La intervención político-electoral de la Corte y la descomposición del régimen político en su conjunto

Los fallos de la Corte Suprema que han invalidado las candidaturas de Sergio Uñac en San Juan y Juan Manzur en Tucumán han descarrilado de un pretendido plano constitucional a otro efectivamente político. Es claro, salvo para los obsecuentes, que los aspirantes a alternar la gobernación con la vicegobernación violaban incluso el ‘escalafón’ del funcionario público. Pero cuando la Corte se arroga la atribución originaria del caso, convencida de que el Poder Judicial de esas provincias se plegaría a los deseos de la camarilla re-re-re-eleccionista, el asunto cambia de cariz, porque deja en evidencia la descomposición irrevocable del régimen federal y del régimen político nacional en su conjunto. Echa luz, al mismo tiempo, sobre el anacronismo del Poder Judicial y de la propia Corte, que goza de la inamovilidad en su cargo, mientras denuncian la perpetuación incluso después de cumplir la edad de retiro. Esa inamovilidad es la primera causa de corrupción judicial, porque crea una clientela cautiva en torno de ella.

El descarrilamiento político queda expuesto en los considerandos de las sentencias, al plantear la posibilidad de cuestionar la reelección indefinida estampada en la Constitución de Formosa y las que gozan, sin letra constitucional, los intendentes. Un intendente con 35 años en el cargo es presentado por la prensa liberal como el resultado de una gestión municipal encomiable. En las elecciones del año en curso ha emergido incluso algo novedoso como el libro de pases de intendentes. Jorge Macri, intendente de Vicente López, es candidato a intendente de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la ‘aggiornada’ figura de jefe de Gobierno. En tanto delegado personal de Mauricio Macri asistimos al intento de una reelección móvil por procuración. Insfrán y los barones municipales se encuentran ahora al acecho de una cautelar que suspenda los comicios e impugne sus candidaturas. Ante la crisis política potencial creada por esta perspectiva, el mundo oficial, o sea el kirchnerismo, refuerza los disparos al blanco contra la Corte, como si un aval a Uñac y Manzur hubiera significado un retorno a la ‘normalidad’. En otra manifestación de ‘republicanismo’, al ex macrista Emilio Monzó se le ocurrió, digamos, un planteo ‘perpetuacionista’ – que la renovación parlamentaria tenga lugar cada cuatro años. Con períodos parlamentarios cada dos años, argumenta, “no se puede gobernar”. Todo apunta a reforzar al Poder Ejecutivo, en nombre de la ‘gobernabilidad’, los mismos pretextos que utilizan Uñac, Manzur, el santiagueño Zamora (que ‘rota’ con su mujer) y, por supuesto, Insfrán.

Los fundamentos de los fallos de los jueces de la Corte apuntan a un viejo conflicto, que ha cobrado un carácter nuevo. Es el que aparenta oponer a la llamada “democracia liberal” o “representativa” con el bonapartismo. Los regímenes presidencialistas conjugan el uno y el otro: en Estados Unidos, como en Argentina y Brasil, los presidentes tienen la facultad de gobernar por decreto. En la ‘ultrarepresentativa’ Gran Bretaña, no solo el monarca es el jefe del Estado y de las FFAA, y existe una Cámara de Lores, sino que el gabinete concentra los atributos de un Poder Ejecutivo. Los regímenes bonapartistas o semi-bonapartistas, que establecen un poder personal, sin parlamento o con apoyo parlamentario, han sido frecuentes en Argentina – desde Rosas, Roca, Yrigoyen, Perón, Menem y Cristina Kirchner, en su segundo mandato. Son los que han ejercido con mayor frecuencia la intervención federal en las provincias. Estas mudanzas de régimen obedecieron a causas históricas, fuera de las previsiones de la Constitución vigente. La Corte busca meter a la sociedad en un molde constitucional, que ha sido sistemáticamente violado; es, en cuanto método, reaccionario.

En la letra chica de los fundamentos de los cortesanos ese hilo reaccionario se encuentra reivindicado en forma explícita. La Corte del 2x1 elude caracterizar a las dictaduras, en Argentina, como un régimen de terror y por supuesto anti-constitucionales, para presentarlas como “experimentos institucionales que, con mayor o menor (!!!!!) envergadura y éxito, intentaron forzar (!!) - en algunos casos hasta hacerlos desaparecer”. La Corte define a las dictaduras como desviaciones, más o menos fundamentales, y las atribuye a una violación previa del ‘republicanismo’, que fue precisamente el pretexto de los golpes de estado que instalaron esas dictaduras. En un futuro, un golpe militar podría abrevar en estos considerandos para justificar el manotazo armado. Con estos mismos términos, el Poder Judicial y las Cortes Supremas, desde 1930, han justificado todos los golpes y colaborado con sus gobiernos.

Las democracias representativas, allí donde gozaron de alguna vitalidad, se encuentran en completa decadencia. Ninguna decisión fundamental pasa por la aprobación del pueblo; lo demuestra la guerra de la OTAN, que no fue sometida a consultar popular ni al voto del parlamento. Lo muestra el golpismo en Estados Unidos y los conatos de enfrentamientos armados. Al bonapartismo y a los regímenes plebiscitarios no le va mejor. Ahí están los Putin, Xi, Orban, Erdogan, Trump, Bolsonaro, que contrastan con los Kemal de Turquía, Nasser de Egipto, Cárdenas de México, naturalmente Perón, que emprendieron procesos de autonomía nacional.

Son frecuentes, en la prensa, los alegatos en favor o en contra de la convocatoria a una Asamblea para reformar la Constitución. Así planteada, no sería otra cosa que un parche, y no necesariamente progresista, como ocurrió en Argentina con la malhadada reforma de 1994. Una Asamblea Constituyente sólo puede ser efectiva si es Soberana, o sea que asuma el poder político en sustitución de las instituciones existentes; si es convocada por un poder político independiente de la clase capitalista que ha ejercido hasta ahora el poder, o sea por el poder organizado de la clase obrera y los trabajadores.

La chicanería constitucional que ha desatado los pronunciamientos de la Corte es la manifestación oprobiosa de una irreversible decadencia de la democracia y sus alternativas burguesas.

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