El empantanamiento del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La gestación de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur ha tenido la duración récord de 25 años, y sin embargo el parto está padeciendo complicaciones, al punto que el desemboque cada vez más probable resulta ser el aborto. La firma prevista por el 20 de diciembre ha sido postergada esencialmente por voluntad de Macron, y a pesar de las presiones de Merz y Von Der Layen para que se apruebe el tratado en enero la resolución del impedimento francés resulta ardua.

El acuerdo beneficiaría de un lado la burguesía industrial europea, y del otro, a los propietarios terreros y la burguesía agrícola de los países latinoamericanos miembros del Mercosur. En la medida que prevé la eliminación de los impuestos aduaneros sobre un 90 % de las mercancías comercializadas entre las dos entidades económicas, los productos industriales europeos podrían fácilmente ganar cuotas de mercado en América Latina, dado que tienen costos de producción más baratos por la mayor productividad del trabajo y las mayores economías de escalas respecto las industrias de Argentina y Brasil; al mismo tiempo, la mayor fertilidad de la tierra y la mayor presencia de recursos naturales, sumado a una mano de obra extremamente explotada y empobrecida, favorecerían al “campo” de nuestro continente en sus exportaciones extraatlánticas. Estas “ventajas comparativas” que favorecerían una caída de los precios en las dos economías y un crecimiento de la productividad media, o sea que representan un progreso económico en términos generales, sin embargo, bajo la anarquía capitalista, implican la ruina de la industria argentina y sobre todo de la pequeña burguesía agraria de Francia e Italia, y por lo tanto generan crisis políticas hijas de la defensa que estos grupos sociales perjudicados realizan de sus intereses particulares.

El desarrollo de la crisis política

La contradicción entre la burguesía industrial y la pequeña burguesía agraria explica las dificultades políticas que la Unión Europea está viviendo a la hora de firmar el acuerdo dado que los gobiernos de Francia, Italia, Polonia y Hungría se oponen a ello, no tanto porque implicaría un retroceso de sus economías nacionales, que serían beneficiadas por el crecimiento industrial, sino por las protestas y los cortes de ruta que los pequeños agricultores están realizando en las últimas semanas. El acuerdo puede ser firmado si el Consejo Europeo, que reúne los jefes de gobiernos nacionales, delibera por su firma con una mayoría del 55 % de los jefes de gobierno que deben representar al mismo tiempo más del 65 % de la población de la Unión. El bloque hostil al tratado por ahora tiene el porcentual de población necesaria para vetar la medida, por esto Von Der Leyen tendría que convencer a votar a favor por lo menos a un gobierno entre el francés, el italiano o el polaco dando a cambio concesiones fiscales o políticas.

La crisis política francesa raja las paredes. Macron en los últimos cuatro años en calidad de Presidente de la República tuvo que nombrar seis primeros ministros bajo su actual presidencia. Las cuentas públicas sufren un déficit fiscal llamativo: 168 mil millones de dólares equivalentes al 5,8 % del PBI. Las tentativas de promover un ajuste del gasto social y en particular del gasto jubilatorio no han podido fructificar por la debilidad política de la coalición del centro macroniano: para evitar la caída del actual gobierno “Lecornu dos”, Macron ha pactado con el partido socialista la suspensión de la reforma jubilatoria, que había sido votada en 2023, en cambio de su abstención en un eventual voto de desconfianza al gobierno (que puede ser destituido por voto parlamentario). En este clima el Presidente francés percibe su falta de recursos políticos para imponer a los agricultores franceses un marco económico fuertemente más hostil. Al mismo tiempo el gobierno presentado por la prensa burguesa como entre lo más estables y con más consensos vive en un estado comatoso: en tres años, el gobierno Meloni ha sido incapaz de promover reformas y solo ha podido evitar el estallido de sus contradicciones por vía de 330 mil millones de gasto público (Recovery Fund y “Superbonus” inmobiliario), financiado con recursos y prestamos de la Unión Europea. En la medida que el Nuevo Pacto de Estabilidad establece la reducción del déficit fiscal y que al mismo tiempo habrá que aumentar el gasto militar, el ajuste al gasto social será la base de la crisis política del gobierno: por su base electoral que ha votado a Meloni en cuanto única oposición al gobierno técnico de Draghi, identificado con la década de la austeridad, y por el aliado de gobierno Salvini que busca ganar consensos al partido de Meloni promoviendo una crítica demagógica a “los tecnócratas de Bruselas” y a sus medidas de ajuste. En este marco general la pequeña burguesía agrícola fue siempre parte de la base social de la Liga (partido de Salvini) y de la derecha italiana; promover su bancarrota económica representa una crisis vertical del gobierno. Como se puede ver de este pequeño desarrollo el camino para Von Der Leyen para superar el veto será extremamente arduo.

La parálisis política de la Unión Europea viene alimentada además por las crecientes fracturas con el imperialismo americano: un acuerdo de libre comercio con el Mercosur representaría una herramienta para reducir el peso de los intercambios comerciales con Estados Unidos y por ende la dependencia de los capitalistas europeos del mercado estadounidense, lo que debilitaría la capacidad de chantaje de Trump en sus tratativas comerciales y militares con la Unión. Por esta misma razón los vértigos europeos podrían ralentizar la firma del acuerdo para evitar una ruptura ulterior con el gobierno americano y por miedo de las repercusiones imprevisibles de Trump.

Conclusiones

La Unión Europea destina el 25 % de su balance al sostenimiento de los ingresos del sector agrícola; cerca 50 mil millones de dólares que cada año llena los bolsillos de pequeños empresarios. En Italia las empresas agrícolas son un 1.133.000 con alrededor de un millón de asalariados, mientras en Francia ha habido una mayor concentración del capital agrícola con 389.000 empresas y un millón de asalariados (también en términos de hectáreas por cada empresa mientras la primera ve 11 hectáreas por empresa, en la segunda son 69). Los empleados totales (pequeños empresarios y trabajadores asalariados) en la agricultura europea son 9,2 millones. Históricamente esa transferencia de valor monetario, desde el sector industrial a través de los impuestos sobre la plusvalía, al sector agrícola que se beneficiaba de múltiples subsidios, representaba una herramienta para mantener en pie masas de campesinos que votaban la democracia cristiana italiana y la derecha gaullista francesa, evitando así un mayor desarrollo de los partidos comunistas en la segunda posguerra. El lujo de alimentar una masa de pequeños burgueses campesinos es cada vez más puesto en cuestión por la crisis mundial y la competencia capitalista, así como no viene más percibido como un factor político fundamental para la estabilidad de la burguesía.

Ahora la necesidad de la Unión Europea consiste en reactivar las inversiones de capitales en Europa y aumentar su productividad, para poder competir en la guerra de precios internacional y desarrollar una potencia militar para poder competir con el imperialismo americano y Rusia y China. El mismo rearme europeo tiene como condición necesaria una reactivación industrial; no puede haber un mayor gasto militar (o sea consumo) sin el desarrollo de las inversiones y de la productividad del trabajo (o sea de la producción) para sustentar la maquinaria bélica. De un lado la Unión Europea se plantea atraer mayores capitales – en primis los capitales europeos que migran a Estados Unidos, atraídos por una mayor rentabilidad en la Bolsa y también por menores reglas empresariales– a través de una política de unificación del mercado de capitales, de desregulación de las empresas y de menores impuestos, los cuales mal encajan con estos subsidios a pequeñas empresas improductivas; del otro, la industria europea y su “locomotora” alemana sufren cada vez más la competencia china y la suba de los costos de producción por la suba de la energía, por lo cual un acuerdo de libre comercio seria parte de una reactivación de las exportaciones y por ende de la producción europea.

Por esto el fracaso del acuerdo con el Mercosur sería una señal más de la decadencia del imperialismo europeo y de la debilidad política profunda de su burguesía, sobre todo de la burguesía alemana y francesa. No es casual que la asociación de los industriales europeos haya criticado la falta de firma del tratado y que Merz y Von Der Layen –representantes del gran capital alemán– sean los más activos fautores del acuerdo. Las reformas necesarias para la burguesía europea implican choques sociales y una radicalización de la lucha de clase que tienen que ser gestionados por los gobiernos más inestables y débiles de las últimas décadas. La contradicción entre la radicalidad de las medidas de los gobiernos y la radical crisis política de los mismos abre un marco de convulsión social y política.

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