Escriben Julio Gudiño y Damián Melcer
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La semana pasada algunos medios gráficos se hicieron eco de los resultados de la encuesta nacional Aprender 2023 elaborada por el ex Ministerio de Educación de la Nación, hoy Secretaría de Educación. La misma es de carácter ´censal´ aunque en términos estrictos es muestral porque se aplica a una parte más o menos grande de los estudiantes de 6° grado del nivel primario y 6° año del nivel secundario de todo el país. Este instrumento de producción y recolección de datos sirve, aunque limitadamente, para medir y evaluar, entre otras variables, la ´calidad educativa´ tomando cuatro dimensiones (matemáticas, lengua, ciencias naturales y ciencias sociales). Aprender retoma la línea del Operativo Nacional de Evaluación (ONE), criatura de la Ley Federal de Educación creada por el menemismo.
Los resultados recientemente publicados han ratificado, una vez más, algo evidente para todos los que transitamos las aulas sea como docentes o estudiantes: la tendencia a la caída de la ´calidad de los aprendizajes y saberes´ de los estudiantes del sistema educativo tanto de gestión pública y privada monopolizado por los estados provinciales. Efectivamente, “la mitad de los estudiantes de sexto grado (48,6%) no alcanza el nivel esperado en matemática. Mientras que en lengua no lo logran uno de cada tres (33,6%), lo que evidencia una desmejora respecto a 2022”. Pero si miramos el desempeño escolar en las mismas áreas (matemáticas y lengua) según nivel socio-económico los resultados son más lesivos: por ejemplo, el 60% de los alumnos provenientes de las capas de la clase obrera más empobrecidas (NSEB) tiene un rendimiento por “debajo del nivel básico” o “básico” (35% y 27% respectivamente). En cambio, el 70% de los alumnos provenientes de la clase burguesa (NSEA) tiene un rendimiento “satisfactorio” y “muy satisfactorio”. Estos diferenciales de desempeño escolar según nivel socio-económico se mantienen si miramos el desempeño escolar según región geográfica ya que los peores resultados se ubican en las provincias con menos desarrollo económico y con menos recursos (Aprender, Informe de Resultados 2023, páginas 38-40). La menor o mayor capacidad financiera de los estados provinciales incide directamente sobre el desempeño escolar ya que determinan las condiciones materiales y simbólicas en el cual se despliega el acto pedagógico. Esta situación se ha agravado desde las reformas antieducativas menemistas que destruyeron el sistema educativo nacional y lo provincializaron.
Esta realidad, la tendencia a la caída de la ´calidad educativa´, es un proceso global que abarca a todos los niveles educativos, incluido el universitario. El derrumbe educativo en Argentina también se constata en los resultados de la Evaluación Internacional de Estudiantes (pruebas PISA) en donde, por ejemplo, en el área de matemáticas, se ubica en el puesto 66 de 81 a nivel mundial y en el puesto 8 de América Latina (Infobae.com, 05-12-23).
La tendencia a la caída de la ´calidad educativa´ en prepandemia, generalizada en todos los niveles, se sostiene y agudiza a lo largo del tiempo. Esto queda claro al comparar la evolución de los indicadores de ´calidad educativa´ de 2013 a 2023 y desmiente las interpretaciones interesadas que ubican el declive educativo a partir de la virtualización que impuso la pandemia de Covid, que apuntan a poner en cuestionamiento las medidas de cuarentena que afectaron relativamente la dinámica de la acumulación de capital.
Ningún indicador de ONE y Aprender sugieren que se estén produciendo progresos a lo largo del tiempo como resultado de todas las reformas educativas implementadas desde los 90´. Al contrario, lo que venimos observando, por ejemplo, los docentes de nivel medio que estamos en las aulas es un crecimiento de alumnos que llegan a la secundaria con fuertes debilidades en cuanto a su alfabetización. Esta realidad, no cuantificada y conceptualizada en Aprender, impone a la escuela secundaria reforzar el proceso de alfabetización para poder desenvolver el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a los contenidos propios del nivel. Esta orientación de vaciamiento educativo se consolida con cada reforma curricular y/o académica en todos los niveles. En este sentido, se acaba de anunciar en la provincia de Buenos Aires una reforma del régimen académico en el nivel secundario y terciario.
El secretario de Educación, Carlos Torredell, intento balbucear interpretaciones acerca de los motivos de esta debacle educativa e interesadamente pone el foco en factores tales como la antigüedad del directivo en el cargo, el clima escolar, la cantidad de horas de escolaridad, el gusto por la escuela, etc. Torrendell y Milei ocultan uno de los mayores “condicionantes estructurales” para el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje: la pobreza.
A lo largo del extenso Informe no se menciona jamás que la pobreza infantil trepo al 70% y la indigencia al 20% en el primer trimestre de 2024 y es claro que nadie puede enseñar y aprender con la panza vacía. La pobreza impone a los hijos de la clase obrera condiciones materiales y simbólicas desfavorables que inciden negativamente en el proceso pedagógico y esto es reconocido hasta en las conclusiones del Informe cuando se afirma que existe “una relación entre la lectura recreativa y algunas condiciones materiales como la posesión de libros en el hogar o la disponibilidad de un lugar tranquilo para estudiar (…) El acceso y uso de tecnología también pareciera ser un factor que incide sobre la lectura de libros”. La desigual distribución de condiciones materiales de existencia y simbólicas que impone el régimen capitalista de producción no es suplida por el sistema educativo de gestión pública, sino que es profundizada ya que este gobierno, como los anteriores, vienen ajustando permanentemente al sistema educativo mientras otorgan generosos subsidios a la educación privada. Milei, por ejemplo, viene de eliminar el FONID mientras rebaja impuestos y otorgas nuevos subsidios a los empresarios como los vouchers para que una franja de las familias pague las cuotas de la escuela que aumentan sin cesar.
Por otro lado, entre las conclusiones interesadas del informe no se considera o señala un hecho fundamental del capitalismo en descomposición: la tendencia a la simplificación de los procesos de trabajo, la descalificación de la fuerza de trabajo para transformarla en un apéndice del sistema de maquinaria y el desempleo estructural creciente. Sin dudas, esta tendencia a la descalificación (embrutecimiento de la fuerza de trabajo) entronca con otras tendencias del capitalismo moderno como el crecimiento del desempleo estructural y la caída del salario.
El desarrollo del capitalismo conlleva, cada vez más, la descalificación del trabajo por diversas razones. Por un lado, porque promueve el proceso de tecnificación y aceleración de avances de las tecnologías por la dinámica propia de la competencia entre capitalistas produciendo un incremento del capital constante en detrimento del capital variable, es decir, en reemplazar la fuerza de trabajo humana por las más variadas tecnologías (incluida, en el último tiempo, el despliegue de la Inteligencia Artificial). Por otro lado, la descalificación se profundiza por la pérdida del oficio y se vuelve promotor de la desaparición de aspectos concretos del trabajo o de la profesión. La pretensión de anular las actividades concretas y singulares del trabajo docente, con la profundización del desarrollo tecnológico recibe un nuevo embate que apunta a la pérdida del desarrollo particular de dicha actividad.
Además, la promoción de la descalificación del trabajo en términos sociales implica que no es necesario para el ejercicio del trabajo una formación de calidad y por el otro, porque la misma actividad educativa pierde perspectiva porque se centra en educar para el mundo del empleo.
La reforma del régimen académico del nivel secundario de provincia de Buenos Aires, se enmarca en las políticas educativas de los organismos internacionales. En su último informe internacional, la UNESCO (2022) estimula a “forjar un nuevo contrato social para la educación” que “ayude a construir un futuro pacífico, justo y sostenible para todos”. Se busca que la educación “se organice en torno a los principios de cooperación, colaboración y solidaridad” y que “los procesos de evaluación pedagógicos” reflejen “estos objetivos, de manera que se promueva un crecimiento y un aprendizaje significativos para todos los estudiantes” junto con la modificación de los planes de estudio con vistas a que hagan “hincapié en el aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario que ayude a los estudiantes a acceder y contribuir al saber, al mismo tiempo que desarrollan su capacidad de aplicarlo y de cuestionarlo” (p.4). Estamos ante la instalación de una enseñanza y una evaluación de lazos de convivencia; cooperación, colaboración y solidaridad.
Se insta a que “las arquitecturas escolares, los espacios, los tiempos, los horarios y las agrupaciones de estudiantes deben rediseñarse para fomentar y permitir que las personas trabajen juntas.” (p. 5)
El progresismo que pretendió encontrar en la UNESCO lineamientos para un desarrollo educativo, progresivo y humanista recibe hoy un documento que afirma que los gobiernos, los educadores, los empresarios y los ciudadanos en general “tendrán que colaborar cada vez más para identificar los tipos de ocupaciones y trabajos que sus sociedades van a fomentar y desarrollar" a los fines de que los sistemas de educación y formación puedan utilizar “esta información para ajustar sus programas y ofrecer opciones de aprendizaje relevantes para el mundo del trabajo” (p. 45). Entramos en la era de la imposición de elecciones educativas siguiendo el criterio del mercado. Es decir, se convalida la consideración de que la educación se subsume en el capital.
Con esta perspectiva el informe indica que “los sistemas de educación y formación deben seguir ofreciendo opciones de aprendizaje más flexibles, de modo que las instituciones y los programas sean accesibles para un grupo más amplio de alumnos capaces de aprender lo que necesitan cuando y donde lo necesiten" (ídem). Se impulsa un aprendizaje de lo que se necesita ¿según necesidades de quién? Pero también una enseñanza en “donde lo necesiten”, es decir que se puede establecer pautas de aprendizaje por fuera de la institución escolar. Algo que contempla el régimen académico de la Ciudad de Buenos Aires y, ahora, la modificación que impulsa la provincia de Buenos Aires cuando en el anexo 2 de su organización pedagógica e institucional indica que el estudiante podrá concurrir a la institución escolar durante cuatro días a la semana y el quinto “participará de las experiencias educativas propuestas por las articulaciones formativas” que pueden ser, entre otras, “propuestas de formación profesional, cursos o programas nacionales, provinciales o municipales para la formación para el primer empleo”. (Régimen Académico 2024, 05 de junio).
Este régimen estimula a los equipos directivos a profundizar el camino de la descentralización educativa. Las acciones y las prácticas educativas llevadas adelante durante el período de emergencia y excepcionalidad que impulsó el COVID en 2020 se pretenden establecer como modos educativos. Se estimula la tendencia a conformar áreas disciplinares, la aprobación o reprobación por materias y no por año. La docencia asumirá, de mínima, tres tareas pedagógicas ante el mismo curso: impartirá “actividades para profundizar los saberes con las/los estudiantes que estén logrando avanzar en sus aprendizajes”; asumirá una instancia “de intensificación de la enseñanza y el estudio” para aquellos que no hayan logrado alcanzar los aprendizajes; tendrán a su cargo “la intensificación de la enseñanza y el estudio” para los/las estudiantes “con materias pendientes de aprobación y de acreditación de años anteriores”. Polifuncionalidad y mayor intensidad de los ritmos de trabajo.
Este régimen académico viene acompañado de la modificación en los diseños curriculares, los cuales por el momento no han sido debatidos ni informados.
En un mismo sentido, se insertan las reformas educativas universitarias y terciarias, que están en proceso (por ejemplo, en estos tiempos, el caso de la carrera de Sociología UBA) cuyas características son las de promocionar títulos intermedios, o tecnicaturas, promoción de prácticas laborales o profesionalizantes y el establecimiento de trayectos seleccionados por los/las estudiantes que se enmarquen en una política educativa que habla de que sean las/los estudiantes quienes se gestionen sus carreras. Los títulos intermedios o de base, generalistas, estimulan titulaciones rápidas y el pasaje a posgrados en modo de oferta académica que se abrirá según la existencia o no de demanda estudiantil.
La perspectiva de anulación de cátedras enteras, en la educación superior, como de la anulación de materias en el nivel medio está a la orden del día. La docencia y el movimiento estudiantil tienen por delante la tarea de impulsar todas las iniciativas posibles y viables que conduzcan a enfrentar esta crisis del sistema educativo en su conjunto y reforzar e imprimirle un norte estratégico a la defensa de la educación, la cual se ha vuelto incompatible con el despliegue del capital.