La modificación de la ley de alquileres: crisis de vivienda recargada

Escribe Olga Cristóbal

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Con la asistencia perfecta de sus diputados, Juntos por el Cambio, parte del Interbloque federal y aliados menores lograron el quórum y obtuvieron media sanción para modificar la ley de alquileres. Esto fue posible porque 13 diputados del Frente de Todos se quedaron en la casa, entre ellos el ex ministro de Salud Daniel Gollán, el referente del Movimiento Evita Leonardo Grosso y el bancario Sergio Palazzo.

El primer objetivo de JxC y LLA era simplemente derogar la norma, pero no alcanzaron el quórum necesario. Tampoco se reunieron las voluntades para aprobar el proyecto del oficialismo, con despacho de mayoría, que proponía mantener la ley incorporando algunos beneficios fiscales para los propietarios. Finalmente, se aprobó el proyecto de JxC: hubo 125 votos positivos, 112 negativos y 3 abstenciones. El kirchnerismo, los libertarios y el FITU votaron en contra. Las modificaciones deberán ser refrendadas en la Cámara de Senadores.

Las modificaciones se ajustan puntualmente a lo que reclaman las inmobiliarias y las constructoras: los contratos se reducen de tres a dos años, los ajustes serán cuatrimestrales y -tal vez la redacción más pérfida- el monto “puede” basarse en el Índice de precios al consumidor (IPC); el índice de salarios, el índice de precios mayoristas, o una combinación de todo. Es una farsa: la decisión final queda librada a los propietarios.

El proyecto no solo empeora la ley vigente, sino que es peor que la anterior, que imponía ajustes semestrales. Con esas ventajas, ¿alguien puede creer que las inmobiliarias no impondrán “precios abusivos”?. Además de que todos los precios son abusivos cuando los salarios corren dramáticamente detrás de la inflación. Para más escándalo: el contrato de locación podrá ser disuelto anticipadamente por el propietario si han transcurrido seis meses de contrato con sólo avisar al inquilino un mes antes.

Como se ve, en un contexto hiperinflacionario y desesperante crecimiento de la miseria, el proyecto da patente de corso para los aumentos y los desalojos. Con la excusa de promover la oferta de viviendas, además, los diputados incluyeron una serie de beneficios impositivos para los propietarios.

El debate se dio en un contexto extorsivo: las inmobiliarias prácticamente retiraron la oferta del mercado. Lo poco que se alquila se pacta en dólares y con contratos truchos, como si las viviendas permanentes fueran alquileres temporarios (máximo tres meses). Según La Nación, sólo hay en alquiler 18 departamentos de cuatro ambientes en toda la Capital y en total menos de un millar de propiedades. Los permisos de construcción otorgados por el gobierno porteño dan cuenta de que solo se construyen departamentos de uno o dos ambientes en los que no entra una familia. El Código de Planeamiento Urbano porteño llegó al extremo de autorizar como viviendas a miserables espacios de 25 m2.

Si los cambios votados son aprobados en el Senado, la crisis inmobiliaria actual va a ser recordada como una época de bienestar.

Es imperioso arrancar un plan de viviendas populares y establecer un registro de viviendas desocupadas para ponerlas en alquiler. El alquiler no puede superar el 15 % del ingreso familiar.

En vez de subsidios, lo que corresponde son impuestos progresivos a la gran propiedad urbana.

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