Nuevo crimen laboral en Bahía Blanca: justicia por Camila Arias

Escribe Carlos Villarroel

El Estado es responsable.

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Durante la madrugada del 7 de marzo, taxistas de la ciudad alertaron al servicio de emergencias luego de que la operadora de radio de la empresa Taxi Ya no respondiera a los llamados. Al poco tiempo llegó al domicilio de Montevideo 1400, donde funcionaba la precaria oficina de comunicaciones, Roberto De Barrenechea -dueño de la agencia de taxis- quien encontró a la joven sin vida. En el lugar habían colocado un generador eléctrico que provocó la intoxicación del espacio con monóxido de carbono. La autopsia confirmó que la joven murió como consecuencia de la inhalación del humo del generador.

Medios locales entrevistaron a Gerardo Arias, tío de la víctima, quien apuntó las responsabilidades sobre Roberto De Barrenechea, empresario propietario de la empresa Taxi Ya. El familiar de la víctima señaló que no es una muerte accidental, sino que se trata de un asesinato que se produjo como consecuencia de las precarias condiciones en la que trabajaba desde hace cuatro meses la joven Camila. Por su parte, De Barrenechea trató de responsabilizar a la propia víctima de la muerte: “ella cometió el error de meter el generador adentro, seguro que para que no se moje, y lo ha hecho funcionar ahí. Trajo la muerte con eso, porque los gases que larga son terribles” (labrujula24.com 07.03.23).

En el ámbito laboral del transporte público de pasajeros, particularmente los choferes de taxi, los De Barrenechea someten a jornadas laborales superiores a las 12 hs. a sus empleados. Con horarios rotativos, y sin un salario fijo, dado que el mismo se establece por un 30 % de lo recaudado en el día. Los empresarios del taxi se desligan de la seguridad social de los trabajadores, la mayoría de los choferes trabaja en negro, en algunos casos solo se blanquean 4 horas de la jornada laboral, muchos son incorporados como “empleados de comercio”: cuando el vehículo tiene una falla, los choferes no cobran, tampoco se hacen cargo de la salud de sus trabajadores, etcétera.

De Barrenechea es un viejo conocido en el ámbito de los taxis. No sólo es propietario de la firma Taxi Ya, también es presidente del centro de la cámara de taxis y remises en la Bahía Blanca. Desde hace décadas viene realizando negocios en el sector, cuenta con aceitados vínculos con el municipio. Todo este régimen de explotación está amparado por el propio municipio, que habilita el desarrollo de la actividad. No existen controles sobre las “oficinas” en que se desarrollan las actividades, no hay control sobre las a¿extenuantes jornadas laborales de los choferes, ni sobre el estado de mantenimiento de los vehículos. Los sindicatos de taxis brillan por su ausencia.

La precarización laboral en Bahía aumenta a la par del lucro empresarial. En los últimos meses han incrementado notablemente los accidentes laborales: a fines de 2022 una docena de trabajadores se intoxicó con amoniaco en un frigorífico trucho en Cerri, también diversos accidentes han ocupado la primera plana de las noticias como el caso de un joven carnicero que perdió su mano en una picadora de carne, otro caso similar ocurrió cuando un joven perdió un dedo en una carpintería mientras manipulaba una sierra.

El avance de la precarización laboral es una política de Estado encubierta, se trata de una declaración de guerra contra los trabajadores. Todos los gobiernos se esmeran en destruir los convenios de contratación laboral a costa de aumentar el lucro empresarial. Los asesinatos laborales y la mutilación de la salud de los trabajadores deben ser enfrentados con una lucha decidida de la clase obrera, por la imposición de comités obreros de seguridad e higiene, los únicos facultados en determinar si existen o no las condiciones para trabajar.

La precarización laboral es la precarización de la vida. A poco del día internacional de la mujer trabajadora, denunciamos el vínculo criminal entre el Estado, los empresarios y la burocracia sindical y exigimos Justicia por Camila.

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