Escribe Emiliano Fabris
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El gobierno ha derogado mediante un DNU otro DNU, el que había elaborado Alberto Fernández y establecía la contratación compulsiva de pólizas de seguros de parte de organismos públicos con la empresa pública Nación Seguros, del Banco Nación.
Fernández está siendo investigado por la Justicia desde diciembre del año pasado porque en estas contrataciones se habrían beneficiado una serie de intermediarios (brokers) que se hicieron con millonarias comisiones mediante tasas preferenciales. Una de los beneficiarios de esta operación fue el marido de la ex secretaria de Alberto Fernandez, María Marta Cantero, el broker Héctor Martínez Sosa, antiguo compinche de Fernández desde que el ex presidente pasó, en la década del 90, por la Superintendencia de Seguros.
Los seguros contratados cubrían los créditos otorgados por la ANSES a jubilados y beneficiarios del extinto Potenciar Trabajo. Un negocio bien “nacional y popular” alrededor de la asistencia social. Además, Nación Seguros podía co-asegurarse con otras compañías, dando más posibilidades de intermediación.
A pesar de que las investigaciones por corrupción sobre Fernández tomaron luz a fines del 2023, el gobierno libertario mantuvo vigente el decreto de Fernández hasta la fecha. “Olvidó” incluir el asunto en el mega DNU 70/23 y en el mamotreto de la “Ley Bases” -en cualquiera de sus versiones. Incluso sostuvo por un tiempo considerable a funcionarios de Nación Seguros directamente involucrados en el esquema, como Mauro Tanos. Entre los comisionistas beneficiados con este esquema, figuran allegados al actual gobierno, tanto de procedencia peronista como macrista.
Ahora, con este nuevo DNU, Milei y Sturzenegger se valen de las fechorías del fernández-kirchnerismo para privatizar completamente el sistema de contratación de seguros de organismos públicos, que quedarán bajo las garras de otros fondos financieros que controlan un puñado de empresas aseguradoras. Además de los seguros, el gobierno aprovechó la ocasión para privatizar otras contrataciones vinculadas al pago de los sueldos de empleados públicos en el Banco Nación, la realización de viajes oficiales con Aerolíneas Argentinas y las compras de combustibles a YPF.
El desaguisado del kirchnerismo pavimenta las privatizaciones del “libertario”.