La Corte Suprema de la Nación y los jubilados, una ´transparencia´ no tan transparente

El año pasado se conformó una Oficina de Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Su objetivo es “diseñar, construir, coordinar e implementar un sistema para la producción de estadísticas oficiales del tribunal; regular, dirigir y llevar a cabo la producción de las estadísticas oficiales y su posterior difusión” (Clarín, 18/7). El propósito anunciado es ´transparentar´ la labor del máximo tribunal de justicia.

En función de esto la CSJN publicó el “Anuario estadístico 2024”. De este informe surge que en el curso del año 2024 ingresaron 45.678 expedientes, un 41,71 % mayor que en el 2023, siendo además la cifra más alta en los últimos 10 años. El 60 % de estas causas, 23.414, sin embargo, corresponden a reclamos jubilatorios contra la ANSES. Sobre estos, se dictaron 12.521 fallos que impactaron sobre 20.337 casos presentados, es decir el 40 % del total de los reclamos previsionales. Oficialmente, el tiempo promedio de resolución de los casos ha sido de 385 días corridos, aunque hay jubilados que esperan mucho más.

Estas estadísticas muestran la enorme cantidad de litigios que hay producto de la política confiscatoria contra los jubilados, resultante de las sucesivas fórmulas de movilidad que dictaron los gobiernos de Macri, los Fernández y Milei, este último, por decreto. Diversos fallos de tribunales inferiores las declararon inconstitucionales, ordenando reajustes de distinto alcance. Sin embargo, miles de jubilados deben recorrer infructuosamente los pasillos de Tribunales debido a las apelaciones de la ANSES. Muchas veces fallecen sin ver un solo peso.

Actualmente son 280.000 los juicios en manos de esta justicia. Desde 2007/2009, comenzaron los reclamos de haberes, malas liquidaciones, contra las fórmulas confiscatorias y por la discrecionalidad de los bonos. Los casos más conocidos, Badaro y Latiff, sentaron jurisprudencia, pero su aplicación no se generalizó a todos los jubilados. Es evidente que, cuando se trata de los jubilados, los plazos de la Corte son mucho más laxos, no así cuando, apurada por el calendario electoral, dictó condena definitiva de Cristina Fernández para sustraerla de la candidatura a diputada. Dos varas distintas, pero un común denominador: el carácter político del Poder Judicial, disfrazado de imparcial.

Ante la apelación constante de la ANSES, 100.000 de estos juicios con sentencia firme no se pagan y la CSJN los cajonea por años. Inclusive los pocos que se abonan se hacen por valores menores a los sentenciados, y otros con burdas liquidaciones deben nuevamente volver al ruedo del reclamo.

Como agravante, la CSJN en el mes de marzo suspendió por 90 días el plazo de dictar sentencias previsionales y el Gobierno hizo una poda del presupuesto destinado al pago de las mismas.

Sobre los millones confiscados, ni el Gobierno, ni los diputados y senadores, ni el poder judicial abren la boca. La pérdida es de por vida.

¿Dónde está la ´transparencia´?

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