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El sobreseimiento de Cristina Fernández solicitado por el fiscal Guillermo Marijuán en la causa “la ruta del dinero K” pone un interrogante a la mentada caracterización de que CFK había quedado “proscripta” como consecuencia de la condena que le fue aplicada por el TOF en el caso Vialidad. El juez Sebastián Casanello seguramente fallará en consonancia con el reclamo del fiscal. La investigación se inició hace diez años, a partir de la confesión de un ´valijero´, Leonardo Fariña, de que había trasladado grandes sumas de dinero en efectivo a pedido de Báez, derivados de negocios con Néstor Kirchner.
Luego de oponerse a un sobreseimiento por falta de mérito de la ex Presidenta, dictado por Casanello, el fiscal Marijuán ordenó el cumplimiento de una serie de medidas de prueba. Al cabo de una década de investigación, Marijuán concluye que no pudo encontrar “elementos” para condenar a Cristina Kirchner. El fiscal admite que constató indicios numerosos que podrían establecer una complicidad o connivencia entre Báez y CFK, pera nada probatorio “concreto”. Desde el punto de vista doctrinario, Marijuán da vuelta los argumentos de los fiscales del caso Vialidad, que acusaron a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita, en base a los indicios reunidos. El conflicto de juicios se manifiesta también en la condena a la Vicepresidenta por defraudación al Estado, donde, nuevamente, no se recolectó ninguna prueba de haber participado en la cesión de la obra pública a las empresas de Lázaro Báez. Este mismo conflicto entre los indicios ‘concluyentes’ y los elementos de prueba “concretos”, se manifestó en ocasión del juicio a Lula, por la supuesta dádiva de un departamento del conglomerado Odebrecht al actual Presidente brasilero, en el marco de la operación Lava Jato. Este conflicto no se zanjó en Brasil, porque la anulación de la condena a Lula fue fundada en errores acerca de la sede jurídica del juicio – no debió haber tenido lugar en Curitiba sino en Brasilia.
Marijuán reveló más de 370 contactos telefónicos entre Fernández y Báez en poco más de dos años, incluso visitas de Báez y su entorno a la quinta presidencial de Olivos. En ese mismo período, ambos celebraron juntos varios negocios: 18 compra-venta de propiedades y terrenos, la administración y explotación de hoteles, contratos de alquiler, un terreno en condominio, contratación de habitaciones de los complejos turísticos, construcción de inmuebles. Simultáneamente, Austral Construcciones, la empresa de Báez, se alzaba con el 86% de los contratos viales licitados en Santa Cruz. En sus respectivas declaraciones indagatorias, en diferentes causas, ambos negaron siempre, sin embargo, cualquier vínculo de amistad o cercanía.
El cruce de llamados fue reconstruido por el fiscal a partir de los testimonios y pruebas recolectados en la “causa de los cuadernos” del chofer del ex funcionario del ministerio de Planificación Roberto Baratta, Oscar Centeno. Marijuán identificó los celulares de los secretarios privados y/o principales colaboradores de la ex presidenta. “Puso bajo análisis 84 abonados, divididos en dos grupos: los de CFK, incluidas sus líneas personales y las de sus secretarios privados y/o colaboradores, y los de Lázaro Báez” (Infobae, 24/5). Claudio Savoia, periodista de Clarín, asegura que Marijuán realizó una investigación altamente profesional. Aunque al cabo de todas estas diligencias, Marijuán concluye que no le cabe “duda alguna” de la “estrecha y directa relación personal” entre Fernández y Báez y de su “entrañable cercanía, vínculo y amistad”, dice que no halló evidencia de que el dinero lavado por el empresario de la obra pública proviniera de negocios no registrados con la Vice. Su dictamen cita un tramo del testimonio de Fariña, quien dijo haber presenciado una conversación telefónica entre Baéz y Cristina Fernández, durante el cual ´la Jefa´ le preguntó a éste si estaba expatriando fondos, de acuerdo a un versión que le había llegado nada menos que de la embajada norteamericana. De aquí, concluye Marijuán, se acredita el “interés” de CFK pero no su participación en las maniobras.
Marijuan concluye: “Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha”. El dictamen de Marijuan provocó un enorme disgusto en el diario Clarin, en artículos y editorales de Lucía Salinas y Ricardo Roa. Al día siguiente de todo esto, el 25 de Mayo, CFK evitó hablar del “lawfare” en el discuros en la Plaza – notó un periodista de La Nación.
Pocos se han detenido en el conflicto jurídico entre “los numerosos indicios y evidencias”, por un lado, del TOF de Vialidad, y la ausencia de “elementos de prueba concretos”, por el otro, del dictamen del fiscal Marijuán. Como en una novela de Ágatha Christie, las evidencias y sospechas caminan por un lado y el autor del crimen por el otro. La mayoría apuntó hacia otro lado: Marijuán, un juez del partido judicial, se habría dado vuelta por sus vínculos con Sergio Massa. Recordemos que el mismo Massa pasó del gobierno K a la denuncia de la corrupción K, para recalar ahora en el pedido de que CFK bendiga su candidatura para las elecciones que vienen. Ni el Cirque du Soleil podría con tantas contorsiones.
Por vía paralela, hace apenas algunas semanas atrás, la Cámara de Casación redujo una condena contra Báez, en esta misma causa, La Ruta del Dinero K, por entender que el origen de los fondos lavados provenían de la evasión fiscal y no de ilícitos en la construcción de rutas en Santa Cruz. Marijuán había calificado de “desacertado” y “erróneo”, en marzo pasado, el fallo de Cámara, adoptado por el voto de los jueces Mariano Borinsky y Ángela Ledesma Sostuvo que “deja de lado el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento", lo contrario de lo que dice ahora su dictamen. En declaraciones periodísticas Marijuán declaró que “durante estos años hubo muchas pruebas, llamamos a los presidentes del Banco de Santa Cruz, el legajo patrimonial lo dimos vuelta, liberamos exhortos a distintos países, pero las pruebas no dieron el resultado para sustentar elevar a juicio” (Clarín, 26/5). Algunos de esos exhortos fueron dirigidos a Suiza, Panamá y Estados Unidos.
Entre la exhoneración de CFK por parte de la Cámara de Casación, el dictamen de Borinsky y alguna otra absolución, se teje un hilo conductor de sobreseimientos que reduce el marco de opciones de la Corte para dictar una sentencia ‘proscriptiva’ contra la Vice. Fue lo que ocurrió en Brasil cuando Lula emergió como el único que podía desalojar del gobierno a Bolsonaro. En Argentina es diferente: se trata de que CFK apacigüe el proceso electoral, como lo está haciendo, y si designa a Massa, mejor. En los juicios por ‘dólar futuro’ y memorando con Irán, debería salir airosa. En el caso Cuadernos cuenta a favor con la absolución de los funcionarios de Techint, sin apelaciones subsiguientes. Las ‘confesiones’ de los ‘arrrepentidos’ serán descartadas a gusto. La negativa del Departamento de Justicia (DoJ) a colaborar con pruebas concretas contra CFK, es ilustrativa, porque ese DoJ es el que ha manejado toda la política judicial en América Latina; es EEUU quien bloquea el caso del soterramiento del Sarmiento, que compromete a macristas y kichneristas con Odebrecht. Todo terminaría con un canje de favores con los comprometidos en Lago Escondido, que puso al desnudo la punta del tempano del manejo de la Justicia por parte del macrismo.
El dictamen del fiscal se dio a conocer en vísperas del acto de CFK en Plaza de Mayo, con Massa y De Pedro, la fórmula fondomonetarista del kirchnerismo.
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