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El objetivo de la asamblea de afiliados del Suteba San Martín que se realizó el viernes 24 para “debatir y decidir colectivamente la Paritaria salarial docente", estuvo muy alejado de ser cumplido ya que no contempló poner en debate la recomposición salarial que los docentes han perdido en los últimos años. Lo cierto es que la misma fue convocada luego de haber firmado la paritaria nacional, con el más absoluto desconocimiento de la docencia respecto de su contenido. Con la intención de votar lo antes posible se montó una ficción de debate, donde la docencia fue la gran ausente.
Como en la mayoría de los distritos, la propuesta del gobierno de la provincia fue presentada sin mayores precisiones y cuando se le solicitó a la secretaria general Verónica Luizaga que precisara cuánto del total del aumento iba al básico, dijo que no sabía. No sólo quedó de manifiesto un vaciamiento en la participación docente y la pobreza de ideas, sino también el ocultamiento del real aumento al básico y su expresión en la jubilación y antigüedad.
En la asamblea se presentaron solamente dos propuestas, la de la Celeste, que perpetúa el doble cargo y el salario por debajo de la línea de pobreza, y la de los docentes de Política Obrera, que realizamos un planteamiento integral. Denunciamos el vaciamiento del sindicato y señalamos la necesidad de llamar a autoconvocarse ante esta entrega y luchar por una recomposición salarial y de las condiciones de trabajo.
La aprobación "por amplia mayoría" que proclama la Celeste fue de tan sólo 65 docentes ya que sólo participaron de la asamblea 90 docentes sobre un total de 1.800 afiliados (es decir aprobada por un 3 %).
Un capítulo aparte merece la parálisis de los integrantes de la Multicolor, que “no pudieron” acordar un planteamiento común limitándose a reclamar aduciendo que no tenían suficiente información para debatir la propuesta. Como era de esperar, el naufragio político del FITU se extendió al gremio docente, al punto que a la hora de votar se abstuvieron otorgando un aval a la paritaria ajustada al 60% de inflación impulsada por Sergio Massa. Una concesión inadmisible cuando los salarios están por debajo de la línea de pobreza.
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