Escribe Carlos Blanco
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El SUPA inició un paro regional por tiempo indeterminado que involucra a 9 terminales portuarias del Departamento rosarino, donde operan las multinacionales agroexportadoras Dreyfuss, Cargill y ADM. Tienen ocupado el Puerto de Rosario, donde bloquean el ingreso de camiones.
Por su parte, la Federación de Estibadores Portuarios del país anunció que preparan un paro nacional y una marcha a la Capital Federal en apoyo a esta lucha.
Los reclamos de la huelga plantean la reincorporación de los despedidos, el aumento salarial acordado y no efectivizado, el rechazo al descuento de los días de paro y el rechazo a la reforma laboral que quieren empezar con la extensión de la jornada laboral de 6 a 8 horas.
El Puerto rosarino está concesionado. La patronal (Terminal Puerto Rosario) está constituida por dos accionistas: el grupo Ultramar, de Chile, que controla 12 puertos y realiza operaciones en la mayoría de los países sudamericanos y la agroexportadora santafesina Vicentin, que está en convocatoria de acreedores por un default de 1.500 millones de dólares y maniobras y estafas a productores.
El conflicto que estalló viene de arrastre. La patronal TPR viene desconociendo los acuerdos salariales paritarios y frente a los reclamos provoca masivos despidos. En abril de este año tendrían que haber cobrado una recomposición salarial que no se hizo efectiva y en agosto, frente a los reclamos, la patronal realizó toda clase de provocaciones y despidió a cientos de trabajadores. La asamblea resolvió un paro por tiempo indeterminado.
Como ocurrió en ese momento la patronal volvió a cesantear a unos 600 obreros (en el Puerto trabajan 600 estibadores fijos y 200 contratados), mandó a descuento los días de paro y pagó parcialmente los salarios de noviembre. Ahora la patronal subió la apuesta atacando el convenio portuario pretendiendo extender la jornada laboral de 6 a 8 hs.
Como denunciaron los dirigentes del SUPA, estamos ante un intento de avanzar con una reforma laboral que empezaría en Rosario y luego se extendería a todos los puertos del país. Los dirigentes de la Federación Portuaria también denunciaron estos objetivos y anunciaron la preparación de un paro nacional.
En su momento, la patronal TPR extorsionaba a los trabajadores para que aceptaran la rebaja en las asignaciones y cargas sociales para pagar el aumento salarial y planteaban que tenían que reducir el plantel en por lo menos 200 estibadores.
La extorsión patronal también se extendió al gobierno. Justificaron que incumplen con el canon y que necesitan despedir por la crisis económica y porque su propia actividad portuaria se ve reducida por tener fuera de operaciones a 2 de los 3 muelles de sus terminales. Le reclamaron al gobierno que se haga cargo de las obras de infraestructura sobre los muelles caídos y clausurados por los riesgos de seguridad a raíz de los constantes socavones que se producen. De esta manera, la patronal trata de sacarse de encima su responsabilidad establecida en los contratos sobre la realización de esas reparaciones.
Con el puerto en huelga, los estibadores marcharon el jueves 17 sobre los centros del poder político. Tomaron el Consejo Deliberante, luego marcharon a la Municipalidad y finalizaron frente a la delegación, en Rosario, del Gobierno Provincial. Desde la conducción del SUPA reclamaron a Perotti que haga caer la concesión.
La intervención del gobierno tomó otro curso. Desplazó a los representantes de Vicentin (que hasta ahora llevaban la voz cantante) y en su remplazo pusieron a los directivos de la chilena Ultramar. A su vez, por la enorme importancia de lo que está en juego, los negocios portuarios y las agroexportaciones, tomaron las riendas de las negociaciones, además de los funcionarios provinciales, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y el propio Massa. Todos ellos tratan de crear expectativas en que ahora con la patronal chilena (“un grupo serio”) se puede arribar a una solución.
Sin embargo, en la primera reunión, los directivos de Ultramar ya plantearon como requisito de esa solución el despido de unos 300 estibadores.
La defensa del salario, de los puestos de trabajo, del convenio, de que no haya despidos ni descuentos, que no pase la reforma laboral, pasa por profundizar la enorme lucha que están llevando adelante los portuarios rosarinos mediante la nacionalización de la pelea y la organización, también, del paro por tiempo indeterminado en todos los puertos del país, llamando al apoyo de todos los gremios vinculados al puerto como los Aceiteros y Recibidores de Grano.