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Este 27 de agosto, como todos los años, Familiares de Víctimas del Gatillo fácil convocan a la 10° Marcha Nacional contra el Gatillo fácil para denunciar el accionar criminal y represivo de la policía. En 2023 se registraron 384 víctimas del aparato represivo estatal, bajo distintas modalidades: gatillo fácil, en situación de encierro (cárceles y comisarías), en represión a la protesta y desapariciones. En los primeros 70 días de gobierno libertario ya se registraban más de 60 nuevos casos, según datos aportados por la CORREPI, en el marco del reforzamiento represivo bajo el protocolo antipiquete de Bullrich y la legalización de la Doctrina Chocobar.
El caso de Bastian, un niño de 10 años, asesinado, en julio pasado, durante la balacera de un policía contra ladrones que le habían robado la moto, ocurrido en Wilde, y el reciente asesinato de Emanuel Márquez, un joven recolector, en el Playón Social de Mar del Plata, muestran el envalentamiento de los aparatos represivos frente a la política represiva y de impunidad de Milei-Bullrich. Es en este contexto que Familiares de Víctimas del Gatillo fácil llaman a movilizar con las consignas "Basta de gatillo fácil y represión", "Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable".
El operativo de impunidad del gobierno libertario, reivindicatorio de la dictadura para favorecer a los genocidas, es otro elemento que se denunciará en la jornada. La militarización del Estado y la revigorización de los "servicios" exige una señal de impunidad en relación a las futuras acciones represivas que se emprendan. La visita de diputados de La Libertad Avanza a Astiz y otros genocidas en el penal de Ezeiza, para lograr la prisión domiciliaria de los represores y que se consideren prescriptas las causas en su contra es parte de esta orientación. Frente al escándalo y repudio social que generó este hecho, Milei salió a despegarse, fracturándose el vínculo con Villarruel. Sin embargo, no existe una diferencia de principios entre ellos, sino el temor de la camarilla presidencial a que se reedite el escenario del “2 x 1”, cuando un fallo de la Corte Suprema que favorecía la excarcelación de los genocidas produjo una masiva irrupción popular y obligó al macrismo a improvisar un proyecto de ley, para dar marcha atrás con la medida.
El intento de bajar la edad de punibilidad a los 13 años es otra de las iniciativas libertarias de reforzamiento represivo y criminalización de los niños y adolescentes de las barriadas. Las estadísticas oficiales desmienten por completo a Bullrich. Según el informe de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes, bajo la órbita de la Corte Suprema de la Nación, en el año 2023 los menores de 16 años solo estuvieron implicados en 614 delitos, el 1 % del total. Mientras buscan chivos expiatorios el Congreso aprobó con la Ley Bases el blanqueo de capitales, que incluye dinero del narcotráfico, la trata y las grandes mafias delictivas.
La lucha en defensa de las libertades democráticas, contra la represión y el accionar criminal de los aparatos de seguridad, cobra especial relevancia en momentos en que el reforzamiento represivo es una cuestión vital para el gobierno liberticida, quien prevé una inevitable rebelión popular frente al aumento de la miseria social y del descontento popular.
