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El gobierno de Javier Milei asumió declarándole la guerra a los y las trabajadoras del Estado. Los ataques a las condiciones laborales y salariales de los estatales sirvieron para marcar el paso de lo que serían los despidos masivos y el cierre de fábricas y empresas. Los despidos no cesaron en ningún momento y al mismo tiempo se congelaron los salarios, implementaron exámenes obligatorios para definir las recontrataciones y flexibilizaron, aún más, las condiciones de contratación.
Miles de trabajadores que aprobaron los exámenes y firmaron contratos anuales fueron despedidos también – los contratos anuales en el Estado Nacional pueden rescindirse sin causa en cualquier momento. Los cerca de 60 mil estatales despedidos fueron presentados como un ´logro´ de la gestión al cuantificar como ahorro 3,4 billones de pesos.
Milei asumió con 341.473 empleados. De la administración pública eran 231.305, dentro de esa cifra se encuentran los 54.791 que pertenecían a la administración centralizada. El resto, 110.168, trabajan en las empresas y sociedades del Estado. Luego de dos años de gestión el gobierno despidió el 17,5 % de los empleados lo que da que, por día, fueron echados 82 trabajadores por día.
Un informe publicado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) analiza la composición de los despidos del Estado Nacional. La motosierra despidió el 18,7% de los trabajadores de las empresas mixtas y, adentro de ese ítem, llegaron a recortar un 30,8% el personal del Correo Argentino (5191 despidos), el 14,7 % de Operadora Ferroviaria unos 3.500 despidos; y en los casos del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, la cifra ronda los 2.000 despidos en cada empresa. Algunas de las bajas son despidos encubiertos tras retiros voluntarios o pases a disponibilidad.
En la administración central se despidió el 28,8 % del personal, a lo que se espera que en 2026 se le sume un recorte de otro 10 % más, que “podrá ser concretado con mayor facilitad en la denominada administración centralizada, que tiene 39.011 empleados directamente” (infobae.com, 9/1).
A los despidos hay que sumarles el decreto 934/2025 que limita las contrataciones al Estado Nacional, sólo se podrá tomar un nuevo puesto cuando hubiera dos bajas vigentes; este decreto da continuidad a la norma que había impuesto el 3x1 -un alta por cada tres bajas- y por la cual entran directamente bajo convenio los empleados que responden a la gestión. La modificación habla de que se proponen despedir empleados de carrera y contratar para cargos políticos a los ´fieles´.
Télam, la agencia de noticias, perdió el 79% de sus trabajadores; el INCAA, el 51,3%; la Casa de la Moneda, el 44%; y la ANDIS -la Agencia Nacional de Discapacidad- pasó a la órbita del Ministerio de Salud con una reducción del 35,6% de sus empleados originales. El primer organismo en pasar a depender de otro fue el INADI, cuyas tareas iban a ser absorbidas por el Ministerio de Justicia por considerar que “estaban duplicadas” y meses más tarde desapareció con la totalidad de sus empleados. El mismo destino sufrió el Ente encargado del saneamiento de obras hídricas -ENOHSA- que pasó al Ministerio de Economía y a los dos meses desapareció junto a los 354 trabajadores que albergaba.
Allí donde sucedían los despidos y los contratos se firmaban cada tres meses, hubo peleas myores o menores, según el caso, para enfrentar el vaciamiento y el cierre de organismos. El gobierno fue cambiando de estrategias, y pasó de despidos masivos a despidos por goteo, jubilaciones compulsivas y una asfixia salarial que llevó a muchos trabajadores a renunciar.
Dentro de los organismos descentralizados, ARCA (ex AFIP), CONICET y ANSES suman casi 7.000 mil despidos y están entre los señalados para la tanda de despidos en 2026. El mismo decreto que anula las incorporaciones al Estado señala que todos los recortes de trabajadores se realizaron “sin afectar la prestación de servicios esenciales del Estado”, esto mientras se incendia la Patagonia y los trabajadores de Parques Nacionales denuncian atraso en el pago de los salarios, falta de personal y de insumos necesarios para combatir el fuego.
El gobierno de Javier Milei y Federico Sturzenegger, al frente del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, se encargaron de esta faena. Mientras la paritaria estatal quedó congelada y con más de un 35% de retraso respecto de la inflación interanual, el ejecutivo autorizó el aumento del 90 % para los funcionarios políticos.
En medio de tarifazos en los servicios, el transporte y la comida y con la amenaza permanente de nuevos despidos el gobierno aprovecha para amedrentar a los y las trabajadoras con el armado de nuevas listas, parte de ello es que en algunos organismos se están renovando los contratos por tres meses como en 2024. Ante las amenazas permanentes de nuevos despidos, la precarización de las condiciones de trabajo y los bajos salarios necesitamos asambleas sin distinción de sindicatos para reorganizar la lucha.
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