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En el último mes hemos expuesto la lucha que vienen desenvolviendo estudiantes secundarios y familiares en el distrito de San Isidro, reclamando por mejoras edilicias y más presupuesto y mejor servicio alimentario en las escuelas. Movilizaciones en el centro del municipio, dirigidas al consejo escolar, plantearon los múltiples reclamos y alzaron la voz en defensa de la educación pública. Ahora bien, esta lucha se ha encontrado con un camino de embudo muy común y presente en diversas luchas que es el del diálogo, el del trámite parlamentario, el de pedidos de informes. Un consejo escolar que culpa al gobierno provincial, consejeros de UxP que orientan el reclamo en pedidos de informes que concejales propios puedan hacer. La culpa la posicionan sobre el intendente y esto pasa a ser un pase de responsabilidades que no da respuestas.
Hemos escuchado en estas últimas semanas cómo nadie se hace cargo y todos echan culpas. Un porcentaje mayoritario es manejado por los consejos escolares pero es sabido que las partidas para infraestructura escolar como tantos otras cuestiones sufren el desvío de fondos o partidas para otros sectores. Es aquí donde encontramos el punto en común, de mutua protección entre intendentes y gobernador. Kicillof, al igual que el gobierno nacional, prorrogó el presupuesto 2023 para el presente año. En dicha ley, en su artículo 44 autoriza al tribunal de cuentas de la provincia a eximir de responsabilidades a funcionarios municipales que hayan hecho cambios o desvíos de fondos siempre y cuando “esté fundada en un carácter excepcional”. Además los intendentes tendrán hasta dos años para restituir los fondos a su cuenta de origen. Con la escalada inflacionaria su devolución puede ser burlesca.
Hoy los consejos escolares administran diversos fondos educativos. Uno es el conocido SAE (Servicio Alimentario Escolar), hoy vapuleado por la escalada inflacionaria y por un conflicto entre Nación y las provincias que retrasa los pagos y desliga de responsabilidades al Ministerio de Capital Humano para pasarlo a la Secretaría de Educación. También está el Fondo Compensador, destinado al mantenimiento de edificios. Incluso pueden recibir fondos propios, esto es a través de subsidios otorgados por el municipio. Por ejemplo en el presupuesto 2024, figura que el Consejo recibirá de la municipalidad unos 700 mil pesos. Un monto insignificante dada las arcas millonarias de la comuna, o comparándolo con el subsidio que recibirá la histórica Catedral de San Isidro (5 millones de pesos). El fondo que más plata moviliza es el fondo educativo (el consejo local estaría recibiendo cerca de 1.200 millones de pesos según el presupuesto san isidrense. Seguro es más). Según la ley N° 13.473, deberán destinar como mínimo el 50% de los recursos del Fondo a la infraestructura escolar. Luego, pero ya con una dependencia directa y manejo del gobierno provincial, hay fondos destinados a obras que están a cargo de la dirección de infraestructura escolar. Recursos hay. La plata está. No por nada, tanto presidente, gobernador e intendente comparten hoja de ruta: paritarias a la baja, impuestazos contra la clase trabajadora y ajuste presupuestario.
Ante toda esta situación crítica que golpea a las escuelas, tal como venimos sosteniendo, es necesario generar asambleas en las escuelas, generar una gran autoconvocatoria de estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa. Por la apertura de libros del consejo escolar y todos los fondos involucrados. Por una continuidad en la lucha para que triunfen todas las demandas exigidas.
