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La Vicepresidenta de la Nación hizo un uso excelente de los celulares de José López, que fueran auditados por los fiscales Luciani y Mola. Le sirvieron para demostrar el ocultamiento que hicieron esos fiscales de la asociación delictiva de José López, un funcionario de su propio gobierno, con ‘Nicki’ Caputo, el ‘hermano del alma’ del ex presidente Mauricio Macri. Involucró, asimismo, a este último en la estafa de la licitación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que habían ganado Odebrecht y el macrista Calcaterra, al modificar el contrato que comprometía un financiamiento externo de la obra, por otro a cargo de los recursos fiscales. No señaló, sin embargo, el involucramiento de su ministro ‘de vida’ Julio de Vido en esta licitación, ganada por un conglomerado brasileño de la construcción que ya contaba con una denuncia por estafa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Curiosamente, reivindicó la licitación del gasoducto de Vaca Muerta, luego de haber denunciado que Techint se negaba a financiar la construcción que ahora hará el Estado. Al final de cuentas, todas las autopistas fueron entregadas a pulpos financieros privados, tanto por el macrismo como por el kirchnerismo.
En resumen, CFK no se limitó a desviar las acusaciones hacia la contraparte macrista sino que compartió la evidencia del entrelazamiento del aparato de su gobierno con el aparato del macrismo. Reforzó, en su diatriba viral, la denuncia de este contubernio al criticar la autorización por parte de Néstor Kirchner a la fusión de Cablevisión y Multicanal, en beneficio del pulpo Clarín/Magnetto, en lo que fue en realidad una advertencia contra Alberto Fernández, el intermediario eficaz de esa fusión, desde su puesto de Jefe de Gabinete. En un alarde de ecuanimidad y prescindencia señaló que Lázaro Báez, al que los fiscales califican de testaferro de la Vice, perdió junto a su socio macrista la licitación para la construcción de las represas de Santa Cruz, disimulando que el ganador fue la empresa Electroingeniería –del entorno del mismo kirchnerismo. Cristina Fernández impactó con la denuncia de que el juez del tribunal oral de la causa Vialidad, Giménez Uriburu, fue jefe de protocolo de Galtieri, pero no advirtió que la ‘democracia’ tomó como beneficio de inventario todo el cuerpo legal de la dictadura, incluida la burocracia judicial –entre ellos Zaffaroni y hasta Julio Strassera, el fiscal del juicio a las Juntas- con la pretensión de absolver del genocidio al conjunto del cuerpo de oficiales de las Fuerzas Armadas.
Cristina Fernández de Kirchner rebatió la acusación contra ella de liderar una asociación ilícita, describiendo al propio aparato del Estado con esa calificación. Al denunciar que esa imputación desconoce el derecho administrativo y el derecho constitucional, que encarga a los Tribunales de Cuentas y a las Auditorías el control del Ejecutivo y del Legislativo, así como la ejecución del Presupuesto, CFK implica a todo el aparato del Estado como cómplice de la corrupción. Es lo que ocurre claramente con la Agencia Federal de Inteligencia, que es un aparato de espionaje contra la ciudadanía. La AFI es la oficina de información, si no del Poder Judicial, sí de la Justicia Federal, o sea Comodoro Py. Para infortunio de la Vicepresidenta, el día anterior a su descargo viral, Massa y Rubinstein alteraron el Presupuesto 2022, que no pasó por el Congreso, y redujeron las partidas destinadas a inversiones, salud, educación y salarios, por medio de una resolución administrativa que violenta el orden constitucional, pero que es reclamado por el ‘lobby’ de los fondos especulativos.
Luciani, Mola y Giménez Uriburu, descriptos por CFK como artilleros del ‘lawfare’, podrían convertirse en su tabla de salvación. A eso apunta la expresidenta cuando denuncia la manipulación de los celulares de López por parte de los fiscales. Es claro que han incurrido en todas las causales posibles de recusación. Bastaría que el presidente de Casación, el macrista Borinsky, advierta esta anomalía, para que la causa vuelva al primer casillero de este juego. Es precisamente una denuncia de la jueza Arroyo Salgado, que ha dejado al desnudo los vínculos de los operadores judiciales de Massa con los operadores judiciales del macrismo, entre ellos Borinsky, lo que podría llevar a éste a escoger esa alternativa. Es lo que ocurrió con Lula en Brasil, quien ganó la excarcelación cuando la Corte cuestionó que hubiera sido juzgado en Curitiba y no en Sao Paulo. La ‘victoria’ que saludó la progresía brasileña e internacional, fue obtenida por un llamado error de procedimiento. Al juez Sergio Moro no se la había ocurrido imputar a Lula por ‘asociación ilícita’, a pesar de la serie de negociados del gobierno encabezado por el PT con las tres grandes constructoras brasileñas, y lo hizo encarcelar por la dudosa compra de un departamento en Guarujá, una ciudad balnearia.
La Vicepresidenta no se refirió a “la patria contratista” en ningún momento, ni a su papel en la jugosísima indemnización que obtuvo Techint por la nacionalización de su sucursal en Venezuela, con la ‘intermediación’ de De Vido. Armó con Chávez, rodeado de saqueadores del Tesoro venezolano, una diplomacia de amigos. Hasta el día de hoy, CFK no asumió la responsabilidad política de su gobierno por las estafas cometidas por la Secretaría de Transporte y las concesionarias del ferrocarril y la burocracia sindical, que fueron un factor eminente en el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra.
Hay un concepto rector de Cristina Fernández que tiene una relativa validez en medio del escarnio. La condena a un político por corrupción es una condena política. Es que la regla es que la burocracia estatal debe zafar de sus negociados, de modo que el que es condenado por ellos es una víctima. ´Si todos roban, a mi me condenan por mi lucha por los jubilados, a los que les he negado el ajuste por inflación´.
El ventilador que prendió Cristina Kirchner debe servir para ilustrar que el Estado burgués se ha convertido en una asociación conspirativa contra el pueblo, cuyos mecanismos de poder deben ser destruidos para erigir en su lugar un Estado de los trabajadores.
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