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La fiscal María Cándida Etchepare ordenó este lunes el allanamiento de la estancia de Joe Lewis, el magnate inglés que albergó a jueces y funcionarios en su ´escapada patagónica´ financiada por el grupo Clarín.
De la información oficial suministrada por el juzgado a cargo de la causa surge que “los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28” (Télam, 14/12). “También llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente, a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados”, en relación al ex espía Leonardo Bergroth y al empresario Tomas Reinke.
En relación al traslado de los magistrados y su cohorte, a través de la empresa Flyzar, la pesquisa recogió copia de las facturas emitidas en favor de los denunciados, muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. “Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habrían viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad ´contado´ y que el pago se realizara el mismo día del vuelo", remarcó la fiscal.
El propósito de esta batería de medidas de prueba es determinar cómo se financió el viaje y si los comprobantes aportados al expediente son genuinos o corresponden a una maniobra urdida para tapar quién lo pagó. De los mensajes de texto y audio que los involucrados compartían en Telegram, surge claramente que complotaron para ocultar el origen de esta dádiva. Conviene recordar, por otra parte, que en esos mismos audios los jueces se refieren a la fiscal como “la mina” que colabora con tapar la denuncia radicada en octubre y que daría lugar a las maniobras posteriores. “Casi no nos imputa”, dice uno de ellos para tranquilizar al resto.
La causa penal de Bariloche contra los jueces, funcionarios y empresarios de medios de comunicación que viajaron a Lago Escondido se inició el 24 de octubre a partir de la denuncia del abogado Marcelo Hertzriken Velasco después de tenerse noticias del viaje. Allí se los acusaba de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, admisión de dádivas, cohecho agravado y tráfico agravado de influencia.
El pasado 7 de diciembre, después de la publicación de los escandalosos chats de Telegram entre los viajeros, autodenominados “huemules”, la fiscal María Cándida Etchepare imputó a los jueces Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; al ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, a Juan Bautista Mahiques, jefe de fiscales de la CABA, al empresario Tomás Reinke y al exfuncionario de la SIDE Leonardo Bergroth y le pidió a la jueza federal Silvina Domínguez que active una serie de medidas de prueba para investigar las circunstancias del viaje que hicieron ellos junto a dos altos directivos del Grupo Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey, el 13 de octubre pasado a Lago Escondido.
La justicia federal de Bariloche dictó el allanamiento de la estancia de Joe Lewis de Lago Escondido en el marco de la causa del viaje de los jueces. Fuerzas federales buscaron documentación de interés para la causa. Por otro lado, la Policía Federal allanó las oficinas y el hangar de Flyzar, la empresa dueña del avión en el que el grupo se trasladó desde San Fernando hasta Bariloche para hospedarse luego en Lago Escondido los días 13, 14 y 15 de octubre pasado.
Las facturas del alojamiento en la estancia de Lewis que presentaron los imputados son altamente sospechosas porque están fechadas en 28 de octubre. Fueron firmadas por el anfitrión Nicolás Van Ditmar, presidente de Hidden Lake S A, administrador de Joe Lewis que fue quien recibió en el aeropuerto de Bariloche a los huemules.
El plan de eludir las acusaciones de aceptación de dádivas, contenido en los chats de Telegram, por parte de los jueces viene fracasando. La aparente confrontación de kirchneristas y macristas en este asunto no debe engañarnos. Juan Leunda, asesor de la presidencia, le garantizaba a los huemules macristas que no se difundiría por los canales de Fabián de Souza y Cristóbal López. Horas después del escándalo de los chats, renunció a su puesto oficial.
Aún resta determinar si los chats fueron obtenidos mediante el hackeo del teléfono del funcionario porteño Marcelo D´Alessandro o filtrados deliberadamente por uno de los participantes de este viaje de placer devenido en pesadilla política y judicial a varias bandas.
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El derecho al “hackeo” Por Jorge Altamira. Publicado en Newsweek Argentina www.newsweek.com.ar, 12/12.
Después de la condena de Vialidad y los “chats” de la mafia de Lago Escondido Por Marcelo Ramal y Jorge Altamira.
El complot de Lago Escondido en primera plana, en vísperas del fallo de Vialidad Por Elena Florín.
