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La publicidad misógina, antiobrera y homofóbica de la Iglesia Católica es subsidiada, en la Ciudad y en el país, en gran parte por el Estado. Además de que la Constitución dice en el artículo 2 que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, existen seis decretos de la dictadura militar que obligan a pagar hasta los sueldos de los curas. Llevan la firma de Videla pero ningún “restaurador democrático” se animó a derogarlos. Por el contrario, un enjambre de resoluciones, decretos y leyes locales han ampliado los aportes del Estado.
Solo en salarios cobran del Estado, según las Organizaciones Laicistas Argentinas, 153 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1.100 seminaristas, por un total de 202.072.246 pesos estipulados en el Presupuesto 2023. Los obispos y arzobispos cobran el 70% del sueldo de un juez, 578.000 pesos. En el otro extremo, cada seminarista cobra un subsidio “equivalente al sueldo de la categoría 10 de la administración pública nacional”.
Los curas tienen pasajes gratuitos tanto al interior como al exterior del país. El mayor aporte a la Iglesia tiene, sin embargo, carácter indirecto y muy difícil de cuantificar: exenciones impositivas (ingresos brutos, ganancias, etc.), financiamiento, “puesta en valor” de sus propiedades -por ejemplo la multimillonaria restauración de la Basílica de Luján-, subsidios a los institutos educativos de todos los niveles, cesión de terrenos y edificios públicos sin que deba pagar ningún impuesto.
Los subsidios a escuelas religiosas son imposibles de calcular porque no hay una discriminación en el Presupuesto y es una información que tienen los Ministerios de Educación de cada provincia y no es pública, según explica la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
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