Lineamientos para el debate sobre situación nacional
Congreso de Política Obrera (Partido Obrero Tendencia)
Tiempo de lectura: 31 minutos
Argentina se encuentra, a todas luces, en un nuevo ‘defol’, aunque nunca superó la cesación de pagos de abril del 2018 y el subsiguiente ‘rescate’ del FMI. Este ‘rescate’ elevó, contradictoriamente, varios peldaños más la cesación de pagos. El ‘defol’ de Argentina acentúa hasta el límite una crisis de poder. Luego del rechazo del proyecto de Presupuesto 2022, por parte del Congreso, y el rechazo del FMI a la propuesta de déficit fiscal presentada por Martín Guzmán, el gobierno se ha lanzado a una poda de gastos sociales, un salto en la devaluación del peso y un variado número de maniobras financieras. Aunque advierte, de este modo, la intención de llegar a un acuerdo como sea con el Fondo, y a descargar las consecuencias sobre las espaldas de los trabajadores, no ha salido de la encrucijada de defoltear el préstamo del Fondo, luego de haber pagado intereses sobre ese préstamo durante dos años.
Varios factores ponen en evidencia la situación de ‘defol’. Por un lado, el colapso de la deuda reestructurada hace dos años, que cotiza a menos de un tercio de su valor nominal (exactamente a un 27%) y al 35 % de su valor estimado al momento de esa reestructuración. El ‘plazo de gracia’ para empezar a amortizar el capital, otorgado por esta reestructuración, que vence en 2024, no ha servido para reconstituir la situación financiera del Estado, ni para modificar la tendencia al creciente empobrecimiento popular. Tampoco ha servido para mejorar las reservas internacionales del Banco Central, a pesar de un superávit del comercio exterior de 15 mil millones de dólares en dos años consecutivos. Otra manifestación del `defol´ es la deuda impagable del mismo Banco Central con los bancos locales, por 40 mil millones de dólares, en concepto de Leliqs y operaciones interbancarias de plazos diarios. De otro lado, una parte importante del patrimonio del BCRA está constituído por títulos públicos intransferibles de un Tesoro quebrado. Los bonos en dólares en el Banco Central y en Anses han sufrido la desvalorización general de la deuda pública. Ambos están quebrados – el sistema financiero y la atención de las jubilaciones. Existe, por otro lado una salida constante de depósitos bancarios, tanto en pesos como en dólares.
La deuda de Tesoro en el mercado local ha crecido por el equivalente de 50 mil millones de dólares en dos años. Es la vía lucrativa de salida para los tenedores del excedente de emisión monetaria, frente al alto costo de los dólares paralelos. Es una deuda costosa que se espiraliza debido a que se indexa por inflación, que sube a diario, o por dólar, sujeto a una alta expectativa de mega devaluación. Otro crecimiento de la deuda pública tiene lugar en el mercado de futuros, donde se ofrece un seguro de cambio a quienes canjean pesos por divisas. Esta suma de indexaciones financieras llevan a pérdidas colosales al Tesoro y al Banco Central en un futuro cercano. La tentativa de pasar las deudas del BCRA al Tesoro, para eludir el peligro de hiperinflación que provocaría su pago, conduce de frente a una violenta política de ajuste por parte del Tesoro. La inflación no es otra cosa que la expresión de la crisis monetaria que provoca la deuda pública y la cesación de pagos del Estado. La desvalorización de la deuda pública impagable, determina la desvalorización de la moneda de ese Estado. El ‘defol’ es la ‘causa’ principal del fenómeno ‘multicausal’ de la mega inflación de precios. La inflación, a su vez, expresa un proceso de disolución de las relaciones de mercado y por lo tanto de las relaciones sociales en general. Es la premisa de una crisis de poder y, a término, de una crisis revolucionaria.
El cronograma de pagos al FMI, que se ha acordado más allá de la discordia acerca del déficit fiscal, no cambia el estado de ‘defol’. De acuerdo a la información oficial, ese cronograma compromete a Argentina a pagar 9 mil millones de dólares al año en 2022/23, 22 mil millones anuales hasta 2027 y en forma decreciente desde allí. El grueso de este calendario corresponde, en el corto plazo, al pago de intereses de la deuda pública externa, o sea que no computa los pagos de la deuda internacional del capital privado – unos 100 mil millones de dólares, que requiere también, en gran parte, de las reservas del Banco Central. Luego de 2023 hay que hacer frente a los vencimientos de capital.
A la luz de esto, los observadores estiman que Argentina deberá volver a renegociar, en dos años, la deuda externa con los bonistas, imposible de saldar. La causa principal de la inflación ‘multicausal’ seguirá haciendo de las suyas. Este calendario, sobre el cual hay ya un acuerdo entre los Fernández y el ‘board’ del Fondo, no contempla la espiral de la deuda local indexada o la del Banco Central, que sigue creciendo como bola de nieve. En definitiva, el calendario de pagos previsto en el acuerdo entre Argentina y el FMI no resuelve ninguna cuestión – ni el ‘defol’ ni la inflación, y acentúa la inflación y las perspectivas de una nueva recesión. Este resultado acentúa la tendencia a una crisis de poder. El calendario articulado por el ‘broker’ Martín Guzmán y los ‘brokers’ del FMI es un “lecho de Procusto” – exige serruchar el cuerpo social del país para encajarlo en el féretro que han diseñado los fondos internacionales y nacionales. No es, sin embargo, sólo un ‘plan siniestro’ – es ‘simplemente’ una de las variantes siniestras del capital para resolver una crisis capitalista, en este caso de la magnitud que enfrenta Argentina. La cuestión de ‘la deuda’ plantea, nuevamente, una crisis de poder.
La discusión con el FMI se ha convertido en un asunto político de conjunto, que afecta a todas las fuerzas políticas y las clases sociales. Plantea la inviabilidad de la estructura económica y política de Argentina. Un colapso de Argentina precipitaría crisis de poder y revolucionarias en América Latina.
La recuperación de la economía en 2021, luego del colapso provocado por la pandemia en 2020, en especial debido al auge de la agroexportación, se encuentra muy lejos de restablecer los equilibrios económicos que Argentina ha perdido hace largo tiempo. Las previsiones de crecimiento para 2022 son mediocres; la demanda laboral será inferior al ingreso de nueva fuerza de trabajo. Tampoco es viable que esos desequilibrios se corrijan como consecuencia de un aumento gradual de la actividad económica. Más bien lo contrario – los reanimamientos económicos potencian, en general, los desequilibrios preexistentes, cuando son de altas dimensiones. El calendario convenido entre los Fernández y el FMI tampoco contempla el remedio transitorio de un ingreso de capitales, como ocurrió en 2016/7.
La tesis macrista de que el ‘defol’ es un invento ‘populista’, porque las deudas públicas y privadas se reciclan, fue desmentida, precisamente, bajo el gobierno de Macri. Macri usa ese criterio para esquivar las deudas que supo contraer. Luis Caputo, el ‘célebre’ ministro de Economía de Macri, contrajo una deuda de 9 mil millones de dólares, en previsión de los pagos de deuda que debían hacerse en 2018, y reforzó adicionalmente ‘la confianza’ de ‘los mercados’ con la emisión de un bono usurero a cien años de plazo. Fue, sin embargo, en ese mismo 2018 cuando Caputo usó la tarjeta de ahorro de los 9 mil millones de dólares para financiar la fuga de capitales, lo cual desvalorizó en un año un bono con seguro de vida por cien. Lo hizo antes de verse obligado a ir al FMI, para continuar financiando la fuga que no pudo contener.
No le ha ido mejor a la tesis ‘desendeudadora’ de los K, que consistió en estatizar la deuda externa con el dinero del Fondo de Anses y el Banco Central. Una operación confiscatoria. La operación ‘nacional y popular’, como es natural, fue saludada por todo el arco macrista – ‘el dinero mata ideología’. El macrismo saludó ese ‘desendeudamiento’ pagado por los jubilados y los contribuyentes, como la reapertura de un espacio financiero para re-endeudarse. El ‘choque contra la realidad’ de las dos corrientes políticas principales de Argentina es la evidencia de un impasse descomunal del conjunto de la burguesía nacional. Es la base granítica de una crisis de poder. Los Vicentin, Molino Cañuelas, Garbarino pagaron con la quiebra su asociación a estas aventuras, y lo mismo ha ocurrido con Ledesma, Arcor, Pampa Energía o YPF, que han registrado pérdidas importantes, caídas gigantescas de sus acciones y por supuesto la reestructuración de sus deudas.
La capacidad de reciclar deuda no es, sin embargo, un privilegio del que disponen Argentina y los países de la periferia. Quienes gozan aún de esa ventaja, por ejemplo las empresas ‘zombies’ de Estados Unidos, que reúnen una hipoteca que se aproxima a los 20 billones de dólares, enfrentan, sin embargo, la amenaza de un evento de ‘default’ que haría saltar los tapones de la economía mundial. Por este motivo, el reciclamiento de la deuda tiene lugar a través de crisis económicas y financieras cada vez mayores. El ‘defol’ es un procedimiento de desvalorización de las deudas impagables, y ha sido el procedimiento de salida, por excelencia, del capitalismo a través de la historia. A nivel internacional, el síndico aparente del concurso es el FMI; en realidad, lo fueron en una época los bancos y ahora los fondos internacionales, siempre las grandes potencias. La inevitabilidad de los impagos, del ‘defol’ y de la quiebra es reconocida en los contratos de préstamos internacionales, que incluyen por anticipado una prima de ‘defol’, o sea tasas por encima de la tasa de interés internacional, conocida popularmente como ‘riesgo-país’.
Argentina se ha endeudado a primas elevadas, como por otra parte, el resto de los países de la periferia, que como regla general aceptan tasas superiores al crecimiento promedio de su PBI nominal. El ‘riesgo-país’ de Argentina, en casi dos mil puntos, significa que sólo puede contraer deuda a una tasa un 700% superior a la vigente en los principales mercados internacionales. La bancarrota financiera de un estado se encuentra asociada siempre a una crisis de poder. Así ocurrió con Isabelita, Galtieri, Alfonsín y De la Rúa; el kirchnerismo perdió en 2015, y a Macri lo salvó el ‘gong’ en el último round.
La pandemia y el deterioro de las condiciones financieras internacionales no ofrecen una opción de rescate indoloro para Argentina: ha resurgido la inflación de precios y se renueva una tendencia a la desvalorización de la deuda pública de los países ‘centrales’, y por lo tanto a un aumento de la tasa de interés internacional. Este mismo fenómeno, aunque acotado en el tiempo, selló en 2018 el destino del gobierno de Macri. Los países dependientes no contraen deudas astronómicas debido a que gestionan crecientes déficits fiscales, como dicen los libertarios y los analfabetos financieros. Es al revés – sus déficits fiscales aumentan como una vía de salida para los capitales monetarios, que sobre abundan en el mercado mundial. El Tesoro de los estados es la guarida del capital que no encuentra en las inversiones corrientes el lucro que ofrecen las finanzas públicas con la garantía de los contribuyentes. Es natural entonces que las crisis financieras del sector público se hayan convertido en regla. El gobierno y también el macrismo han descargado la hipoteca de la deuda pública en la inflación, que permite desfinanciar el sistema de salud, desvalorizar los ingresos de los jubilados, la asistencia de miseria a los desocupados y el salario real, pauperizando a la pequeña burguesía. La ruta que se esboza con el FMI lleva a un estallido de estas tendencias destructivas y de las contradicciones que operan detrás de ellas.
La incapacidad Argentina para amortizar deuda es común a una mayoría de estados periféricos, incluidos los grandes, como Brasil. La pandemia ha desatado un endeudamiento público excepcional, no para atender a los contagiados o fortalecer el sistema de salud o enfrentar la crisis de vivienda y de infraestructura básica, sino para rescatar y subsidiar a las grandes corporaciones, cuya solvencia fue amenazada por la debacle de la salud y la vida de los trabajadores. Algunos economistas advierten que esta abundancia de dinero podría incentivar la demanda de consumo de aquí en más, ante un atemperamiento de la pandemia, que no parece tampoco atemperarse. No es, sin embargo, lo que se vislumbra. Los bancos centrales se han retraído del financiamiento del sector público, incluso cuando, como ocurre en Estados Unidos, el gobierno proyectó gastos fiscales extraordinarios para reavivar la demanda y reconstruir la ruinosa infraestructura de ese país. Buscan ‘desinflar’, en forma ordenada, el endeudamiento internacional, que se acerca a los 400 billones de dólares, cinco veces el PBI internacional.
Los fondos acreedores de Argentina, por esta misma razón, organizan su retiro de Argentina, no un reciclamiento. Para ello buscan elevar la cotización actual de los bonos en su poder, por medio de una mega devaluación del peso y de un aumento de la tasa de interés interna. Algunos de ellos han obtenido del ‘gobierno popular’ la conversión a dólares de sus créditos en pesos al tipo de cambio oficial – un delito penal, que no ha sido objeto de interés de la ‘guerra judicial’. El propósito de la devaluación es mejorar todavía más el superávit del balance comercial. La devaluación beneficia a los pulpos exportadores de la agroindustria, de la industria automotriz, de varias producciones regionales, de la exportación de petróleo y de la industria anexa a la exploración, explotación y transporte de combustible – todos los cuales son también acreedores financieros de Argentina. Bingo. Esta ‘salida’ al ’defol’ y a la crisis industrial es sencillamente explosiva frente a las necesidades apremiantes de las masas. Que el capital tenga una vía de salida, porque “las situaciones sin salida no existen”, no significa que ella ofrezca una salida a la crisis social tomada en su conjunto. Los procesos revolucionarios, y también las guerras, se alimentan de esta contradicción.
El ‘defol’ es la base última del impasse político excepcional que domina a Argentina. Este impasse se manifiesta de un modo extraordinario en la salud pública y en el campo laboral, donde el gobierno y el régimen político en general han perdido la brújula y se agotan en improvisaciones a costa de la salud del mundo del trabajo. Argentina ha perdido más de 120 mil vidas – un número enorme vista su población. La consigna de ambas orillas de la ‘grieta’ es ‘arréglense como puedan’; se ha abandonado hasta la presencialidad con protocolos y burbujas, y el aislamiento de contactos estrechos. La carga financiera para la lucha contra la pandemia ha escalado sin cesar – desde el precio de las vacunas, sumado al número de dosis; los precios de respiradores, barbijos quirúrgicos y jeringas; el costo de los insumos de la producción sanitaria y el de la atención médica. El ‘ajuste’ nacional y popular se ha hecho contra estos gastos. El trabajo ha sido convertido de “libre” a forzado, porque se aplica a los contagiados y a los que se contagien de ellos. En EEUU ha dado lugar a “la gran renuncia”, un movimiento relativamente masivo de abandono del empleo. Por primera vez, algunos sindicatos plantean una lucha contra la presencialidad laboral de contagiados efectivos o potenciales, mientras que la masa de la burocracia tradicional y varias direcciones kirchneristas ‘recicladas’, han cerrado filas con el gobierno, en atención al temor a su colapso político.
El kirchnerismo ha dejado en claro, desde un comienzo, que la reestructuración de la deuda con el FMI y el destino de la deuda reestructurada con los acreedores privados, dependía de un acuerdo de veinte años de plazo con el Fondo, una rebaja de la tasa de interés establecida por el organismo e incluso una “nueva arquitectura financiera internacional”. El nombre pomposo se refiere a redistribuir los Derechos Especiales de Giro, que fueron emitidos por 650 mil millones de dólares, hacia los países con crisis de deuda. El ‘reciclamiento’ de la deuda estaría a cargo, entonces, de los Tesoros que tienen más derechos sobre esa pseudo moneda. Aprobados para asistir a gastos de pandemia, esos 650 mil millones de dólares no han sido aplicados, sino mínimamente, ni a unos ni otros. El gobierno carece de los recursos financieros ficticios para gobernar.
Todas las fuerzas patronales en presencia son concientes de que el régimen político carece de recursos, disposición y capacidad para imponer el ‘ajuste’ que plantea del FMI – incluso el FMI. De ahí que se renueve la propuesta de adjuntar como préstamo al nuevo programa el remanente del otorgado a Macri - unos ocho mil millones de dólares que no fueron usados. Otra carta en la baraja sería que el FMI lo hiciera mediante la devolución a Argentina de los DEG, unos cuatro mil y pico de millones de dólares, que Argentina entregó en el último pago de vencimientos al FMI. No sería una salida al ‘defol’ sino un puente para que el gobierno sobreviva hasta finales de 2023.
La cuestión central seguiría en pie, la inflación. Incluso un “pacto social” sería un ajuste monumental, luego de la desvalorización que ya han sufrido los trabajadores. La devaluación del peso y el aumento de la tasa de interés, que ya fue aceptada por los Fernández, sería suficiente para quebrar este esquema. La burguesía mete a las jubilaciones en el paquete fiscal, cuando ellas han estado, históricamente, afuera de él, como un sistema autónomo del Tesoro, que esa misma burguesía y sus gobiernos convirtieron en fiscal a fuerza de reducir o exentar los aportes patronales, poner en negro gran parte del balance y los salarios de las empresas y, por último, asignar las partidas del Fondo de Sustentabilidad de Anses a estatizar la deuda pública.
La crisis de régimen político, un bonapartismo huérfano
El FdT llegó al gobierno en un escenario de aguda crisis política - el Financial Times señaló nada menos que “un vacío de poder”, o sea una transferencia adelantada del mando. Con el cambio de gobierno se suma una adicional, porque asume un Presidente crisis por delegación. El círculo de Alberto Fernández está formado por la fracción del peronismo de la Capital que se agrupó detrás de la candidatura Cavallo-Béliz en el 2000. La alternativa ‘Alberto al gobierno, Cristina al poder’, no pudo haberse repetido, como ocurrió en 1973, sino, de nuevo, por medio de un inviable golpe de estado. Con Massa se incorpora la corriente que desalojó al kirchnerismo en 2013-15 y cogobernó con Macri y los plutócratas de Davos. El FdT es un remedio circunstancial, un frente político de rescate. Se encuentran afuera los gobernadores peronistas, que tienen sus propias coaliciones provinciales, a veces con el macrismo, y la burocracia de los sindicatos. Son a los que recurre AF cuando se encuentra en aprietos. El intento, si lo hubo, de convertir a este conglomerado en coalición, no tuvo destino.
La administración pública, en las reparticiones, reproduce la ficción del binomio presidencial. La derrota en las Paso de septiembre hizo estallar este sistema de gobierno. La renuncia (‘no indeclinable’) de los ministros y funcionarios K fue el ensayo de una futura ruptura. El desenlace redujo la autonomía de AF y también de Kicillof. De todos modos, no resolvió ninguno de los problemas planteados, menos la cesación de pagos. El arbitraje de un tercero en discordia, o sea la designación de José Manzur como jefe de Gabinete, en lo que se calificó como gran maniobra, tampoco modificó el impasse, ni dio paso a una Liga de Gobernadores que contrapesara al kirchnerismo.
El gobierno ha perdido las mayorías parlamentarias, en momentos en que el Congreso tiene asignado un rol de árbitro para validar un acuerdo con el FMI. El primer efecto fue el rechazo del proyecto de Presupuesto 2022, que dejó a la administración pública sin hoja de ruta; Guzmán comenzó las reasignaciones de partidas del Presupuesto vencido, con recortes en subsidios, que anticipan las tarifas que reclama el FMI. De otro lado, la aprobación del proyecto oficial de ley de bienes personales tuvo lugar en una “sesión especial” convocada y con el quórum de la oposición, con el propósito contrario al del oficialismo – bajar el impuesto, no subirlo. El proyecto sólo logró la media sanción como consecuencia de los votos del FIT-U - un hecho inédito en una situación de impasse política general.
El gobierno apela cada vez con mayor frecuencia a los decretos de necesidad y urgencia, incluso para cuestiones secundarias. Es la evidencia un régimen político invertebrado. Ahora enfrenta dos obstáculos mayúsculos – de un lado la oposición cada vez mayor de la Corte de Justicia y, del otro, la dificultad para convalidar los DNU en el Congreso. En este escenario, la tentativa de la Suprema Corte de presidir el Consejo de la Magistratura, mediante la declaración de vigencia de una ley derogada por el Congreso hace una década y media, irrumpe como un mini-golpe de estado no declarado. El Tribunal Supremo se ha convertido en el árbitro de los desquicios que se producen en tribunales inferiores y, por sobre todo, en la Justicia Federal. El conjunto del régimen judicial se encuentra vaciado, con muchos jueces suplentes y subrogantes y choques repetidos en la Justicia Federal. El enorme vacío judicial y de seguridad tiene su pico, en primer lugar, en la provincia de Santa Fe, donde las conexiones con el narcotráfico incluyen al Senado de la Provincia. Argentina no es, en todo esto, un caso bizarro o excepcional: en Brasil, el fiel de la balanza de la crisis política está en manos del Superior Tribunal de Justicia, el cual solamente se lo podrían arrebatar las Fuerzas Armadas. Algo similar ocurre en Estados Unidos, donde la Corte Suprema debe dirimir los conflictos de vacunación suscitados por la pandemia, y también el ataque a los derechos electorales a la ciudadanía por parte de varias Legislaturas ‘trumpistas’ empeñadas en trampear los resultados de las elecciones de finales del presente año.
De otro lado, ha recobrado dinamismo político el espionaje de los servicios, incluida la difusión pública de ese mismo espionaje. La revelación del caso ‘Pata’ Medina, por parte de la AFI apunta, entre otras intencionalidades, a liquidar a varios candidatos de JxC, que gobernaron en el pasado reciente por medio del espionaje a adversarios y tropa propia, y a los luchadores en general. El incidente ha causado estragos en una oposición que retrocede desde que ganó las elecciones, y ha desatado una guerra mediática sin precedentes entre quienes deberán validar el acuerdo con el FMI. La paradoja de un ganador que retrocede y de un perdedor que cree que avanza, ha sembrado de incertidumbre al periodismo, pero obedece a la lógica ‘colapsista’ de la situación: colaborar con el gobierno o conspirar para derrocarlo. Los recursos que no tiene el gobierno, tampoco están al alcance de la primera oposición.
Las expectativas de que la crisis pueda ser mediada por el Departamento de Estado de USA revela el desconcierto de los protagonistas. A Biden no le interesa apaciguar la crisis interna del gobierno de los Fernández, ni lo ve como realista o siquiera viable. Tiene mejores ‘amigos’ entre una mayoría de gobernadores peronistas, la burocracia sindical y fracciones del FdT, y en la alternativa que ofrecen los Morales, Larretas y Lousteaus. El mismo Fernández se apresta a viajar a China y Rusia y a mantener reuniones con Putin y Xi, e insinúa, como lo más natural del mundo, que cuenta con la opción de un “giro al este”. No es sólo una fantasía. AF sale de viaje para vender desde otras capitales lo que, internamente, es una Presidencia cuasi decorativa. A Macri, ese procedimiento no le sirvió de mucho, aun cuando reunió a todos los presidentes del G-20 en Buenos Aires, ni que lo aplaudieran en el Teatro Colón.
El acuerdo con el FMI afecta al régimen político, porque las cláusulas leoninas y ajustadoras de ese acuerdo agravarán la desorganización económica y la crisis social. Ha dividido internamente al gobierno, por un lado, y a JxC, del otro. Macri ha decidido plagiar a Álvaro Alsogaray, que en 1976 planteó retardar el golpe militar hasta que la quiebra social le diera el aval popular al plan que venía a implantar. Algo similar es necesario ahora, dice Macri, para que se reúnan las condiciones políticas para retornar al gobierno. Es la posición de los fondos internacionales, que el gobierno quiere neutralizar inútilmente mediante gestiones en Washington, y antes en el Vaticano o Frankfurt . La alternativa -‘lleguemos a 2023 en base a un acuerdo con el FMI’- cuenta con el apoyo del núcleo exportador – agro-industrial, automotriz, siderúrgico y minero. Es la posición irreductible de la burocracia de la CGT. Luego de los cambios en el Congreso, luego de las elecciones recientes, este planteo requeriría un cogobierno Ejecutivo-Congreso, o sea un gobierno con mayoría parlamentaria, o un gobierno de coalición. El problema es que esto implicaría una ruptura en el FdT y en JxC, que lo haría inviable. Deja abierta la opción de un voto parlamentario para adelantar las elecciones presidenciales, con el aval tácito de la Corte Suprema.
En la actualidad, el régimen político de Argentina reposa sobre un bonapartismo políticamente huérfano de consistencia y de apoyos. Habría caído hace tiempo en un régimen parlamentario, pero en uno presidencialista arriesga una movilización política de clases y partidos y la convocatoria de elecciones fuera de término. El protagonismo que ha logrado el Congreso luego de las elecciones, y que se manifestó en las peripecias que tuvo el tratamiento de los proyectos de leyes de bienes personales, puede quedar neutralizado por la paridad relativa de fuerzas en pugna y dar paso a un gobierno de decretos de necesidad y urgencia, a su vez inviable. La pandemia ha fragmentado el régimen federal y ha convertido a la Corte de Justicia en el árbitro de las diputas entre las provincias y el estado nacional.
Las perspectivas de conjunto
El desarrollo de esta crisis excepcional y del régimen político, plantean la perspectiva de una crisis revolucionaria o pre-revolucionaria. En esta caracterización ocupan un lugar determinante el colapso del estado frente a la pandemia, y una disrupción económica y política internacional. La ofensiva político-militar de la OTAN contra Rusia, delinea la perspectiva de guerras crecientes, cualquiera sea el compromiso que alcancen unos y otros en las circunstancias actuales. No es un conflicto regional, su alcance es mundial. América Latina, golpeada por la pandemia en forma brutal, ha ingresado en un período de nuevo retroceso económico, crisis políticas y rebeliones populares. La seguidilla de victorias electorales de los Macri y Bolsonaro, acompañadas del golpe boliviano, no cumplieron con la promesa de derechizar el escenario latinoamericano. Se ha abierto un período de transición para preparar a la clase obrera a esta perspectiva revolucionaria. El descontento popular involucra a todas las clases sociales, que se manifestarán de acuerdo a sus propios intereses y a su propia maduración política. El tándem de los Macri-Bullrich-Milei-Negri-López Murphy se articula en función de una crisis de poder, lo mismo que el kirchnerismo, aunque a la defensiva. El larretismo, la mayoría de los gobernadores, la fracción de Massa, el círculo de Alberto Fernández, la burocracia sindical y el FIT-U lo hacen, desde sus propios intereses políticos, en función de asegurar las elecciones de 2023. La consistencia de este frente contradictorio de ‘centro’, se pondrá a prueba en la capacidad para articular el cuarteto de la gobernabilidad: Congreso-Ejecutivo-Suprema Corte-burocracia sindical. La lucha parlamentaria adquirirá una gran importancia en el próximo período, condicionada por la marcha de la crisis de conjunto y la intervención extra-parlamentaria de las clases sociales en presencia.
La preparación de la clase obrera en el período transicional señalado, consiste en desarrollar su autonomía política, por medio de la lucha y la organización. Es la cuestión estratégica, replanteada una y otra vez, en los últimos cien años.
La burocracia sindical ha sostenido al gobierno y al conjunto del régimen político en los últimos años, y en especial ante la crisis de la pandemia, con la única reserva de que se afecten sus ingresos por obras sociales. Ha fogoneado, con el ministerio de Trabajo la suspensión de elecciones sindicales en todos los niveles, lo que no hacía con relación a la protección de los trabajadores frente a la pandemia y a las presiones patronales.
En el período electoral de 2019, tuvieron lugar importantes luchas contra los cierres y vaciamientos de empresas, como ocurrió en Minetti, Kimberley, Suschem, Ansabo o Canale. La pandemia, enseguida después, debutó con la huelga de recibidores de granos en Timbúes, en el corazón de la exportación agro-industrial. Se desató fábrica por fábrica la lucha por los protocolos y la seguridad sanitaria. Esta lucha se ha acentuado como consecuencia del estrago que causa la variante Ómicron y la irreductible política de mantener abiertas las actividades sociales y económicas, forzando incluso la asistencia laboral de los contactos estrechos. La lucha más decidida fue librada en la docencia – en especial la provincia de Buenos Aires, la CABA, Santa Fe, Salta y Tucumán, a pesar de que las burocracias y el FIT-U defendían la pérfida tesis de “la presencialidad segura”. El FIT-U se opuso desde el comienzo a cualquier medida de confinamiento para cortar la circulación del virus, a la que denunció como propia de “un estado de excepción”, cercenatorio de las libertades públicas, anticipándose cómodamente a la campaña que lanzaría el ‘trumpismo’ a nivel internacional. El otro gran terreno de lucha fue, naturalmente, el mismo ámbito de la Salud, donde se destacaron la huelga y los piquetes en la provincia de Neuquén, y la lucha contra la represión policial.
En 2021, cuando se reanudaron las elecciones sindicales, la burocracia perdió varios cuerpos de delegados e internas. Es lo que ocurrió, por caso, en la alimentación –Frigorífico Beccar, Pepsico Mar del Plata, Fedesur; en la UTA – Chevallier, líneas 176 y otras. En la docencia, fue derrotada la burocracia celeste en Chubut, aunque la izquierda fue desplazada del SUTE, como consecuencia una fractura faccional en la coalición ‘unitaria’ del aparato del PO y del PTS. En la ex Shell en Dock Sud, la burocracia retuvo el aparato sindical, por medio del matonaje
La sobreexplotación laboral, reforzada como consecuencia de la pandemia, ha vuelto a colocar en el primer plano las reivindicaciones históricas de la enfermería, que han sido objeto de acampes, movilizaciones y piquetes. La “tercera ola”, en estos días, ha agravado la tensión en todos los centros de salud, colapsados por la demanda de testeos y atención de los miles de contagiados.
La burocracia ha acompañado la política de ‘ajuste nacional y popular’ con un régimen paritario de erosión inflacionaria del salario, en primer lugar a través de los aumentos en cuotas y las cláusulas de reajuste gatilladas. En esto consiste la “política de ingresos” que el propio FMI menciona en sus recomendaciones. Todo este escenario de regimentación del salario se va desarmando con la propia desintegración de la economía regulada del gobierno de los Fernández y sus “precios cuidados” o “controles de precios”.
Las elecciones sindicales han servido como guía o agenda para desarrollar agrupaciones alternativas a la burocracia, fundamentalmente en los lugares de trabajo o seccionales. La intensidad de la crisis ha llevado a la irrupción de comités o coordinadoras de huelga. Esto representa un salto en la acción de clase, que está destinada a alcanzar formas más generalizadas y políticas. La disputa por la dirección de los sindicatos, en empresas o ramas, y por la dirección de las luchas, es un rasgo fundamental de la situación política de la clase obrera en Argentina.
Lo confirma la lucha salarial en los últimos meses. Por ejemplo los piquetes de los choferes autoconvocados; la lucha de la Coordinadora –también autoconvocada- de los Limoneros de Tucumán, y de fábricas como Branca. Hacia fin de año, el derrumbe salarial desató la lucha en los call centers. Dado el descontrol previsible de la inflación, queda planteada la lucha por el ajuste salarial mensual o bi-mensual del salario, y con ello la convocatoria de asambleas para poner en marcha un plan de lucha para hacerlo efectivo. Lo mismo plantea la reforma laboral. La pandemia ha diezmado a planteles laborales, por lo tanto la necesidad de producción ha generado una formidable presión flexibilizadora. La burocracia sindical se ha comprometido a negociar y apoyar la reforma laboral gremio por gremio –es lo que ha ocurrido, por caso, en Toyota. En oposición a estos intentos es necesaria fijar los ritmos de producción y el reparto de las horas de trabajo, con la incorporación de nuevos trabajadores.
La más decisiva de todas las cuestiones es la lucha contra la política de piedra libre de los gobiernos a la pandemia. Es una lucha por la salud y la vida. La vacunación emergencial ha dado lo que tenía a su alcance, pero no ha detenido la pandemia, como lo demuestra Omicron. Los científicos no descartan la aparición de nuevas variantes. La aplicación de vacunas se encuentra todavía en déficit. La diseminación de contagios ha llevado al colapso, de nuevo, de los sistemas sanitarios. El gobierno, como en todos los casos, sale del paso con nuevos ‘ajustes’: privatización de testeos, obligación de asistencia laboral a contactos estrechos, eliminación del Covid como enfermedad laboral, discontinuidad del seguimiento de contactos estrechos. La difusión del virus obedece a la ausencia de una política de ‘cero Covid’, mediante confinamientos focalizados, seguimientos de casos, vacunación masiva. La explosión de variantes y contagios requiere un cambio radical de las políticas oficiales y, a término, de la transformación de las relaciones sociales capitalistas. Porque implica el desarrollo de un gigantesco plan de salud, que la medicina privada no querrá bancar, ni es compatible con un régimen de lucro privado. Un plan de salud con capacidad de seguimiento de las secuelas de los contagios, o sea de investigación y de formación científica y médica, y una multiplicación del número de centros de salud de las más diversas características. Plantea eliminar el sistema de patentes y ganancias extraordinarias, además subsidiadas por el Estado. Es necesario rechazar de plano el condicionamiento de la salud y la vida a la disposición que ofrezca el capital, porque conlleva renunciar a una y la otra. Una perspectiva de cambio histórico ofrece, en cambio, una base sólida a todos los reclamos inmediatos: aislamiento de contagios estrechos, control obrero de las condiciones de salud de lugares de trabajo y estudio – naturalmente, con poder de veto -, desarrollo de la conectividad digital, cambios del habitat barrial, mediante un plan de viviendas, de espacios verdes, de industrias limpias. Las modificaciones del régimen de trabajo y de producción desarrollarían los recursos que, bajo el capitalismo, van hacia el rescate parasitario de los fondos financieros y de los acaparadores de deuda pública.
Desde el macrismo ha crecido en forma exponencial el movimiento de desocupados. Las organizaciones ‘cayetanas’, que oficiaron de ‘oposición a su majestad’, bajo el macrismo, se han convertido en oficialistas y en gestoras de una organización de trabajos que no superan los ingresos de indigencia. Pretenden convertir a esta forma de explotación social en un nuevo régimen de producción y trabajo. Las movilizaciones de los sin trabajo ha recaído en las organizaciones que rechazan la cooptación estatal. No han logrado ni se han propuesto una unificación, con un programa de conjunto, con el movimiento obrero en lucha, sus expresiones combativas y sus direcciones independientes. Esto obedece, en parte, a una estrechez de propósitos – reclamos de alimentos y necesidades urgentes, o a una concepción ‘barrialista’ de la lucha reivindicativa, largamente asentada por movimientos populistas y foquistas en el pasado.
Obedece, en otra parte, a un sistema político clientelar, que establece compartimientos cerrados de organizaciones, lo que explica, en cierta medida, un pasaje de trabajadores de unas a otras con bastante frecuencia. De aquí emerge la gran contradicción de estos movimientos no oficialistas, que canalizan, por un lado, un movimiento explosivo de descontento popular, y que lo encierran, por otro lado, en límites estrechísimos y expectativas frustrantes. Ningún sistema capitalista en ‘defol’, o gobernado por el FMI, puede resolver las necesidades de estas masas. Lo que sí intenta hacer es desgastar a esos movimientos o confinarlos a negociaciones con el ministerio de Desarrollo Social. En este sentido, hay una diferencia de método político con el movimiento piquetero de 2000/03. Para desarrollar una transición política que capacite a los trabajadores a luchar por sus propios intereses históricos en una situación revolucionaria o pre-revolucionaria, es necesario orientar, por medio de la propaganda, la agitación y convocatorias concretas, al movimiento piquetero actual a la unidad de clase con el conjunto de los trabajadores en lucha.
El conjunto de la situación política, o sea la crisis de poder y el descontento y las luchas de las masas, asigna un lugar importante a la lucha parlamentaria. Dentro de sus límites insalvables, será un escenario central en la disputa política de poder, donde se sellarán y se romperán los acuerdos y salidas entre las clases en disputa. La representación parlamentaria y la legalidad electoral ofrecen una ventana de propaganda y de agitación, a través de los medios de comunicación. El FIT no ha cumplido su función de convertirse en el bloque socialista revolucionario en el Congreso. Ya como FIT-U ha otorgado quórun a proyectos legislativos anti-obreros e incluso votado otros a favor de la especulación inmobiliaria y hasta tratados internacionales como el que diseñaron Trump- Netanyahu acerca del ‘antisemitismo’. Este caso reveló, como ningún otro, los extremos a los que puede llegar la adaptación parlamentarista a la opinión pública, porque fue ‘vendido’ a Bregman y a Solano como una posibilidad de acercamiento al electorado judaico-sionista, por medio de una aceptación condicionada a las “criticas” al Estado de Israel – en eso consistió el proyecto votado. El acomodamiento a la ‘opinión pública’ es la regla de la intervención parlamentaria del FIT-U.
El desarrollo de una oposición política socialista se debe manifestar por sobre todo en el Congreso. Toda la orientación del FIT-U se orienta, en este período, a la perspectiva de reforzar su presencia parlamentaria en las elecciones de 2023. Esto, que debería estar indicando una política de independencia formal de los bloques patronales en el Congreso, encuentra el obstáculo de la crisis política en desarrollo. El pequeño bloque del FIT-U puede inclinar la balanza, como ya ha ocurrido, en votaciones decisivas. Para quien siga la prensa del PTS, es claro que ha puesto en la mira el coqueteo con el ala kirchnerista del gobierno, y con sub-alas dentro de éste. Esto anticipa cuál será su línea parlamentaria. El formalismo parlamentario es lo opuesto a una estrategia de iniciativas que denuncien las conspiraciones políticas de los partidos del sistema contra el pueblo. Es el modo para impulsar campañas políticas entre los trabajadores. El parlamento debe servir de foco para impulsar la acción directa y, en otro plano, denunciar la política de guerra del imperialismo. No ha sido presentada ninguna declaración en Diputados contra la guerra que impulsa la OTAN, por medio de la incorporación de Ucrania y la instalación de un anillo de bases militares contra Rusia. O una declaración contra los juicios a los manifestantes del 11J en Cuba, que denuncie el ajuste contra los trabajadores cubanos y, por supuesto, el bloqueo imperialista a la Isla.
Lo mismo ocurre con las medidas patronales para forzar al trabajo a los contagios estrechos, y la denuncia contra las ART. No basta opinar sobre esto o aquello en los medios, u otorgar un lugar desproporcionado al remate de la dieta por parte de Milei. Hay que forzar votaciones parlamentarias de proyectos de declaración que tienen por propósito la agitación política y la movilización del pueblo.
Al lado de estas adaptaciones, se ha desarrollado, de parte del PO oficial, lo que se podría denominar la ‘parlamentarización’ de las luchas. ‘Llevar’ los conflictos al Congreso, no es lo mismo que denunciar en el Congreso el ataque de las patronales y al Estado a esas luchas, obligar a los representantes de las patronales a votar en contra de ellas o boicotear los debates, y convocar a piquetes y huelgas en su apoyo. Se organizan “audiencias públicas” por algunos conflictos, de los que nadie se entera por su misma estrechez, en lugar de convocatorias a las organizaciones para extender las luchas en curso, o incluso valerse de esas mismas “audiencias públicas” para organizar planes de lucha y una acción directa. Los concejales del FIT se han movilizado hasta hace poco tiempo, para apoyar ocupaciones de terreno y acampes, por caso en distintos municipios de Salta. Ahora existe la oportunidad de hacer lo mismo en el conurbano de Buenos Aires y en la Ciudad. Hay varias señales, sin embargo, de que ocurrirá lo contrario – que se organizarán movilizaciones para apoyar proyectos de ordenanzas de parte de los concejales del FIT-U.
La importancia del parlamentarismo en un período transicional de crisis históricas, reside en la disputa del monopolio de la opinión y de la propaganda a los partidos patronales y al Estado. Una política socialista es aquella que conecta todos los movimientos de una lucha, de acuerdo a sus ritmos y características, detrás de una estrategia de poder.
Como consecuencia de su retroceso electoral y político, el oficialismo ha abandonado cualquier referencia a la necesidad de reformar la Constitución y convocar a una Asamblea Constituyente. Esto, a pesar de que la piedra del litigio constitucional era reconvertir al Poder Judicial y establecer un nuevo tipo de Corte de Justicia. El oficialismo descarga sus energías en diatribas y marchas, sin horizontes ni perspectivas, para distraer a la opinión pública del descalabro imperante y estrechar filas en sus bases menguantes. Argentina, sin embargo, atraviesa una manifiesta crisis constitucional – un reflejo del colapso ‘institucional’. Hay politólogos que admiten esta crisis institucional y el colapso del Estado, pero a pesar de todo, sostienen que esas instituciones se las han arreglado para mantener el orden establecido. Pero de no cumplirse el objetivo de mantener la paz social, una convocatoria constitucional serviría como puente hacia un gobierno de unidad nacional – o incluso reformar la constitución para establecer un sistema parlamentario. En oposición a esta tentativa, se plantea una Constituyente libre y soberana, convocada por un gobierno de trabajadores.
Congreso obrero, huelga general
La reivindicación de un Congreso de bases tiene una larguísima trayectoria histórica. Es una expresión del desarrollo convulsivo de Argentina y del movimiento obrero durante décadas. Hoy vuelve a tener vigencia, pero ha perdido centralidad su reclamo a los sindicatos y a la CGT; es una tarea del activismo y sus organizaciones. Su vigencia como factor organizador de la autonomía obrera, de un lado, y organizador del poder de la clase en lucha, del otro, está más vigente que nunca. Este planteo fue desarrollado, en años recientes, en el Partido Obrero, pero desvirtuado en la práctica por “Encuentros sindicales” al servicio de camarillas con apetitos electorales. Da la impresión que han desaparecido, aunque no hay nada más fácil que restablecer un sello.
Ningún congreso obrero puede sustituir la tarea de desarrollar un partido revolucionario. Ese partido representa una concepción común de tareas históricas, una continuidad también histórica del proletariado internacional y un programa. No es, como se ha desfigurado en Bolivia, “el instrumento político”, o sea un aparato especial de poder de los sindicatos, o sea de la burocracia sindical. Tampoco un sistema de organización disciplinaria de militantes, como ha proclamado oficialmente el aparato del PO. La disciplina es el emergente de una conciencia política común y de una experiencia de lucha común por un programa. Ese partido se construye y desarrolla con referencia a la lucha de clases general de la sociedad y de la experiencia de la clase obrera. No es al revés, la autoreferencia a la que debe encuadrarse o someterse la clase obrera. Esto último es sinónimo de secta, que puede derivar en una camarilla sin el menor alcance, o en algo parecido a Sendero Luminoso. El partido debe luchar por un Congreso obrero y ponerse al servicio de él, por medio de la defensa de las posiciones revolucionarias y del debate. El desarrollo de las luchas, la formación de nuevas direcciones y los desafíos y alternativas de la crisis política culminarán en un Congreso Obrero. La reivindicación sirve para dinamizar las luchas, por medio de su extensión y organización, y para la comprensión de su alcance histórico. Es necesario ganar a esta perspectiva a los sectores más combativos de las organizaciones sociales y el movimiento piquetero.
En el manifiesto de fundación de la Tendencia, se sostiene que “un programa es una articulación de poder”; Trotsky definía al propósito del programa de Transición como “la movilización sistemática de las masas en favor de la revolución proletaria”. La fuerza de las reivindicaciones transitorias, por eso mismo, reside en su capacidad de impulsar la movilización de los trabajadores contra los capitalistas y el Estado - salario, jubilaciones, derecho al trabajo, defensa de la salud obrera. La agitación política y la propaganda deben apoyarse en estas reivindicaciones para explicar, una y otra vez, que la incompatibilidad con el régimen social vigente plantea la lucha por un gobierno revolucionario de trabajadores.
La oportunidad de la huelga general, en el actual escenario político, está determinada por las condiciones explosivas de conjunto de Argentina y por el desarrollo de una crisis de poder. La huelga general no es el escalón final de una trayectoria administrada por medio de un plan de lucha. Emergerá como una tendencia inevitable de todo el recorrido que tiene la situación política en general. Lo que la experiencia histórica indica es que los ‘planes de lucha’ y los ‘paros’ – ‘activos’ o no -, son en general métodos para bloquear la huelga general. Este bloqueo abre el espacio que necesita la burguesía para reordenar planes y fuerzas. Así lo demuestran las luchas desde septiembre de 1955 hasta marzo de 1976 – el período más intenso, retomado, a su modo, por la rebelión popular de 2001.
Una huelga general en este período transicional de lucha y crisis políticas, adquiriría el carácter de una huelga política de masas. Nadie puede suponer tampoco que emerja por generación espontánea: es siempre el resultado de la experiencia y de la agitación de las organizaciones políticas socialistas. Un congreso obrero, de luchadores mandatados y electos, constituiría una herramienta formidable de preparación de una huelga general. Aguardar a la “crisis final” del régimen para desenvolver una agitación política, exhibe una pasividad política liquidacionista.
Las alternativas del proceso político
Las fuerzas oficiales en presencia se encuentran unidas en el temor fundado a una rebelión popular. El ‘estallido’ está presente en todas sus intervenciones y disputas, y en innumerables manifestaciones y acciones de lucha. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en Chubut, o en la reciente manifestación en Mar del Plata contra la plataforma marítima de exploración petrolera, que ha sido vista como una réplica del proceso que culminó en el Chubutazo. Estas luchas ambientales no se agotan en sí mismas pues su telón de fondo es la caldera social que representa la destrucción capitalista del medio ambiente; la crisis humanitaria en que el capitalismo ha convertido a la pandemia, a pesar de los recursos científicos y productivos acumulados; y la precarización y pauperización de la clase obrera moderna.
Los partidos burgueses y también la izquierda han dado por concluido al largo capítulo nacional y mundial de la pandemia. Coinciden con la ‘nueva normalidad’. La izquierda caracterizó a la pandemia como un accidente viral que discurría al margen de la decadencia capitalista. Olvidó que la historia humana es histórico-natural. Se acopló livianamente al presencialismo de la burguesía y sus agentes burocráticos. Hoy, la pretensión de dar vuelta a la página del Covid es una entera manipulación; ninguna muerte puede ser justificada socialmente como un hito en una curva descendente de casos, casi un caso de ‘fakenews’ .
Estos son los lineamientos que ponemos en debate acerca de la situación histórica del momento de Argentina. Mesa Ejecutiva, 19 de enero de 2022
LEER MÁS
