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El ministro de Defensa Carlos Presti se encuentra cuestionado por haber contratado a una empresa proveedora de alimentos para la Armada que el anterior ministro, Luis Petri, había dado de baja por sospechas de corrupción, luego de una auditoria interna.
Presti, como si nada hubiera pasado, volvió a contratar a la misma empresa, State Grid, para encargarle la provisión de alimentos para la Armada. En el sitio web de la empresa se puede leer que su objeto social es “la fabricación de productos esenciales como leche, yerba mate y aceites con procesos de alta calidad para el mercado mayorista"; asimismo afirma que se encarga de "la distribución de alimentos a lo largo de todo el país, garantizando entregas confiables a escuelas, Fuerzas Armadas, municipios y más".
Un alto funcionario de Defensa informó que “Petri la había sacado del Ministerio esgrimiendo el resultado de una auditoría que encargó y arrojó que la firma entregaba un 25 % menos de los alimentos que se habían comprado” (LPO,15/2). La misma empresa estuvo involucrada en otro escándalo, esta vez en el Ejército, por el gasto de U$D 200 millones por la provisión de postres. Presti, siendo jefe del Estado Mayor General del Ejército, no podía ser ajeno a esta situación, sino, más bien, parte necesaria de esa operación de sobreprecios.
Un dato no menor, en el marco de la injerencia de Estados Unidos en las relaciones comerciales de la Argentina, es que State Grid Argentina S.A. es subsidiaria de State Grid Corporation of China, la empresa de transmisión eléctrica más grande del mundo. Como hemos señalado en estas páginas. El ascenso de Presti al Ministerio de Defensa tiene como objetivo final profundizar la sumisión en materia de defensa a los criterios de EE. UU., en la línea desarrollada por su predecesor, el ahora diputado Luis Petri.
Este escándalo se da cuando Presti es observado por miembros de las FF. AA. por diversos temas que atraviesan a la “familia militar”, por ejemplo, la caída de los salarios y la crisis de la obra social. Una de las cuestiones por la que es objetado por sectores castrenses es que, por medio del DNU firmado por Javier Milei, Presti no fue pasado a retiro -al igual que otros militares que cumplen funciones civiles en el Ministerio de Defensa- para asumir el cargo ministerial. Desde la Armada sostienen que cobra el doble que un almirante gracias a ese "decreto a su medida", algo que irrita al extremo a sus compañeros de armas, más cuando una parte importante de los miembros de las FF. AA. cobran salarios por debajo de la línea de pobreza. Hacia dentro de las fuerzas, la bronca hacia el Gobierno crece dado que los militares “quedaron desfasados en relación a las fuerzas de seguridad porque para ahorrar, Milei abandonó el plan de jerarquización salarial que empezó a implementar el anterior gobierno [de los Fernández]” (ídem).
El arma más enconada con Presti es la Armada. En esa fuerza "Presti se volvió una mala palabra" por haber asumido el cargo de ministro de Defensa sin aviso previo a las cúpulas castrenses. En la asunción de Presti, dando cuenta del malestar, el entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada, el Vicealmirante (R) Carlos María Allievi, no concurrió a la ceremonia.
Pero el punto de inflexión definitivo fue la reforma de la Ley de Personal Militar que le permite a Presti y a otros militares ocupar cargos políticos sin ser pasados a disponibilidad. El mismo militar en funciones señaló que "esta fue la gota que derramó el vaso porque es demasiado evidente que está laburando para él y su grupo de amigos". Desde la Armada y desde la Aeronáutica se opusieron a esta normativa por entender que daba paso a una subordinación a la “política”, evidenciando los contrapuntos hacia dentro de las FF. AA. El gobierno liberticida las quiere tener alistadas para llevar adelante la represión interna y que cumplan con tareas de inteligencia. En este sentido, los miembros de la “familia militar” le demandan al Gobierno un reaseguro para no quedar expuestos ante la Justicia. El Gobierno, hasta el día de hoy y a pesar del militarismo blandido, no le ha dado respuestas al respecto.
Otro punto que le señalan desde dentro de las Fuerzas es que no realizó la “limpieza” que los uniformados esperaban y hablan de una “purga quirúrgica”, que no respondería a las necesidades castrenses, sino que se trataría de una estrategia de Presti y su camarilla, para contener intereses particulares y frenar la bronca por la decisión de no retirarse para asumir el cargo político.
Presti también debe afrontar la quiebra de la disuelta IOSFA, que dejó a los miembros de las FF. AA. sin cobertura en medicamentos y otras prestaciones sociales. La obra social, más allá de su reestructuración, mantiene una deuda de $ 200.000 millones con hospitales y clínicas de todo el país, que dejaron sin cobertura a los militares, y en el corto plazo no se avizora quién se hará cargo de la deuda. El gobierno liberticida, en el que Presti se ha enrolado, llevó adelante la motosierra hacia dentro de las FF. AA., que tiene su correlato en las deserciones masivas y la precarización de sus miembros. En lo que va del gobierno de Milei se registraron más de 19.000 bajas -la mayoría de ellas, entre soldados voluntarios- debido a las bajas remuneraciones.
