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El miércoles 18 la Corte Suprema de Israel cuestionó la designación de Aryeh Deri, viceprimer ministro y ministro de Interior y Sanidad, asumido sólo días antes. Deri es la principal figura del partido Shas, el más importante entre las fuerzas religiosas y pieza clave de la nueva coalición ultraderechista. La Corte lo cuestionó por no cumplir ningún “estándar de razonabilidad”: Deri fue juzgado y penado en tres oportunidades por graves delitos fiscales. El domingo 22 Netanyahu tuvo que echarlo.
Netanyahu lo hizo “con el corazón encogido y con gran pesar” (sic). Haberlo preservado hubiese conducido a una crisis de poderes explosiva. El propio partido Shas que había amenazado con resistir la destitución la aceptó. El día anterior, una movilización democrática en casi todas las ciudades del país casi dobló la concurrencia que se había registrado una semana antes. El paso al costado de Deri no significa que la coalición ultraderechista-religiosa resigne su plan de reforma judicial: “nada menos que el intento del gobierno de vaciar la Corte Suprema del Estado, dando a la Knesset (el parlamento) la última palabra tanto en la legislación como en el control de las decisiones de los tribunales” (Louis Fishman, Haaretz, 23/1). Se trata de un virtual “golpe de Estado” como se expresó a viva voz en la calle.
Si bien Deri sale del gabinete, su partido tiene otros miembros en cargos centrales y es altamente probable que el reemplazante sea alguien del mismo Shas o haya un enroque con otros partidos de la coalición.
El gobierno quiere avanzar contra viento y marea con el plan de la ´reforma´ y necesita desmovilizar. El sábado 21 la marcha antigubernamental en Jerusalén, la ciudad más importante y llena de religiosos, sumó incluso a sectores de éstos (Haaretz, 22/1).
La coalición derechista echó lastre para concentrar toda su artillería en la ´reforma´. De ahí que “el nuevo ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, Amichai Chikli, está tratando de restar importancia a los temores de un cambio repentino y drástico de la llamada «Cláusula de los Nietos» de la Ley del Retorno, que establece que cualquier persona con al menos un abuelo judío tiene derecho a la ciudadanía israelí automática” (The Jerusalem Post, 23/1).
La coalición sionista-religiosa apunta a reforzar todas las características totalitarias del régimen político, no sólo contra los palestinos sino incluso contra los propios judíos israelíes. Un analista dice que “los conceptos ultranacionalistas y racistas de los miembros del gobierno son la expresión real y flagrante de una emulación del ultranacionalismo etnocéntrico de todo tipo, desde la república polaca antisemita de entre las dos guerras mundiales hasta la Turquía de Erdogan o la Hungría de Viktor Orban” (Dmitri Shumsky, Haaretz, 24/1).
La teocratización del Estado sionista apunta a un reforzamiento represivo sin precedentes dentro de Israel. Barrer las prerrogativas de la Corte y recortar los resortes de la justicia implica anular el único contrapeso ´legal´ contra el parlamento unicameral y el gobierno que éste designa: de modo que lo transforma en un poder omnímodo. La Corte y los tribunales podían hasta ahora cuestionar las leyes y/o las decisiones del rabinato. Ahora éste y la Knesset no podrán ser cuestionados.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, un fascista confeso, agitó el temor de una guerra inminente en Gaza: “En tal escenario, solo hay una solución: fortalecer la policía y establecer una guardia nacional. Ben-Gvir pidió ´duplicar las fuerzas de la Policía Fronteriza, fundar un grupo de trabajo nacional y una rama militar voluntaria nacional y reclutar 10.000 soldados” (Jose Breiner, íd., 24/1).
Como se ha señalado, Israel se asemeja cada vez más a los regímenes ´fundamentalistas´ de la región. El sionismo recurre a un nacionalismo teocrático, como nunca lo habían hecho hasta ahora los ´viejos´ sionistas. Estos defendían un principio de Estado secular y la separación del Estado de la religión (Teodoro Herzl). Ahora los religiosos se han enseñoreado del Estado, han activado la “homofobia y buscan activamente influir en la educación pública”. Atacan “las libertades seculares, las leyes que protegen a las mujeres … (promueven) un racismo institucionalizado” (L.Fishman, íd., 23/1).
El establishment empresario teme que se “debilite al poder judicial”, alegando que ello podría acarrear “una caída en la calificación crediticia de Israel y una disminución de las inversiones extranjeras” (ídem). Los empresarios del poderoso sector tecnológico israelí se pronunciaron abiertamente contra la ´reforma´ y no impidieron que “sus empleados participen en una huelga de ´advertencia´ de una hora el martes, como parte de la lucha contra el plan de revisión judicial” (íd). Trabajadores de 130 empresas del sector tomaron esa iniciativa “contra el golpe de Estado” (id.).
Netanyahu sabe que está en juego su propio pellejo. Según informa el periodista Chen Maanit, “el fiscal general de Israel Gali Baharav-Miara considerará declarar a Netanyahu no apto para el cargo” (íd., 22/1). Netanyahu “está siendo juzgado por fraude, soborno y abuso de confianza en un tribunal de distrito de Jerusalén”. Hace tres años que se le siguen varios juicios. Según Baharav-Miara “está obligado por el acuerdo de conflicto de intereses que firmó hace tres años” a toda una serie de restricciones legales. “Netanyahu —dice el fiscal general—tiene prohibido hacer nombramientos judiciales o involucrarse en asuntos legislativos que puedan afectar su juicio en curso” (ídem). Precisamente, la reforma judicial “tendrá el poder de promover (y/o remover) a los jueces involucrados en el juicio de Netanyahu” (íd.).
Se ha abierto en Israel un conflicto de poderes nunca visto. La presidente de la Corte fue oradora central en el acto del sábado. El régimen sionista, que siempre se jactó de una aureola ´democrática´, inviabiliza ahora a la llamada ´división de poderes´.
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