Luchemos contra los despidos masivos

Los dirigentes de la CGT están utilizando su tiempo para asistir a las reuniones de comisiones del Senado, con el propósito de derribar, dicen, el proyecto de la ley de Bases y el paquete fiscal.

Algunos incluso planten rodear el edificio del Congreso cuando se voten esas iniciativas ya aprobadas en Diputados.

Lo que NO tienen agendado, sin embargo, es la lucha contra los despidos masivos que tienen lugar en el conjunto de la industria y el comercio.

Sin esta lucha, la oposición a esos proyectos queda vaciada de contenido.

¿De qué sirve impedir que el período de prueba se alargue a un año, que el rechazo a un despido por discriminación no sea seguido por la reincorporación del despedido o rechazar la restricción de la actividad sindical en las empresas, si las patronales tienen piedra libre para efectuar cesantías masivas?

Un sindicalismo colaboracioniesta sirve a las patronales y al Estado más que un millón de leyes antiobreras.

Esas cesantías son las que tienen lugar en las tres grandes fábricas del Neumático o en los supermercados, como el Chango Más, y en innumerables empresas metalúrgicas – y, desde ya, en la Construcción, sea pública o privada.

El Gobierno ha anunciado decenas de miles de cesantías en los ferrocarriles.

En Villa Constitución, Acindar ha anunciado un nuevo parate fabril para junio y la suspensión del personal. Las empresas proveedoras de esa siderúrgica despiden a sus trabajadores. En algunas industrias, la caída de la producción llega al 40 por ciento.

La lucha contra los despidos masivos debe basarse, naturalmente, en un programa. La carga de la crisis debe recaer sobre las espaldas de las patronales, no de los trabajadores.

En estas condiciones, reemplazar los despidos por una reducción equivalente de las horas de trabajo, sin afectar el salario (enormemente desvalorizado) es completamente realizable; puede entrañar, a lo sumo, menores ganancias para el capital. Las patronales se oponen a esta salida porque el despido irrestricto les permite, además, deshacerse de los obreros más activos, sea política como sindicalmente.

Para que esta reivindicación no quede en los papeles, es necesario preparar la ocupación de las empresas que suspendan o despidan, mediante una agitación, plenarios y asambleas.

En cuanto a las patronales que alegan pérdidas netas, como ha esgrimido Fate en el conflicto actual, la respuesta que se impone es que abran los libros contables. La mayor parte de las cuentas empresarias son fraudulentas, porque procuran evadir impuestos. En cualquier caso, si una patronal se declara insolvente, debería ser expropiada y su costo trasladado a los acreedores financieros.

Al ritmo que se desarrolla la crisis, en pocas semanas más la desocupación se convertirá en masiva. Milei ha elogiado la quiebra de empresas, con el argumento de que el mercado, de este modo, se deshace de unidades improductivas. El liberticida promueve las bancarrotas, porque la desocupación permite al ‘mercado’ hundir el salario de los trabajadores.

La reorganización de una empresa cuya patronal se declara insolvente es más racional, social y económicamente, que la quiebra judicial, si está a cargo de sus propios obreros especializados y no especializados.

En 2001/2 fueron ocupadas un número grande de empresas vaciadas por sus patronales. Marcaron un rumbo histórico para la clase obrera. Forzaron a los gobiernos a reactivar la economía. Han tenido, por cierto, limitaciones importantes, que deberían servir hoy como un aprendizaje.

Llamamos a incorporar al programa de lucha de los trabajadores las reivindicaciones del reparto de las horas de trabajo, sin afectar el salario, y la apertura de las cuentas empresarias (incluidas las privadas de las patronales); además, lanzar una campaña para ocupar los lugares de trabajo que suspendan, despidan o cierren.