el año pasado actuó como correa de transmisión del CIN dentro del movimiento estudiantil, principalmente con el objetivo de desactivar las tomas que se desarrollaban en todo el país. Bajo esta orientación ha pasado revista tanto la conducción radical de la federación como la oposición peronista, que actualmente posee la secretaría general del organismo. Tanto unos como otros son la expresión estudiantil del régimen político que sostiene a Milei desde el Congreso.

Es necesario retomar un camino de confrontación política con el gobierno. El paro del próximo jueves será una instancia para debatir en las aulas, asambleas y reuniones de delegados la suspensión de clases y la movilización junto a los jubilados el día anterior.

El surgimiento de grupos de autoconvocados que tomaron en sus manos la tarea de organizar la confrontación con el gobierno da cuenta de los límites de las actuales direcciones de los centros de estudiantes, actualmente subordinadas a las directrices de la FUA y el CIN. Han marcado un rumbo, asociado a la huelga, las ocupaciones y la movilización callejera. La experiencia recorrida en la lucha contra el gobierno liberticida ha arrojado, hasta ahora, una conclusión: que la lucha para derrotar el vaciamiento de la educación requiere de la independencia política respecto de los rectores, sus personeros estudiantiles y los partidos capitalistas, comprometidos con el arancelamiento educativo y la destrucción del salario docente. Pongamos en pie en la universidad y la juventud una corriente política que asocie esta perspectiva de lucha que se encuentra abierta en la actualidad a un programa obrero y socialista.