Gran Bretaña: un gobierno débil lanzado a ilegalizar las huelgas

Escribe Joaquín Antúnez

Una extorsión a la burocracia sindical.

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Las huelgas en Gran Bretaña están en crecimiento; se extiende de los servicios a la industria. Un 70% de la población, de acuerdo a los sondeos, apoya los reclamos salariales.

La burocracia sindical ha intentado el aislamiento de las huelgas entre si. Mediante paros parciales y huelgas esporádicas. Persiste en combatir una coordinación de las huelgas y el llamado a una huelga general, incluso luego de haber verificado que el gobierno no da el brazo a torcer en el rechazo a las reivindicaciones. El Financial Times ha hecho una propuesta grotesca para conciliar los intereses en conflicto: adoptar el techo salarial del gobierno, acompañado de bonos. Argentina es una fuente de inspiración para el capital financiero internacional.

El gobierno busca sancionar una Ley de Niveles Mínimos de Servicio (MSL, por sus siglas en inglés) para los sectores considerados “estratégicos” como la salud, la educación, el transporte, las guardias fronterizas y la energía. El proyecto habilita una acción judicial de las patronales contra quienes se declaren en huelga los sectores señalados.

El paquete incluye la suba de las multas a los sindicatos que realicen huelgas 'ilegales' a un millón de libras esterlinas. Además, la notificación de acciones sindicales se extiende a 14 días y reducir el límite de seis meses para las huelgas votadas en los respectivos referendos. De igual manera, se pretende aumentar el mínimo de votos exigido a los sindicatos para considerar aprobadas las consultas para huelgas.

El pasado 17/01, la Cámara de los Comunes ha dado el visto bueno a este proyecto anti-huelgas con 309 votos a favor y 249 en contra. La votación fue desafiada por una movilización de miles de personas a las puertas del parlamento. La burocracia sindical pretende dirimir el conflicto en sede judicial. Así lo ha anunciado el nuevo secretario general del Congreso de Sindicatos (TUC, en inglés), Paul Nowak. La burocracia se rehúsa a plantear la derogación de la ley que prohíbe las huelgas de solidaridad implementadas bajo el gobierno de Margaret Thatcher, y que luego el gobierno laborista no cuestionó.

El nuevo gobierno de Sunak no ha logrado estabilizarse ni podrá hacerlo mientras exista un movimiento de huelgas tan extendido. Pat Cullen, secretaria general de las enfermeras, ha reempalzado la consigna de “aumento 5% por encima de la inflación”, por otro del 10%, que no iguala la inflación acumulada, menos aún compensa toda la pérdida salarial de los últimos meses.

Como en Argentina, de nuevo, cuando la burocracia y el peronismo llamaron a esperar a las elecciones de 2019, para conseguir las reivindicaciones, la burocracia de los sindicatos de Gran Bretaña ha recogido el planteo de luchar por “un gobierno laborista”, para cuando venza el mandato del parlamento actual, en dos años. El laborismo es conciente de que el Reino Unido atraviesa una situación explosiva y que debe respaldar la guerra de la Otan en el continente. Incluso con un gobierno de la derecha del partido conservador, desarrolla una política de unidad nacional de facto, que pasa por sobre todo por liquidar el ascenso huelguístico. Pero la guerra misma ha agravado las condiciones sociales de las masas, afectadas por una carestía creciente – en particular el aumento de los alquileres y las tarifas de energía – y por el derrumbe del sistema de salud. El ajuste a la Thatcher, o sea la política a favor de la City de Londres, ha provocado un retroceso descomunal de la industria, de las diversas naciones del Reino y de las masas. Lo que queda por delante es el desarrollo de una situación prerrevolucionaria.

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