El gobierno PSOE Sumar en una crisis sin salida

El gobierno de coalición PSOE-Sumar sufre una lenta agonía, aunque futuras revelaciones sobre las tramas de corrupción de dirigentes partidarios muy próximos al presidente Pedro Sánchez pueden acelerar el proceso. De momento la situación se caracteriza por la imposibilidad del principal partido de oposición, Partido Popular (PP), por derribar al gobierno mediante un voto de censura por la falta de 4 votos en el congreso de los diputados contabilizando el apoyo de los 33 escaños de Vox. La oportunidad que busca el PP es que la presión mediática y judicial lleve al principal socio de la coalición a convocar elecciones anticipadas.

O bien que el curso de los acontecimientos lleve a las formaciones del bloque de investidura: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Partido Nacionalista Vasco, Junts per Catalunya, Bildu y el Bloque Nacionalista Galego, a retirar su apoyo a Sánchez provocando su caída en el Congreso. Portavoces de este bloque han advertido que el umbral de la tolerancia es la posibilidad de que se trate de un episodio de financiación ilegal del PSOE. La decisión de un juez del Tribunal Supremo de mandar a prisión al hasta ahora secretario de organización del PSOE puede dar un vuelco a la situación. Mientras tanto, el aval del Tribunal Constitucional la semana pasada a la Ley de Amnistía que ha beneficiado a los condenados por las luchas de 2017 por la independencia de Cataluña ha venido en un momento oportuno para Sánchez. Junts x Catalunya sabe que un gobierno del PP se las arreglaría para trastornar los pactos que han “pacificado” a Catalunya.

El Gobierno está acabado ante la opinión pública. No sólo es incapaz de hacer frente a la corrupción, sufre un verdadero descrédito por las reformas laboral y del sistema público de pensiones. Es incapaz de poner coto a los desmanes en la sanidad pública, que está delegada en las comunidades autónomas, las cuales escatiman los recursos para la atención sanitaria mientras ceden el negocio de la salud a los grupos privados como Quirón Salud, una filial de la alemana Fresenius. Esto no es una casualidad, en las comunidades gobernadas por el PSOE ocurre lo mismo. Ni el PSOE ni sus aliados por la izquierda, primero Podemos y ahora Sumar, no han hecho el más mínimo movimiento para derogar la Ley 15/1997 que introdujo en la sanidad pública la privatización.

En la educación pública existe el mismo fenómeno, una verdadera explosión de universidades y colegios privados subvencionados mientras la educación pública languidece por falta de recursos. El sistema ferroviario comienza a acusar trastornos por la falta de inversión adecuada. Un apagón sin precedentes que fue responsabilidad de la sociedad con mayoría estatal Redeia y el desarrollo anárquico de la generación eléctrica, y la falta de intervención del gobierno en la Dana de Valencia, donde sólo han aportado el 30 % de los recursos comprometidos, coronan el desempeño del gobierno ante los ojos de la población trabajadora. Por su parte el espacio político a la izquierda del PSOE, Sumar y Podemos, está en bancarrota política, contaminados hasta la médula por su participación en el gobierno de coalición.

El PP intenta empujar al vacío al PSOE impulsando tantos procedimientos judiciales contra las figuras del gobierno y su periferia como pueda. Un impulso que le sirve además para difuminar la realidad de que Sánchez, con el apoyo de Podemos, ganó en 2017 un voto de censura y tiró abajo al gobierno de Mariano Rajoy cuando el PP estaba hundido en una corrupción sin precedentes. El empresariado español ha tomado distancia del Gobierno aunque ha sacado de él todo lo que ha querido.

El problema ahora es cómo desalojar al inquilino del Palacio de la Moncloa, que se agarra al poder con uñas y dientes. El PP intenta además aprovechar la ola de ascenso mundial de la derecha, mientras Sánchez pretende jugar la baza internacional con su crítica para la galería a la limpieza étnica de Israel en Gaza y al profundo reordenamiento imperialista del oriente próximo y contra el incremento de financiación de la OTAN al 5 % del PIB, como forma de preservar su coalición con Sumar en medio del estallido público de la corrupción.

Corrupción en el círculo íntimo de Sánchez

Sánchez hizo una deplorable comparecencia el 12 de junio en el cuartel general del PSOE para manifestar que ignoraba las actividades ilegales del secretario de organización de su partido: Santos Cerdán. Este, como el anterior secretario de organización y exministro de Transporte, José Luis Ábalos, y su “asesor” Koldo García son el trío que adjudicaba contratos amañados y obras públicas a cambio de comisiones. Primero surgieron las acusaciones verificadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que dieron paso al encausamiento penal de Ábalos y de Koldo García, un exconfidente de la Guardia Civil y exportero de discotecas y chófer de Ábalos en sus comienzos. Luego el foco se centró en Cerdán, quien apareció vinculado a esta trama a través de Koldo García. La UCO ha exhumado la participación de Cerdán en adjudicaciones de obras a dedo en la Comunidad de Navarra desde al menos el 2013. Es decir, una amplia trayectoria en estas cuestiones.

Tanto Ábalos como Cerdán constituyeron el círculo íntimo del presidente y acompañaron a Sánchez en su gira por España en la operación que desarrolló para recuperar el control del PSOE, que intentó desplazarlo e impedir su candidatura a la presidencia del gobierno. Eran personas de su máxima confianza y fue Sánchez quien solicitó a Ábalos que dejara el ministerio de Transporte mucho antes de que saltara el escándalo de sus favores a empresas y amaño de contratos. La representación del presidente fue poco convincente para sus socios de gobierno, Sumar, que cuenta con tres ministerios y para algunos miembros del bloque de investidura. Tampoco impresionó a ERC cuyo dirigente Gabriel Rufián declaró en una entrevista en la cadena de televisión La Sexta que el límite de su apoyo era la posibilidad de que no se tratara de tres manzanas podridas en el cesto, sino que sea un episodio de financiación ilegal del PSOE. Mientras tanto, dijo Rufián, es necesario “aprovechar la coyuntura y aprobar todas las leyes de progreso social que se pueda mientras dure este gobierno…”. Una descripción en los hechos de lo que es el oportunismo sin cortapisas.

Lucha obrera

Mientras este es el escenario por arriba, en el movimiento obrero se refuerzan las tendencias hacia la huelga general de los conflictos salariales y por condiciones de trabajo. Mucho ha tenido que maniobrar la dirección rastrera de UGT del metal en Cádiz para dar eficacia a su negociación con la patronal metalúrgica. Tras dar por resuelto el conflicto el 22 de junio, tuvo que volver a la mesa de negociaciones esa misma semana tras movilizaciones multitudinarias que pedían la cabeza del secretario general. Antonio Montoro. Finalmente una asamblea de delegados manipulada acordó levantar la huelga, pero CCOO y los otros sindicatos rechazaron el acuerdo.

UGT no se atrevió a someter el convenio a una asamblea general de trabajadores. Por su parte, los trabajadores del metal de Cartagena pidieron su equiparación con las reivindicaciones de Cádiz, mientras los trabajadores del metal de Cantabria firmaban a regañadientes su propio convenio. La historia no acabó ahí, porque el lunes 30 de junio una asamblea de trabajadores del metal de Cádiz convocada por la Coordinadora de Trabajadores del Metal y CGT han decretado huelga general por tiempo indefinido, en defensa de un convenio digno.

El freno de las burocracias sindicales ha impedido una huelga general nacional de los trabajadores del metal. Este es un escenario que se repite a diario y sólo la fragmentación burocrática intencionada de las luchas obreras consigue evitar que cristalice el movimiento hacia una huelga general. Por eso la huelga de Cádiz con su explosiva reacción contra la burocracia insinúa un punto de inflexión en la reorganización clasista del movimiento obrero. Las movilizaciones de los trabajadores reciben el apoyo y la solidaridad de la población de la ciudad y los barrios obreros. Los sindicatos combativos, por su parte, han manifestado su incapacidad para elevar las luchas a un nivel superior a escala nacional para gestar una huelga nacional, creando comités de huelga y convocando a la confluencia de los conflictos. Esta se presenta como una labor de la vanguardia obrera combativa como la que ha hecho retroceder a la burocracia en Cádiz.

España, la OTAN y la guerra mundial

Sánchez ha invertido muchas horas en una campaña personal para dejar establecido que el límite de la contribución de España a la OTAN no pasará del 2,1 % del producto interior bruto (PIB). El domingo 22 de junio tuvo una reunión con el secretario de la organización, Mark Rutte, para negociar una “excepción” española. De acuerdo con Sánchez ha obtenido garantías para ello. Pero a la hora de la verdad, el presidente español ha firmado el 25 de junio en Amsterdam la declaración junto con el resto de participantes a la cumbre atlántica en la que se deja establecido que la contribución de los socios será del 5 % del PIB. El líder español ha declarado urbi et orbi que la contribución tiene un tope porque la coalición de gobierno quiere preservar el estado del bienestar, que es incompatible con el incremento solicitado.

Es decir España se planta… Pero la excepción española durará, si es que existe, hasta que el Gobierno caiga o acabe su mandato y sea sustituido. Porque lo que está firmado es el incremento hasta el 5 %. Donald Trump ha aprovechado la majadería de Sánchez para hacer ruido y afirmar que pondrá de rodillas a España a la hora de fijar aranceles, cuando en realidad los aranceles los negociará la Unión Europea y no cada país. En el contexto de todo este teatro lo que queda claro es que el PP, que tiene a la vista la posibilidad de formar Gobierno si hay convocatoria electoral, sí estará dispuesto a cumplir con el 5 % firmado aunque también ha advertido que pedirá flexibilidad. En realidad todo el tema del aporte a la OTAN es un gran teatro. Hay 9 países que no alcanzan a contribuir con el mínimo del 2 % aprobado en 2006.

España con el gobierno de coalición PSOE-Sumar es un aliado firme de Estados Unidos, que cuenta en el país con varias bases aeronavales. Fueron utilizadas durante la guerra contra Irak, para el tránsito de presos destinados a Guantánamo y cuanta actividad ilegal haya decidido Estados Unidos. Para ello en los tratados las bases tienen condición extraterritorial. Las bases han sido utilizadas por ejemplo en junio para los aviones nodriza que reabastecieron a los B2 que bombardearon Irán. La flota estadounidense en el Mediterráneo oriental tiene en España un punto de aprovisionamiento, mantenimiento y refresco de tropas. Madrid ha dado cuenta de su fidelidad a la OTAN y a Washington, por ejemplo, al declarar que Marruecos tiene derechos soberanos sobre el Sáhara Occidental. Ha sido y es proveedor de armas a Ucrania en la guerra de la OTAN contra Rusia que se libra en ese país. Es decir, no cabe la menor duda del bando en el que milita el país: de subordinación a la OTAN y al imperialismo estadounidense y europeo, más allá de discrepancias coyunturales. En ningún momento el gobierno PSOE Sumar ha denunciado la operación de reorganización política del oriente próximo pactada entre Trump y Netanyahu.

La posición de Sánchez está además enfocada hacia su aliado de gobierno Sumar. Admitir el 5 % era condenar a la coalición de gobierno a una ruptura. Así que el teatro alrededor de la contribución a la alianza atlántica tiene un trasfondo político interno. La realidad es que el esfuerzo bélico de la OTAN va a detraer recursos del presupuesto del Estado español aun sin alcanzar a las cifras pactadas en Amsterdam el 25 de junio. El país está en materia de financiación de la política belicista de la OTAN y la UE en un callejón sin salida. La única forma de frenar la sangría es con la salida inmediata de la OTAN, con el cese de la ayuda militar a Ucrania, con el cierre de las bases americanas en territorio español, con la negativa frontal a participar en cualquier aventura bélica. La única forma de preservar el gasto social en pensiones, vivienda, educación y sanidad, y la oposición a la guerra y la lucha por la democracia para los trabajadores es mediante un gobierno obrero.