San Luis, plan social y contraprestación laboral

Antes de fin del año 2021, en la provincia de San Luis, empleados provinciales despedidos -unos 200- se juntaron en el Ministerio de Desarrollo Social, en la capital puntana, para exigir su reincorporación. Las razones de los despidos fueron absolutamente arbitrarias. Los manifestantes pasaron la mañana en la puerta del Ministerio, pero entrada la tarde fueron dispersados por Infantería de la policía. A la mañana siguiente, Infantería y Caballería impedían el paso de los despedidos, cerrando herméticamente la zona: los residentes en el sector debían demostrar que viven allí para que les franquearan el paso.

Los empleados provinciales tienen el siguiente régimen salarial: los de la administración pública tienen contratos en blanco y ganan arriba de 60 mil pesos. Si tenemos en cuenta que la línea de pobreza ronda hoy los 80 mil, convendremos en que 60 no es un gran salario, pero es mejor que el de los que están por debajo de esa casta, a los que se les paga con un Plan de Inclusión Social, que vale 20 mil pesos (dos tercios de una canasta de indigencia). Estos son empleados de calle y hacen tares diversas: limpieza, mantenimiento, etc. Trabajan en la mayoría de los municipios realizando estas tareas, pero dependen de la provincia. A este grupo pertenecen los doscientos despedidos. Luego están los empleados municipales, a los que se les paga con un Plan Potenciar Trabajo, que vale 16 mil pesos, o un sueldo en negro cuya cantidad depende de los arreglos que el intendente correspondiente disponga para sus “empleados” (el abuso de las comillas tiene que ver con la inestabilidad del concepto en un contexto de intensa irregularidad laboral). En una concesión a las políticas de género, a las mujeres que sufren violencia vincular se les suma una cantidad… en negro, ya que de otro modo no podrían cobrar el plan, que es una ayuda social para desocupados.

En los casos que se toman en cuenta para esta nota este “sueldo” es de $ 12 mil.

El Plan Potenciar Trabajo ni siquiera es de la provincia sino que es nacional, lo que hace cómplices en esta grave irregularidad laboral (se trata de empleados estatales en negro) a Alberto Fernández y su gobierno por un lado, y al gobierno de Alberto Rodríguez Saá, por el otro. Por supuesto, la irregularidad se extiende a los “empleados” del Plan de Inclusión Social, cuya administración depende, justamente, de la cartera de Desarrollo Social de San Luis, dirigida por Nicolás Anzulovich.

El PIS (tales sus siglas) surgió en el año 2003 como una supuesta estrategia para combatir la desocupación que derivó en la crisis del 2001. En el discurso, el objetivo era recuperar mano de obra e “incluirla” socialmente. Obviamente fueron muchos los que fueron alcanzados por el Plan, que vino a consagrar un ingreso de miseria para las familias de provinciales y municipales, sin cargas sociales, sin aguinaldos y sin jubilación a la vista, pero que garantizaron mano de obra muy barata para la infraestrutura sanluiseña. En los Estados provincial y municipales, los planes vinieron para quedarse.

La práctica, por otra parte, no es exclusiva de la provincia de San Luis ni tampoco es nueva (lo que no la hace menos abusiva e ilegítima): en los municipios bonaerenses, por ejemplo, hace muchos años que se va reemplazando el contrato de planta con contrataciones a “monotributistas”. Así, el primer evasor patronal es el Estado, que desparrama en los municipios los contratos basura con que desamparan a sus empleados. Por otro lado se multiplican en Buenos Aires los despidos a municipales para reemplazarlos, en distintas áreas, con beneficiarios de un plan social, o simplemente para proceder a un ajuste en regla (tal el caso de despidos en San Isidro, José C. Paz, Tigre, Bahía Blanca y otros, así como en otros tantos distritos de diversas provincias, registrados en una cantidad de notas en politicaobrera.com).

Justamente, se desarrolla la idea de la “contraprestación laboral” de los planes sociales, según la cual se pretende que los beneficiarios de un plan trabajen en diversas empresas por un básico salarial rayano en la línea de indigencia, [con el aval incluso de organizaciones sociales] ( https://politicaobrera.com/4846-la-consigna-contra-la-pobreza-plan-de- lucha ] y hasta su carneraje a las luchas contra la precariedad, en lo que constituye de hecho la aplicación de una reforma laboral a la medida de las exigencias del FMI.

Llamamos a la organización de los municipales de todo el país por la defensa de los puestos de trabajo, la reincorporación de los despedidos, el fin de los contratos basura, el pase a planta, por la recategorización y la efectivización, la disminución de la jornada para abrir puestos de trabajo con salarios iguales a la canasta familiar. Por la organización, en cada distrito, de asambleas vecinales que discuta las cuentas y los trabajos necesarios en la municipalidad correspondiente. La lucha contra el ajuste y la reforma laboral es en cada municipio del país.