En Vicentín, por la estatización sin indemnización y ejecución de los perjuicios

En una tensa asamblea del pasado miércoles, los trabajadores de Vicentín y el Sindicato Aceitero de San Lorenzo (SOEA) aceptaron las condiciones de la empresa para volver a la producción. Las plantas de Ricardone y Avellaneda volverán a funcionar a fasón, mientras que la de San Lorenzo, la más grande, seguirá cerrada. Los trabajadores aceptaron la propuesta de pago, que incluye el 80 % del salario de marzo. Para que se apruebe la vuelta al trabajo, la empresa se comprometió a pagar el 40 % el mismo día, un 20 % para el 25 de abril y otro 20 % el 30 del actual. El 20 % restante será discutido en una nueva audiencia prevista para el martes próximo.

En febrero pasado Vicentín pagó los sueldos en tres cuotas, anticipando la crisis actual. El pago de aquella deuda fue conquistado por una multitudinaria marcha autoconvocada que un grupo de trabajadores de Vicentín protagonizó en una de sus plantas, Ricardone, hasta la autopista que une las ciudades de Rosario y Santa Fe. El SOEA de San Lorenzo sostuvo una medida de fuerza, la “retención de tareas” en las plantas que la compañía administra en Ricardone, en Renopack —otra firma del grupo—, el puerto de San Lorenzo y la planta de biodiesel de Explora —también empresa del holding— por el despido de cuatro trabajadores. En esta última planta los trabajadores fueron desalojados por miembros de Prefectura Naval Argentina, en un operativo piloteado directamente por el Gobierno Nacional.

La novedad es que en la asamblea, la principal defensa de la oferta patronal fue llevada adelante por Daniel Succi, dirigente del SOEA San Lorenzo. El secretario general desalentó cualquier propuesta de lucha que hicieron los trabajadores. Planteó que “por más que vayamos a hacer un corte de ruta, por más que vayamos a hacer un paro, si alguien no pone la guita, si alguien no pone semillas, no hay solución”. Denunció que el cierre de las dos plantas (Avellaneda y Ricardone) respondió a un lockout patronal, por orden de Pedro Vicentín. Durante conversaciones con los trabajadores, Succi cuestionó a quienes reclamaron por la via legal el no pago de la cuota alimentaria que le descuentan a los trabajadores: planteó que el directorio de la empresa busca con esas maniobras que se curse un pedido de quiebra.

La dramática situación de los trabajadores del grupo Vicentín está ausente de cobertura en los grandes medios. Lejos quedó la campaña antikirchnerista “Todos somos Vicentín”, cuando el Gobierno de Alberto Fernández amagó con una nacionalización. La empresa que llegó a ser una de las principales exportadoras de granos del pais -la familia Vicentín calificaba entre las más ricas del país-, no reunió los fondos para pagar los sueldos de marzo, que llevó al cierre de sus plantas. Además la empresa acumula una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, lo que pone en riesgo el suministro de energía en sus plantas. Vicentín seguirá produciendo a través de contratos de fasón, para terceros, una de sus principales fuentes de ingresos.

Lo de Vicentín es un vaciamiento patronal obsceno. Los exdirectivos del Grupo se encuentran en prisión preventiva por maniobras fraudulentas contra la empresa. La Justicia santafesina ordenó el allanamiento en veinte lugares distintos, que incluyeron múltiples localidades de Santa Fe, la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Los acusan de administración fraudulenta, defraudación y asociación ilícita junto a otras 15 personas. Los directivos habrían armado una estructura financiera para desviar fondos de forma sistemática mientras la empresa ya se encontraba en crisis. Además, se los acusa de continuar operando compulsivamente y a sabiendas de que la compañía era insolvente a nivel financiero, generando nuevos compromisos de pago que nunca se saldaron. Aún con la prisión preventiva, los exdirectivos de Vicentín siguen teniendo el control de la empresa, a través de mandos medios.

La crisis de Vicentín se remonta a diciembre de 2019, cuando la empresa se declaró en cesación de pagos —que la situó al borde de la quiebra—, lo que derivó en un concurso de acreedores que aún no se resolvió. Los principales acreedores continúan presionando para que avance el proceso de “cramdown”, una instancia que permitiría que a partir del desguase de la empresa, otros actores tomen el control de la firma si no se llega a un acuerdo definitivo.

Las alternativas planteadas hasta ahora para los trabajadores entonces son: continuar con la sangría que desatan los directivos que responden a los vaciadores, o esperar que la Justicia determine un desguace, el cual llevará a una reestructuración que pondrá en discusión los puestos de trabajo, los salarios, y las condiciones de trabajo. Es preciso que los trabajadores discutan una salida que proteja sus intereses. El ingreso de acreedores privados, que reclama el SOEA, alimenta la perspectiva del desguace de parte de la planta, una racionalización.

Está planteada en forma cristalina la necesidad de una lucha por la nacionalización del pulpo, de sus bienes y de sus plantas productivas, bajo control de una comisión de trabajadores electa en asamblea.

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