Escribe Marcelo Ramal
Un botín de los pulpos petroleros y los fondos buitres internacionales.
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Donald Trump ha cerrado el círculo del acaparamiento de la producción y las exportaciones petroleras de Venezuela con una medida fundamental. Acaba de decretar que los ingresos por la venta de crudo de ese país quedarán “protegidos”, en cuentas del Tesoro de Estados Unidos, de “cualquier embargo, juicio, decreto, derecho de retención, ejecución, o cualquier otro proceso judicial”. La orden de la Casa Blanca declara a esos fondos “propiedad soberana de Venezuela mantenidos bajo custodia de EE. UU. para propósitos gubernamentales y diplomáticos, que no están sujetos a reclamos privados”. De este modo, cualquier pago relacionado con la deuda pública venezolana ha quedado bajo el control de Trump.
La deuda del Estado de Venezuela se estima en unos 160.000 millones de dólares, el 180 % de su actual PBI. De ese total, unos 60.000 millones se encuentra en bonos impagos, un “limbo” que se prolonga desde 2017 y que no condujo a una “aceleración” (intimación al pago de toda la deuda) [por el temor del propio Trump -entonces en su primer mandato- a desatar una crisis financiera global] (https://politicaobrera.com/15497-trump-intima-al-chavismo-a-convertir-a-venezuela-en-un-protectorado).
Entre los principales acreedores de Venezuela, se encuentran el Estado y corporaciones chinas. Desde hace al menos un lustro y ante la falta de pago de los compromisos, China puso en marcha un régimen de pago de “deuda por petróleo”, para resarcirse de los vencimientos con embarques de crudo. De todos modos, la deuda pendiente con el país asiático alcanzaría a los 20.000 millones de dólares. La decisión de Trump pone en crisis estos pagos “en especie”, tanto por el acaparamiento decretado sobre la producción y las exportaciones petroleras -que será en detrimento de las ventas a China- como por la decisión posterior de bloquear cualquier embargo a los ingresos petroleros del país para pagar deudas anteriores.
China contaba con otras garantías sobre esa deuda -como el control de derechos sobre reservas hidrocarburíferas venezolanas- que son ignoradas por el Protectorado trumpista.
Pero la inembargabilidad decretada por Trump podría tener otros damnificados menos previsibles. Es el caso de las petroleras que sostienen juicios contra el Estado, por su retiro del mercado en 2007. En aquel momento, firmas como Exxon Mobil y Conoco Phillips rechazaron el planteo del gobierno chavista de conformar empresas mixtas con PDVSA para la explotación del crudo y presentaron a ese desacuerdo como una “expropiación” de activos. Los juicios entablados alcanzaron cifras que superan los 10.000 millones de dólares. Estas demandas ya obtuvieron fallos favorables en tribunales internacionales y los litigantes reclamaron activos venezolanos o “cualquier pago que el país coloque en el sistema financiero internacional” (El Observador de Uruguay, 8/1). Un botín que está en juego en ese litigio son las acciones de Citgo, la refinería y distribuidora radicada en Estados Unidos que pertenece a PDVSA. En la reunión de las petroleras con el gobierno norteamericano, el pasado viernes 9, una de estas litigantes -Exxon Mobil- presentó objeciones al plan petrolero de Trump para Venezuela. En el reclamo por un “régimen jurídico estable” para el país, Exxon incluyó al resarcimiento por los juicios pendientes. En represalia, Trump amenazó con dejarla afuera del esquema petrolero anunciado en aquella reunión.
La decisión de “inembargabilidad” de Trump puede impactar en la cotización de estos títulos de deuda, la cual se recuperó después del asalto sobre Venezuela. Los observadores del mercado de deuda estiman que los bonos venezolanos se encuentran mayoritariamente en manos de “fondos buitres” (Ambito, 6/1). Pero el horizonte de estos especuladores no es el transitorio “pagadiós” de Trump. Un plan de “pago de deuda con petróleo”, ya no bajo la batuta china, sino del “Protectorado” yanqui, podría revalorizar los títulos en juego y generarles fuertes beneficios a los acreedores buitres. Naturalmente, la garantía de esa operación residirá en un régimen económico y presupuestario que privilegie a las petroleras y a los acreedores internacionales, a expensas del “pueblo venezolano” con el cual Trump se llena la boca todos los días. Trump le ha ofrecido a la burocracia chavista cogestionar este régimen confiscatorio, a cambio de su colaboración política en el armado de un “Protectorado” de facto.
Las reservas, la producción y los flujos financieros originados en las riquezas venezolanas se han convertido en un arma del arbitraje trumpista, con repercusiones sobre la guerra internacional, las propias corporaciones petroleras y los fondos internacionales que manejan deudas soberanas. El propósito de este arbitraje es redoblar las extorsiones, principalmente a China. Los trabajadores de Venezuela sólo recibirán migajas de la expoliación del país asaltado.
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