DNU 941: mayor injerencia de los militares en tareas de inteligencia

La designación del teniente general Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa en diciembre pasado, adquirió mayor relevancia con la publicación del DNU 941, que reforma la Ley de Inteligencia (25.520), y que representa un cambio sustancial en materia de inteligencia por parte de la pandilla libertaria.

Entre las modificaciones que introduce se encuentra la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que dependía del Ministerio de Defensa. Según los considerandos del DNU, su existencia generaba superposición de funciones y una estructura sobredimensionada respecto de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Desde ahora, será este último organismo el encargado de la producción de Inteligencia Estratégica Militar, con una doble responsabilidad informativa hacia el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto, dándole mayor injerencia a los militares en el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), lo que fue recibido en las Fuerzas Armadas como una reivindicación a las fuerzas, a la vez que les da un mandato para coordinar tareas. Si bien el decreto coloca al frente del sistema de inteligencia militar al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, sus agentes tendrán “una dependencia funcional” del ministro del área, es decir de Presti, que con estas reformas se ve fortalecido. Dentro de la lucha de camarillas palaciegas, Presti responde a Karina Milei, enfrentada con Santiago Caputo, quien se supone políticamente a cargo de la SIDE y con estrechos vínculos con las agencias internacionales de inteligencia (CIA y MOSSAD) y la derecha continental. De esta manera los liberticidas militarizan la inteligencia. Durante los gobiernos K, con el ascenso de César Milani, se privilegió la inteligencia militar como resultado de la crisis entre el kirchnerismo y la camarilla de “Jaime” Stiuso.

Con el decreto 941 se elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que era subsidiario del Ministerio de Defensa, a la vez que se crea la dirección del Estado Mayor Conjunto, que estará bajo la dirección de los altos mandos militares, y contará con un presupuesto de $ 112.032 millones. Estos fondos se agregan a los $71.715 millones destinados anteriormente al Ministerio de Defensa, para llevar adelante tareas de inteligencia. Pero como el Decreto 941 pone a la Secretaria de Inteligencia en el vértice del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), ella tendrá bajo su control el manejo de las partidas presupuestarias y la conducción directa de la planificación estratégica, la coordinación interinstitucional y la producción de inteligencia nacional. A su vez se le da a la SIDE mayor discrecionalidad en el manejo de los fondos reservados y los espías tendrán una mayor capacidad de acción, como por ejemplo detener a personas en flagrancia sin la necesidad de contar con una orden judicial, dando aviso a la policía, obviando la intervención de la Justicia y las operaciones en las que estén embarcados los agentes de inteligencia tendrán el carácter de encubiertas, sin dar mayores precisiones sobre estas tareas. La Nación accedió a una fuente del entorno del ministro de Defensa, la cual aseveró que “todo el presupuesto de inteligencia del Estado lo manejará la SIDE”, tratando de desestimar posibles disputas internas por el manejo de las partidas presupuestarias (La Nación, 19/1).

Desde el Ministerio de Defensa señalan que los cambios introducidos por el Decreto 941 por los “reformistas” libertarios, apuntan a lograr “un trabajo más coordinado y de mayor confianza entre las fuerzas militares y la SIDE, sin compartimentos estancos” (ídem). Estamos en presencia de una centralización de tareas para espiar, perseguir y coaccionar, en síntesis, un Estado policial, que los liberticidas presentan como “un sistema más cohesionado, en el que la producción de inteligencia estratégica se base en información integrada, oportuna y verificable” (Infobae, 2/1).

Como señalamos antes, la revitalización de la injerencia de los militares en materia de inteligencia estuvo precedida por la designación del ex teniente general Cesar Milani, quien ejerció el cargo de jefe de Estado Mayor General del Ejército entre julio de 2013 y junio de 2015, convirtiéndose en el hombre fuerte de la inteligencia hacia dentro del Ejército durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, quien “alentó la expansión del aparato militar en momentos en que desconfiaba de la estructura de la SIDE que respondía a Antonio ‘Jaime’ Stiuso” (La Nación, 19/1).

Los militares también han recibido con beneplácito la conformación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia y la derogación de la resolución 1020, del año 2009, impulsada por la entonces ministra Nilda Garré, que impedía a las Fuerzas Armadas realizar esa actividad. Sobre este punto, y dando su aval a las reformas, el teniente general retirado Juan Martín Paleo, que condujo las Fuerzas Armadas entre 2020 y 2024, señaló: “Es sentido común. El nivel estratégico militar del Estado Mayor Conjunto producirá su propia inteligencia y el Comando de Operaciones, la inteligencia operacional. Ambas las hacía hasta ahora el Ministerio de Defensa, lo cual es absurdo. Y las tres fuerzas seguirán haciendo la inteligencia del nivel táctico. Así funciona en el 99% de los países”. Paleo puso sobre la mesa el alcance del nuevo organigrama del SIN, al señalar que las reformas “salen de la lógica ideologizada del consenso democrático que buscaba licuar el poder de los militares” y advirtió que “habrá que estar atentos a cómo se instrumentarán los cambios” (ídem).

Las partidas presupuestarias destinadas a tareas de inteligencia de las Fuerzas Armadas incluidas dentro del Presupuesto 2026, votado en diciembre último, dan cuenta del encumbramiento de los sectores castrenses en el Estado policial montado por los liberticidas. Con la finalidad de sostener la inteligencia operacional táctica, el Ejército recibirá, a través de la Dirección General de Inteligencia, $40.132 millones y $727 millones para el funcionamiento de unidades de inteligencia, dentro de la Dirección General de Organización y Doctrina. Por su parte la Armada para tareas de inteligencia dispondrá de $34.206 millones y la Fuerza Aérea recibirá $32.997 millones. Mientras tanto, el Estado Mayor Conjunto será el órgano de las Fuerzas Armadas que menos partidas presupuestario reciba, a pesar de que tendrá bajo su mando todo el funcionamiento de la inteligencia militar, y en tal sentido recibirá “$3.920 millones, de los cuales $2.677 millones se envían a las delegaciones y agregadurías en el exterior; $650 millones se destinan a la capacitación en el Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y $650 millones, a la formación de Inteligencia Conjunta en el mencionado instituto militar” (ídem).

El personal de las Fuerzas Armadas destinados a tareas de inteligencia, que por obvias razones se desconoce el número y sus identidades, se compone por efectivos cooptados hacia dentro de las fuerzas y personal civil, conformando una gran estructura distribuida territorialmente. En este punto, lo liberticidas abrevan del legado dejado por Milani, quien en su momento impulsó la creación de “unidades de nivel táctico, compañías y secciones de inteligencia, incluso en lugares alejados de las grandes ciudades” (ídem), promoviendo a civiles en tareas de análisis y tareas administrativas.

La injerencia militar en la esfera de la inteligencia se da en el marco mayores acercamientos con los Estados Unidos en materia de defensa y agenda hemisférica. Desde el Ministerio de Defensa se comunicó que el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Daniel Martella, sostuvo una reunión en Buenos Aires con Leandro Rizzuto, representante permanente de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde ambos equipos ratificaron la prioridad de la seguridad hemisférica, la estabilidad regional y una reforma institucional del organismo orientada a “resultados, eficiencia y transparencia” (Escenario Mundial, 14/1). A la subordinación de la SIDE por el Mossad y la CIA, se le suma el total alineamiento de las Fuerzas Armadas a la doctrina de seguridad enarbolada por el trumpismo, convirtiéndolas en subsidiarias de la estrategia militar de los Estados Unidos, dando operatividad militar y de inteligencia a la reconfiguración mundial que quiere imponer Trump mediante el garrote del Tío Sam.

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